Acoso judicial a e-consulta en Puebla: el periodista Rodolfo Ruiz describe la reactivación de una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero que permaneció inactiva desde 2020 y que hoy se retoma tras la publicación de reportajes que exhiben presuntas redes de corrupción dentro de la Fiscalía estatal.

El acoso judicial a e-consulta en Puebla ha encendido alertas entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. El director del medio digital e-consulta, Rodolfo Ruiz, denunció que la Fiscalía de Puebla reactivó una carpeta de investigación que permaneció inactiva desde 2020, luego de que el portal publicara reportajes que documentan presuntas redes de corrupción y extorsión dentro de dependencias estatales.

De acuerdo con Ruiz, la acusación por lavado de dinero no solo carece de sustento, sino que forma parte de una estrategia para silenciar al medio y castigar su labor periodística crítica frente al gobierno estatal.

Acoso judicial a e-consulta: la denuncia de Rodolfo Ruiz

“Es un acoso judicial a e-consulta”, afirmó Rodolfo Ruiz al advertir que la Fiscalía de Puebla lo acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a pesar de que la investigación había permanecido congelada durante años.

El periodista explicó que la reactivación del caso ocurrió después de que e-consulta publicara, en noviembre, una investigación sobre una presunta red de corrupción y extorsión que operaría al interior de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El señalamiento representa un posible conflicto de interés, ya que se trata de la misma dependencia que Ruiz ha exhibido en sus reportajes recientes. Para el director de e-consulta, el mensaje es claro: usar el aparato judicial como mecanismo de presión contra el periodismo incómodo.

El origen de la carpeta de investigación contra e-consulta

El acoso judicial contra e-consulta tiene su origen en el año 2020, durante la administración del entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. En ese periodo, la Fiscalía Especializada abrió una carpeta de investigación por un supuesto caso de lavado de dinero.

La denuncia fue presentada por el abogado Jorge Madariaga Granados, hermano de Florencio Madariaga Granados, excolaborador del gobierno de Barbosa y quien previamente había sido señalado por su presunta participación en delitos de extorsión.

La acusación fue dirigida contra los medios e-consulta y El Popular, que además recibieron citatorios para auditorías. Ambos medios denunciaron desde entonces irregularidades y amenazas, y el proceso quedó prácticamente inactivo durante varios años.

La reactivación del caso tras reportajes críticos

La carpeta fue reactivada a finales de noviembre, luego de que e-consulta publicara una serie de investigaciones críticas sobre el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta Mier.

Una de las notas más relevantes documentó una red de corrupción y extorsión a empresarios que presuntamente operaba en dos fiscalías clave del estado. Tras la publicación, se registró la salida de dos fiscales, así como de coordinadores y otros funcionarios.

El caso escaló hasta el ámbito federal, luego de que un juez ordenara investigar los hechos y dar parte a la Fiscalía General de la República (FGR), lo que reforzó la relevancia pública de las revelaciones periodísticas.

Irregularidades en el proceso judicial contra Rodolfo Ruiz

Rodolfo Ruiz ha denunciado que el proceso en su contra está marcado por graves irregularidades. La fiscalía lo acusa de haber entregado cuatro millones de pesos en efectivo a su abogado, recursos que, según la autoridad, tendrían procedencia ilícita.

El periodista niega categóricamente la acusación. Asegura que el pago real fue de 320 mil pesos, realizado mediante transferencia electrónica, y que cuenta con recibos y facturas que acreditan la operación.

En entrevista con Animal Político, Ruiz explicó que la fiscalía poblana ha obstaculizado el acceso completo a las carpetas de investigación, lo que derivó en que un juez formulara imputación sin conocer íntegramente los expedientes. Esta situación provocó la renuncia de su primer equipo legal.

Señalamientos por violaciones al debido proceso

El director de e-consulta también denunció que el poco tiempo entre audiencias ha dificultado la revisión de al menos siete carpetas, las cuales, además, estarían incompletas. A esto se suma la negativa del juez para que las audiencias sean públicas, bajo el argumento de evitar la difusión de “noticias perjudiciales”.

Para Ruiz, estas decisiones constituyen violaciones al debido proceso y vulneran su derecho a una defensa adecuada. Por ello, sostiene que es víctima de una persecución judicial que busca inhibir el trabajo periodístico de e-consulta.

Libertad de expresión bajo amenaza en Puebla

El caso de acoso judicial a e-consulta en Puebla se suma a una larga lista de agresiones institucionales contra la prensa en México. Organizaciones de periodistas han advertido que el uso del sistema penal para castigar investigaciones incómodas representa una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada.

Mientras el proceso sigue su curso, el caso de Rodolfo Ruiz se ha convertido en un símbolo del riesgo que enfrentan los medios independientes cuando documentan corrupción y abuso de poder desde lo local.