Ley de ciberasedio en Puebla genera debate entre protección contra el acoso en línea y riesgos para la libertad de expresión. 

La Ley de ciberasedio en Puebla busca proteger a la población frente a las crecientes amenazas en el entorno digital, el Congreso del Estado de Puebla aprobó una serie de reformas al Código Penal local para tipificar como delitos el ciberasedio, la usurpación de identidad y el espionaje digital. 

La iniciativa fue impulsada desde noviembre de 2024 por el entonces diputado morenista Jose Luis Garcia Parra, hoy coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta. 

Entre los nuevos delitos, el ciberasedio queda definido en el artículo 480 del Código Penal estatal como el uso de tecnologías de la información para injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona de forma reiterada, causando un daño importante en su salud física o emocional. Este delito será sancionado con penas de uno a tres años de prisión y multas de 50 a 200 UMAs, lo que equivale a más de 22 mil pesos.

También se modificó el artículo 217, fracción V, para penalizar con 15 meses a 5 años de prisión a quienes se hagan pasar por menores en redes sociales con el fin de acosar o manipular emocionalmente a niñas, niños o adolescentes. Asimismo, la reforma castiga distintas formas de fraude electrónico, como la suplantación de identidad o robo de identidad y la creación de redes Wi-Fi falsas, todos con penas de uno a tres años de cárcel.

Críticas y preocupaciones por derechos digitales 

A pesar de sus objetivos, la llamada “ley de ciberasedio” ha generado fuertes críticas por su falta de precisión legal, su aprobación exprés y su potencial para criminalizar la libertad de expresión. Organizaciones como Artículo 19, y la Red de Periodistas Puebla, alertaron que la reforma incumple principios básicos del derecho penal, como el de taxatividad, al incorporar definiciones amplias o vagas que pueden ser utilizadas de manera arbitraria contra periodistas, medios y ciudadanos críticos. 

Artículo 19 recordó que, entre 2018 y 2024, se han documentado al menos 22 procesos judiciales contra periodistas en Puebla por su labor informativa, lo que demuestra una tendencia preocupante de uso del derecho penal para intimidar a la prensa. También subrayaron que el marco legal propuesto podría obstaculizar investigaciones de corrupción o restringir la labor de alertadores que deseen revelar prácticas indebidas del gobierno.

Además señalaron que la reforma presenta debilidades técnicas y riesgos de implementación, como desigualdad digital y uso punitivo del derecho. En este escenario, Puebla se enfrenta al reto de proteger a su población de los riesgos reales del entorno digital sin comprometer derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información.

Proceso legislativo exprés y falta de consulta

La reforma fue aprobada por mayoría en el pleno del Congreso, mediante un proceso de vía rápida, sin abrir el debate a organizaciones, académicos o ciudadanía. Este patrón se repite con otras reformas recientes, como la modificación a la Ley del Arbolado, también impulsada por el gobierno estatal.

Este contexto cobra relevancia ante la polémica generada por la cuenta anónima Aldea Poblana en la red social X, desde la cual se han difundido críticas contra el gobierno estatal. Diversos columnistas han señalado que el verdadero trasfondo de la ley podría ser perseguir a quienes desde el anonimato difunden opiniones incómodas, e incluso se ha vinculado la reactivación de la iniciativa con la intención de judicializar contenidos que cuestionen a funcionarios estatales.

Postura del gobierno y próximos pasos

La diputada Laura Artemisa García Chávez defendió en tribuna que la reforma busca “proteger la integridad de los y las poblanas” y está apegada a derecho. La iniciativa presentada por José Luis Parra, coordinador del gabinete del gobernador Armenta,bha alimentado la percepción de que la reforma tiene un trasfondo político.

No obstante, el Ejecutivo ha evitado hacer comentarios directos sobre las críticas recibidas por organizaciones de derechos humanos y prensa, que alertan sobre riesgos de abuso y criminalización de la libertad de expresión. Tampoco se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de que la ley podría usarse para perseguir a voces críticas o a usuarios anónimos en redes sociales.

Aunque ya fue aprobada por el Congreso, la reforma aún debe ser publicada en el Periódico Oficial del Estado para entrar en vigor. Mientras tanto, organizaciones insisten en que debe abrirse un análisis más profundo que incluya la participación de expertos, con el fin de garantizar su aplicación sin vulnerar derechos humanos, evitar una sobrecarga judicial y asegurar su correcta armonización con otras leyes. 

Mientras el gobierno estatal defiende la reforma como una medida necesaria para proteger a las y los poblanos del acoso y el fraude en línea, los cuestionamientos sobre su uso punitivo y autoritario abren un debate crucial sobre el equilibrio entre seguridad digital y libertades fundamentales.