Eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, transferir el  el INAPAM a la Secretaría del Bienestar y el INALI al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para ahorrar recursos son algunos de los cambios que propone AMLO.

AMLO propone eliminar el órgano anticorrupción junto con otras 17 instituciones públicas, entre las que destaca el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La iniciativa con proyecto de decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se envió a la Cámara de Diputados este martes 18 de abril, donde se espera su discusión en comisiones. 

El proyecto de decreto busca fusionar, integrar o extinguir 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y que su función sea absorbida por distintas secretarías de gobierno, bajo el argumento de que esas instancias tienen funciones duplicadas con otras instituciones o simplemente son “inoperantes y costosas”.  

“La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”, se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa. 

En el mismo documento, se detalla que esta propuesta es una continuación a los mandatos de austeridad que en 2020 llevaron a la extinción de más de 155 fideicomisos públicos. 

Cabe recalcar que desde abril de 2021 el presidente ha intentado proponer que las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial absorban los propósitos y funciones que actualmente tienen los órganos autónomos debido a que, desde su óptica, estos “no tienen como función servir al pueblo sino proteger a minorías”. Esto lo ha hecho por medio de iniciativas de reforma.

¿Qué instituciones planea eliminar AMLO?

La iniciativa propone eliminar, fusionar o integrar 18 instancias gubernamentales: siete órganos desconcentrados, ocho organismos descentralizados, un fideicomiso y dos unidades administrativas. 

Destaca la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y del fideicomiso minero. Además, el presidente López Obrador propone que otras 15 instituciones sean convertidas en oficinas administrativas y que una (la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe) cambie de dependencia. En la siguiente tabla se resumen los cambios propuestos: 

La SESNA es un organismo independiente que se creó en 2015 para que estableciera los principios, procedimientos y políticas públicas para el combate a la corrupción en todos los órdenes de gobierno. 

Esta Secretaría actúa, a su vez, en coordinación con otras instituciones autónomas como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como el Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura. 

Otra de las instancias que AMLO propone eliminar es la del fideicomiso minero, creado en 1990 para otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas mineras en México y su cadena de valor, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a las mismas.

El proyecto de decreto también propone que tanto la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pasen a ser unidades administrativas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. De la misma manera se propone que el Instituto Nacional de las Personas Mayores y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad pasen a formar parte de la Secretaría del Bienestar como unidades administrativas. 

Por otra parte, propone que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia sea una unidad administrativa del nuevo Centro Nacional de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. 

Finalmente, la Dirección General de Publicaciones, que es una unidad administrativa de la Secretaría de Cultura, pasaría a ser una unidad administrativa del Fondo de Cultura Económica. 

Así pues, de aprobarse esta iniciativa en la que AMLO propone eliminar el órgano anticorrupción junto con otras 17 instituciones públicas, se abre la puerta para que en un futuro, la funciones de ramos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —de los cuales AMLO se ha quejado en reiteradas ocasiones por ser costosos— las absorba alguna secretaría de gobierno.