El gobierno de AMLO espió a 456 personas en territorio mexicano. Lo hizo por medio del software Pegasus, el cual al ser instalado en los teléfonos móviles tiene acceso a las cámaras y micrófonos de estos dispositivos.

El gobierno de AMLO espió a ciudadanos mexicanos durante su primer año de mandato, de acuerdo con una nueva revelación judicial que involucra a la empresa israelí NSO Group (compañía que desarrolló el software Pegasus) y a la aplicación de mensajería WhatsApp. 

La información, divulgada por la organización Article 19, confirma que al menos 456 personas fueron blanco del software Pegasus en 2019, en plena gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta cifra convierte a México en el país con mayor número de personas afectadas por este tipo de vigilancia, por encima de India (con 100 personas espiadas) y Baréin (con 82 personas espiadas). 

Espionaje bajo el radar

El hallazgo surge de documentos judiciales relacionados con una disputa legal entre WhatsApp y NSO Group. En 2019, la compañía de mensajería detectó y bloqueó una serie de ataques ejecutados con Pegasus que afectaron a mil 233 usuarios en todo el mundo. De ese total, 456 se encontraban en México, país que concentró más de un tercio de los ataques globales durante los meses de abril y mayo de ese año.

El uso del software espía contradice las declaraciones oficiales del gobierno de López Obrador, que durante todo su mandato sostuvo que Pegasus no se utilizaba con fines ilegales. López Obrador prometió que en su administración no habría “espionaje a opositores ni a ciudadanos”: esa fue la promesa número 62 de las 100 que hizo el 1 de diciembre de 2018. 

Pero estos nuevos datos revelan que la vigilancia continuó después del cambio de administración, a pesar de las denuncias y del compromiso público de poner fin al espionaje político.

¿Cuáles son los antecedentes del uso de Pegasus en México?

El uso de Pegasus en México no es nuevo. Desde 2017, organizaciones como R3D, Article 19 y SocialTIC han documentado el uso del programa para vigilar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Lo preocupante de esta nueva revelación es que el patrón de espionaje se mantuvo —e incluso se intensificó— bajo un gobierno que prometió erradicar las prácticas autoritarias del pasado.

En julio de 2023, El Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cumplir con la resolución del ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que le obligaba a entregar los contratos de 2018 y 2019 con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados al spyware Pegasus. 

Esto, luego de que el gobierno mexicano señalara como falsa la investigación “Ejército Espía”, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ARTICLE 19 y SocialTIC. El gobierno publicó un comunicado en el que aseveraba que el uso de la inteligencia de espionaje únicamente era empleado para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, por lo que los documentos difundidos sobre presuntos actos de espionaje carecían de veracidad.

El 2 de octubre de 2022 el proyecto “Ejército Espía” denunció casos de espionaje a periodistas y defensores de Derechos Humanos, revelando un contrato de la SEDENA por lo que llamaba un “Servicio de monitoreo remoto de información” a Comercializadora Antsua, vigente del 12 de abril al 31 de diciembre de 2019, cuyo monto ascendía a más de 139 millones de pesos, contrato corroborado por la propia SEDENA en un oficio dirigido a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo fue el mismo organismo quién negó la propiedad de cualquier información relacionada con dichas contrataciones.

El reconocimiento de NSO Group como proveedor recurrente del software Pegasus en México refuerza las sospechas sobre la existencia de una política sistemática de vigilancia encubierta. Aunque la empresa sostiene que sus herramientas sólo deben ser utilizadas con fines legítimos por gobiernos, los hechos muestran un patrón preocupante de abusos y opacidad.

El gobierno de AMLO espió y le dio más poder al Ejército

Durante su sexenio, López Obrador concentró cada vez más poder en las Fuerzas Armadas, a quienes confió tareas que van desde la construcción de infraestructura hasta la administración de puertos y aduanas. En ese contexto, el espionaje ilegal se convierte no solo en un síntoma de autoritarismo, sino también en un mecanismo para consolidar ese poder.

La frase “el Ejército no espía”, repetida en varias ocasiones por el propio presidente, queda desacreditada ante los contratos revelados y los hallazgos técnicos. Las Fuerzas Armadas, bajo la gestión de SEDENA, jugaron un papel clave en la adquisición y operación de Pegasus, todo ello sin una supervisión civil efectiva.

Hasta la fecha, ningún funcionario de alto nivel ha sido sancionado por las operaciones de vigilancia con Pegasus, ni en gobiernos anteriores ni en el de López Obrador. La impunidad y el silencio institucional alimentan la sospecha de que el espionaje ilegal no solo fue tolerado, sino posiblemente ordenado desde niveles superiores.

Para evitar que estos abusos se repitan, especialistas y organizaciones defensoras de derechos digitales insisten en la necesidad de una legislación clara y estricta que regule el uso de tecnologías de vigilancia, así como de órganos autónomos capaces de auditar su uso. La transparencia y la rendición de cuentas son condiciones mínimas para garantizar que estas herramientas no se utilicen contra la ciudadanía.