La impunidad en México sigue siendo una realidad. Impunidad Cero realizó una encuesta de percepción de impunidad que muestra que las ciudadanas perciben que esta situación no ha cambiado en los últimos tres años.

La impunidad en México es una constante. La probabilidad de que un delito sea denunciado y esclarecido en el país es de apenas 1.1%, de acuerdo con el informe “Percepción de Impunidad 2022” de Impunidad Cero, organización mexicana que realiza investigaciones basadas en ciencia y datos.

De acuerdo con Impunidad Cero, los casos que investigan las fiscalías estatales solo tienen el 15.3% de efectividad. A su vez, de 2019 a 2022 la probabilidad de que se denuncie o esclarezca un delito disminuyó 3.9 puntos porcentuales. 

Aunque en 2008 hubo un cambio en el Sistema de Justicia Penal en México, los niveles de cifra negra oscilan en el 93.3 por ciento. Para delitos de alto impacto social, como el homicidio doloso, la impunidad directa se acerca al 90%. 

¿Qué es la impunidad? La organización la define como “la inexistencia de responsabilidades penales, civiles o administrativas por violaciones a la ley”. La baja denuncia ciudadana, los altos índices de incidencia delictiva y la baja efectividad para resolver delitos por parte de las autoridades, hacen de la impunidad uno de los problemas más grandes en el país. 

Estos factores en conjunto se ven reflejados en la percepción ciudadana. Por ello, Impunidad Cero, en conjunto con Data OPM, realizó la segunda edición de la Encuesta de Percepción de Impunidad para conocer el punto de vista de los mexicanos respecto al acceso a la justicia. 

Impunidad en México: ¿Qué opinan los ciudadanos?

El 54% de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo en que todos los delitos se deben sancionar con cárcel. El resultado indica que la ciudadanía está a favor del punitivismo penal y que no está familiarizada con las alternativas existentes en el sistema de justicia penal en México, según Impunidad Cero. 

Más del 50% de los encuestados cree que la mejor manera de combatir la inseguridad nacional es a través de la mejoría en la capacitación de las procuradurías y fiscalías del país. Mientras que el 10.5% consideró que la mejor alternativa es hacer justicia con propia mano, lo que refleja la desconfianza social en las instituciones de justicia. 

Por su parte, el 57% votó que las principales causas de la impunidad son las siguientes:

• Los agentes del ministerio público no investigan los delitos.
• Los policías no detienen a los delincuentes.
• Los jueces son corruptos. 
• La falta de denuncia de los delitos.

45.5% de las encuestadas están a favor de la prisión preventiva 

De igual forma, la mayoría coincidió en que todas las personas acusadas de cometer un delito deben permanecer en prisión mientras se averigua si son culpables. Este porcentaje incrementó de 39.6% en 2019 a 45.5% en 2021. 

La percepción de la población coincide con el contexto penitenciario de aquel año, pues a finales del 2021, 41.6% de las personas privadas de la libertad se encontraban en prisión preventiva, en espera de sentencia. 

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que indica que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los 16 delitos (delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, entre otros) indicados en el artículo 19 de la Constitución Mexicana, deberá ser privada de su libertad para garantizar que comparezca ante un juez. 

De acuerdo a Impunidad Cero, esta medida ha demostrado en diversas ocasiones que no ayuda a disminuir la incidencia de delitos, ya que a pesar de su existencia, de 2015 a 202, las víctimas de homicidio han aumentado 86%.  

Sin embargo, esta medida establecida en 2008 puede ser anulada, debido a que Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó un proyecto para inhabilitarla. 

“Lejos de ser una medida cautelar, su aplicación automática impide que el juzgador valore las condiciones fácticas del caso y, eso la traduce en una pena anticipada que vulnera la presunción de inocencia”, afirmó el ministro en su proyecto. En respuesta, el gobierno solicitó a la Suprema Corte mantenerla; en próximos días la SCJN resolverá un juicio de amparo.