27 millones de pesos están pendientes de aclaración por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de acuerdo con el último informe de la ASF. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos en las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez por 27 millones 155 mil 200 pesos. Ese monto no fue cobrado por los beneficiarios, por lo que está pendiente de aclaración, señala su último informe del 2022. 

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se puso en marcha el 31 de mayo del 2019 con el objetivo de fomentar que las niñas, niños y adolescentes inscritos en instituciones de educación públicas, y que están en situación de pobreza o marginación, continúen sus estudios. Brinda un apoyo económico de 840 pesos mensuales por familia en el 2022. 

Como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la ASF encontró irregularidades en las Becas Benito Juárez del nivel básico. Son las siguientes: 

• Falta de documentación comprobatoria de gastos de operación del programa
• Pago de apoyos a beneficiarios que fallecieron antes de la entrega de éstos
• Pagos por importes mayores 
• Falta de soporte documental que acredite el pago a beneficiarios.

27 millones de pesos de las becas Benito Juárez, pendientes de aclaración 

En el 2021, la Coordinación destinó 31 mil 352 millones 390 mil 400 pesos para la operación del programa de educación básica. Para elaborar el informe, la ASF revisó el 99.2 por ciento de esos recursos (31 mil 114 millones 761 mil pesos). 

Del monto auditado, 30 mil 134 millones 619 mil 200 millones de pesos fueron destinados para el pago de las becas de alumnos de educación básica y 980 millones 141 mil 800 pesos para gastos de la operación del programa. 

En enero del 2022, la Dirección General de Gestión de Padrón, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGGPTIC) solicitó al Banco del Bienestar realizar pagos pendientes a 601 mil 922 beneficiarios por mil 926 millones 155 mil 200 pesos a más tardar en febrero de este año. Pero la Coordinación no proporcionó evidencia de que los recursos fueran entregados. 

Para dar seguimiento, la ASF solicitó a la Coordinación compartir sus estados de cuenta bancarios. En ellos encontraron sólo mil 804 millones 491 mil pesos, faltaban 121 millones 664 mil 200 pesos. Sin embargo la Auditoría no pudo dar seguimiento a los recursos porque en febrero se depositaron los recursos del presupuesto de este año y se confundieron las cifras. 

“Los recursos que cada ejercicio recibe el programa se administran en una misma cuenta bancaria, lo cual impide su debido seguimiento, lo que no contribuye a una sana transparencia y rendición de cuentas”, dice el documento de la ASF. 

Posteriormente, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez validó el pago de becas por 28 mil 208 millones 462 mil pesos mediante informes denominados “conciliación”. De la misma forma acreditó la entrega de mil 844 millones 950 mil 400 pesos a 576 mil 549 familias beneficiarias. 

A su vez, reintegró 54 millones 49 mil 600 pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondientes a pagos no cobrados por 16 mil 858 familias. Pero 27 millones 155 mil 200 pesos, que corresponden a becas que no fueron entregadas a 8 mil 512 familias, no fueron aclarados, ni reintegrados. La Coordinación debe aclarar qué pasó con ellos. 

Según las reglas de operación de la CNBBJ, cuando un beneficiario no cobre la beca en dos bimestres consecutivos, se debe cancelar y reintegrarse a la Tesorería de la Federación. Algo que no sucedió con los 27 millones de pesos, lo que, de no ser reintegrados, generaría un daño a la TESOFE. 

Otras observaciones de la ASF

La ASF encontró que no hay un control de pago de las becas Benito Juárez. La Auditoría revisó 119 expedientes de beneficiarios de la Ciudad de México y de Puebla e identificó que en 106 casos no había un documento que permitiera identificar los beneficiarios ni acreditar su inscripción a una escuela pública. En los otros 13 casos los expedientes estaban extraviados. 

Las Oficinas de Representación Estatal de la Ciudad de México y de Puebla tampoco tienen documentos que acrediten cuáles familias beneficiarias recogieron sus apoyos y cuáles están pendientes. 

Finalmente, la ASF realizó dos recomendaciones: administrar sus recursos en cuentas separadas por ejercicio fiscal y fortalecer mecanismos de control. Además dio tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria por irregularidades de servidores públicos, y un pliego de observaciones por el daño a la Hacienda Pública Federal por los 27 millones de pesos.