¿Cómo funcionará la Comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa?

El decreto que crea la Comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación. Este documento precisa cómo estará conformado el grupo de trabajo y de qué manera funcionará. 

Los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014. Imagen: Serendipia.

El lunes 3 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador firmó el primer decreto de su gobierno: el que establece la creación de una Comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. El decreto que formaliza la creación de dicho grupo fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF). ¿Qué funcionarios integrarán la comisión y cómo funcionará?

El documento establece que deberán existir las “condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia”. Pero, ¿cuáles son esas condiciones y quiénes estarán a cargo de hacer que sean cumplidas?

Los familiares, tres secretarías y un grupo de expertos

De acuerdo con el decreto, la comisión será presidida por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, y funcionará como lo acuerden quienes la conforman. Estará integrada de la siguiente manera:

  • Los familiares de los estudiantes o sus representantes
  • Un representante de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público.
  • Expertos profesionales y técnicos (contratados con los recursos de la comisión)

Alejandro Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, tendrá un papel central en el esclarecimiento de los hechos ocurrido en Iguala, Guerrero, hace más de cuatro años. De acuerdo con el decreto, Encinas presidirá la comisión de la verdad, lo que implica procurar que las investigaciones sean realizadas de manera independiente, imparcial y en estricto apego a la legalidad.

Además, estará encargado de diseñar los lineamientos para poner en marcha las medidas de protección o colaboración para “aquellas personas que apoyen en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos”. El decreto precisa que esto debe ser realizado sin afectar la legalidad de las pruebas a obtener y garantizando la independencia e imparcialidad de las personas que proporcionen información.

Carlos Urzúa, a cargo de los recursos

Carlos Manuel Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, estará a cargo de celebrar los acuerdos con las dependencias y entidades federales, así como con los expertos profesionales y técnicos, para precisar cómo serán utilizados los recursos. Además, el decreto instruye a Urzúa a garantizar los recursos presupuestarios necesarios para que la comisión realice sus actividades “sin obstáculos ni dificultades”, y precisa que cabe la posibilidad de crear una Fiscalía Especializada para investigar el caso.

Cooperación total

El decreto también establece que las dependencias y entidades federales que tengan información o pruebas que puedan ayudar a escalecer los hechos, deben entregarlas a la comisión. Asimismo, deberán poner en destinar los recursos materiales, jurídicos y humanos necesarios para colaborar con la investigación.

Segob, enlace con los estados

La Secretaría de Gobernación (Segob) estará a cargo de realizar los convenios de colaboración con los estados de la República cuando estos sean necesarios.

SRE en búsqueda de ayuda internacional

Por último, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) deberá celebrar los acuerdos o convenios de asistencia con la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y cualquier otra “organización, autoridad o experto internacional” que pueda ayudar con la investigación.

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