El gobierno federal ha celebrado contratos por siete mil millones de pesos entre enero y agosto de 2020 para atender la pandemia de COVID-19. De los tres mil 246 contratos publicados en COMPRANET, 94.7% fueron otorgados por medio de adjudicación directa.

Por Erika Lilian Contreras y Alejandra Padilla

Las compras del gobierno federal para atender la pandemia de COVID-19 suman siete mil millones de pesos. Entre enero y agosto de este año, el gobierno federal celebró tres mil 246 contratos para adquirir productos y servicios destinados a atender la epidemia de COVID-19. Los contratos relacionados con la respuesta a la epidemia de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 representan 3.37 por ciento del total de procesos de contratación realizados durante los primeros ocho meses de este año; además, 94.7 por ciento de estas compras fueron realizadas mediante adjudicación directa. 

Serendipia analizó los contratos disponibles en Compranet, el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas para encontrar los procesos de contratación relacionados con la respuesta del gobierno federal a la pandemia de COVID-19. 

Estos contratos están disponibles para su consulta y visualización en el micrositio Compras COVID, desarrollado por Serendipia con la colaboración de PODER, en donde es posible filtrar la información por palabra clave, conocer el monto mínimo y el monto máximo de estos contratos, y consultarlos por tipo de procedimiento, por proveedor y por institución compradora. 

Aunque los contratos federales para atender la epidemia se empezaron a adjudicar en enero, los mayores gastos fueron registrados entre marzo y mayo: en esos tres meses el gobierno federal celebró contratos por 5,980 millones de pesos. 

A partir de entonces, el gasto mensual ha disminuido; en agosto el monto adjudicado fue de 276 millones de pesos. 

Entre los 96 mil 315 procesos de contratación celebrados entre enero y agosto de este año, en Compranet hay tres mil 246 relacionados de manera exclusiva con la atención a la pandemia. Es decir, 3.37 por ciento de los contratos fueron destinados a la atención de la COVID-19. 

Los contratos publicados en Compranet muestran que cinco instituciones federales concentran 93 por ciento del gasto para atender la epidemia de COVID-19: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE, la Secretaría de Salud (SSa), el Instituto Nacional de Pediatría (INP) y la Secretaría de Marina (Semar).  

Mientras tanto, 78 por ciento del dinero fue otorgado a tres empresas: Levanting Global Servicios LLC, Suministro para Uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. y Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V.

“La emergencia es la ocasión para la corrupción”

La adjudicación directa es un procedimiento de contratación que se realiza sin competencia y que se le otorga a un proveedor previamente seleccionado por la dependencia que celebra el contrato. Esto hace que la compra gubernamental sea más rápida que cuando se realiza a través de licitación pública. Sin embargo, la ley no regula el proceso ni la manera de documentarlo, de acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa

“Esta es la ocasión para que haya corrupción”, dice Mariana Campos. “Es catastrófico porque tenemos compras automáticas sin que exista realmente información de si la decisión se está tomando de la mejor manera posible”, dijo Mariana Campos en entrevista para Serendipia.

La emergencia sanitaria es una causal para que cualquier institución pública contrate bienes y servicios sin realizar una licitación pública. Las fracciones II y V del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) establecen que este mecanismos de contratación puede utilizarse en los casos de urgencia derivados de caso fortuito o fuerza mayor.

El 3 de abril, cuatro días después de que fuera declarada la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19 en México, el Gobierno de la República facultó a la SSa, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el IMSS y el ISSSTE para comprar bienes y servicios vía adjudicación directa por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De esta manera, las instituciones mencionadas en el decreto pueden adjudicar los contratos de manera directa sin tener que justificar esa acción, mientras que el resto de las entidades públicas pueden ampararse en el artículo 41 de la LAASSP.

De esta manera, de  los tres mil 246 contratos, sólo 69 fueron convocados vía licitación pública. A continuación puedes seleccionar una institución para conocer el número de compras que convocó utilizando licitación pública, lo que adquirió y cuánto gastó.

“Creo que hay que preocuparnos mucho por cómo mejorar la adjudicación directa para emergencias, (por) controlar los riesgos de la compra inmediata. Para lograr eso se requiere que el servicio público a cargo de las compras públicas esté profesionalizado y tenga un área de inteligencia de mercado”, dice Mariana Campos.

El 23 de julio pasado, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados realizó el segundo foro del parlamento abierto sobre las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Durante ese foro, Campos planteó algunas recomendaciones para reducir los riesgos de compra en los procesos de contratación por adjudicación directa: “requerimos tener un padrón de proveedores pero mucho más específico del que tenemos ahora. Además, tendríamos que tenerlos calificados. Es decir, tú cuando hagas adjudicación directa y le entregues un contrato rápidamente a un proveedor probado que ha entregado bien sus productos, que ha dado buenos precios y que ha cumplido bien con sus contratos”.

Contar con estas buenas prácticas podría haber ayudado al gobierno de México a realizar compras más transparentes durante la pandemia, de acuerdo con Mariana Campos. Pero los riesgos de compra, especialmente en los procesos de adjudicación directa, siguen ahí.

A pesar de que el foro organizado por la Cámara de Diputados en julio pudo haber sido el inicio de un cambio en estos mecanismos, el gobierno no aceptó las recomendaciones planteadas en ese espacio. “Fue como si nos dijeran: ‘no, vamos a generar compra automática sin rendir cuentas, sin controles de fiscalización y sin transparencia'”, dice Mariana Campos.

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