La ley de inteligencia genera alarma por facilitar el acceso irrestricto a datos personales, ampliando la vigilancia gubernamental sin garantías de privacidad. 

La ley de inteligencia fue aprobada en lo general por el Pleno de la Cámara de Diputados con 368 votos a favor, 101 en contra y cero abstenciones, con modificaciones presentadas por integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana y aceptadas por la asamblea. 

El dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública fue aprobado con modificaciones presentadas por integrantes de la Comision de Seguridad Ciudadana y ahora será enviado al Senado de la República para su discusión y posible ratificación.

La nueva legislación es reglamentaria del artículo 21 constitucional y busca fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, estableciendo un marco legal y tecnológico para coordinar la inteligencia y la investigación en los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de prevenir y perseguir delitos con apego a los derechos humanos. 

Cinco puntos claves de la ley de inteligencia 

Esta ley representa un cambio estructural en cómo el Estado mexicano recopila, procesa y utiliza información para la prevención e investigación de delitos. Establece nuevas facultades, una plataforma central de datos y mecanismo de coordinación entre instituciones, con implicaciones directas en seguridad, privacidad y derechos humanos. 

José Flores, director de comunicación de R3D, compartió su análisis sobre los principales ejes de la ley, con amplia experiencia en temas de privacidad, vigilancia y libertad de expresión, advirtió sobre los riesgos de una vigilancia institucional sin contrapesos. 

1. Creación de una Plataforma Central de Inteligencia

Estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y permitirá la interconexión de bases de datos y sistemas de información de instituciones públicas y privadas, con el objetivo de generar productos de inteligencia en tiempo real. 

Para Flores, esto abre una puerta peligrosa: 

“Se puede construir una narrativa completa de tu vida con datos fiscales, de salud, transporte  y ubicación en tiempo real. El problema es que no habrá control judicial, ni registros de acceso, ni notificaciones a las personas vigiladas.” 

Además, advirtió que la interconexión de datos entre autoridades civiles y militares a través de la Guardia Nacional convierte esta plataforma en una herramienta opaca, con acceso irrestricto a información personal, sin salvaguardas claras. 

2. Carácter reservado y protección de datos

Toda la información recabada y utilizada está sujeta a las leyes de transparencia y protección de datos personales. La ley prevé que el uso de esta información debe ser conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y confidencialidad.

“No se hizo ninguna evaluación de impacto en privacidad. No hay principio de minimización de datos. La SSPC podrá suscribir convenios con cualquier entidad pública o privada para acceder a información sin criterios ni límites”, menciona Flores. 

Alertó que los mecanismos reales de control han sido eliminados: el desmantelamiento del INAI, las reformas a la Ley de Amparo y el carácter reservado automático de toda información relacionada con inteligencia, imposibilitan la rendición de cuentas.

3. Inteligencia como herramienta anticipatoria 

La ley de inteligencia legitima el uso de tecnologías como inteligencia artificial y algoritmos para anticiparse a delitos, lo que para Flores implica un riesgo grave: 

 “Estamos hablando de vigilancia predictiva, de perfilar a personas según sus hábitos, ubicación o apariencia. Se rompe la presunción de inocencia y se normaliza una forma de criminalización preventiva”. 

También alertó que este tipo de sistemas han fallado con otros países por producir sesgos discriminatorios. “Podrías terminar como sospechoso por vivir en determinada colonia o por transitar por zonas estigmatizadas”, añadió. 

4. Uso de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas

Se autoriza el uso de sistemas automatizados e inteligencia artificial para clasificar, analizar y procesar grandes volúmenes de datos, incluidos mapas delictivos, organigrama de bandas y perfiles de alto riesgo. 

Para el director de comunicación, esto puede derivar en discrimancion algoritmos. 

“En países como el caso de Países bajos, sistemas de IA negaros servicos sociales por zonas geográficas. Aquí podríamos terminar entrenando algoritmos con mapas delictivos, perpetuando estigmas contra comunidades enteras”. 

Además, no existen mecanismo para auditar esos sistemas, ni transparencia sobre qué decisiones automatizadas se están tomando. 

5. Colaboración obligatoria de entes públicos y privados

La ley obliga a instituciones del Estado y particulares con registros útiles para la seguridad (como bases de datos de salud, telecomunicaciones, transporte, financieras, entre otras) a colaborar con el sistema, respetando las normas de privacidad y el debido proceso. 

“Es una carta blanca a las autoridades.  Pueden pedir registros fiscales, de telecomunicaciones, financieros, inmobiliarios o de salud. Y además, se permite compartir estos datos con gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos”.

Flores recordó que en meses recientes, el gobierno estadounidense solicitó acceso a bases de datos biométricos de ciudadanos mexicanos. “Ahora, legalmente, eso ya es posible”. 

Posturas encontradas entre diputados y diputadas 

Durante el debate en el pleno, legisladoras y legisladores de distintas bancadas dieron posturas a favor y en contra del dictamen.

• A favor de la ley: 

Diputadas y diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), coincidieron en que se trata de una ley necesaria para fortalecer la seguridad pública y prevenir delitos de alto impacto. Destacaron la coordinación entre niveles de gobierno y el uso responsable de la tecnología.

La diputada Sandra Anaya Villegas (Morena) defendió la ley como una herramienta para coordinar a las instituciones de seguridad y prevenir delitos sin viola derechos humanos. Aseguro que no tiene impacto presupuestario este año y que busca el uso responsable de la tecnología. 

• En contra:

En contraste, representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunciaron que la ley abre la puerta a un sistema de espionaje masivo y sin controles, viola los derechos a la privacidad y pone en riesgo el equilibrio democrático al concentrar el poder de vigilancia en el Ejecutivo federal.

La diputada Maria Elena Perez-Jaén (PAN) denunció que esta ley abre la puerta al “espionaje institucionalizado” y representa una amenaza al derecho a la privacidad, al permitir el uso de datos personales sin control judicial. 

Organizaciones civiles: se institucionaliza la vigilancia sin control 

Diversas organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos, académicas y especialistas en tecnología y seguridad digital ha lanzado una advertencia clara y urgente: la nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, junto con el paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo, consolida un Estado de vigilancia masiva, sin controles, sin transparencia y con una preocupante concentración de poder en las FUerzas Armadas. 

En un comunicado conjunto organizaciones como ARTICLE 19, Fundar, Data Cívica, Amnistía Internacional, la Universidad Iberoamericana, EQUIS Justicia para las Mujeres, Elementa e Intersecta, entre otras, señalaron que la ley aprobada legaliza prácticas que antes se hacían de forma ilegal: espionaje, vigilancia militar sin orden judicial, operaciones encubiertas y acceso irrestricto a bases de datos públicas y privadas.

“El Congreso está construyendo la arquitectura legal de un Estado autoritario, donde las Fuerzas Armadas y el Centro Nacional de Inteligencia podrán acceder, procesar y usar información personal sensible sin ningún tipo de control judicial ni rendición de cuentas”, advirtieron.

Flores advierte que se trata de un proceso de militarización en paralelo: 

“Se está entregando poder de vigilancia a autoridades civiles y militares sin distinción. La plataforma central incluye a la Sedena y a la Guardia Nacional, lo que profundiza la concentración de poder en las Fuerzas Armadas”. 

Finalmente hicieron un llamado al Senado para frenar estas reformas y proteger los derechos humanos. 

“Las herramientas legales y de contrapeso han sido desmontadas. Solo queda la memoria histórica, la movilización y exigir que estas reformas no pasen desapercibidas. Hoy se construye una infraestructura de control que mañana puede usarse con otros fines”, finalizó Flores.