La ley de Transparencia para el Pueblo promete que el gobierno será honesto y se vigilará a sí mismo. ¿Qué cambiará con la desaparición del INAI? ¿Quién protegerá tus datos personales? Claves para entender la nueva ley. 

La ley de Transparencia para el Pueblo ya fue aprobada por el Senado de la República. Ahora, el Estado mexicano será responsable de vigilar al Estado mexicano. Con este paquete de reformas, se transfieren las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. El INAI se elimina por completo y en su lugar, se creará un nuevo órgano dependiente de la Secretaría Federal: Transparencia para el Pueblo. 

Este nuevo órgano será responsable de “coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia y acceso a la información pública”, así como de operar la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para emitir las resoluciones de los recursos de revisión que sean presentados por los ciudadanos y regular el cumplimiento de las obligaciones de sus más de ocho mil sujetos obligados. 

La nueva ley de Transparencia para el Pueblo fue aprobada con 71 votos a favor y 21 en contra. Ahora, las minutas deben ser votadas por la Cámara de Diputados para ser constitucionales. Y mientras legisladores de Morena, como la senadora Simey Olvera Bautista, defendieron que “no le quitamos transparencia al gobierno, sino que la fortalecemos y se la devolvemos al pueblo, pero sin burocracias ni gastos excesivos”, la realidad es que el proceso de aprobación de esta ley ha sido opaco. 

Organizaciones en defensa de la transparencia, los derechos humanos y la libertad de expresión se han manifestado en contra de la aprobación en fast track de esta parte fundamental de la reforma de desaparición de los organismos autónomos. “Estas reformas vulneran el derecho a saber al ampliar más causales para negar información y debilitan los mecanismos de control sobre el ejercicio de poder”, expresa Article 19 en un comunicado. 

¿Qué cambiará con la nueva ley de Transparencia? 

Con la nueva reforma aprobada, la ley de Transparencia para el Pueblo cambiará aspectos esenciales del acceso a la información pública. Estos son los principales aspectos que se contemplan en la aprobación del Senado: 

1. Se creará una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que garantice el derecho de las personas a acceder a información pública.
2. Se establecerá un Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y un órgano llamado Transparencia para el Pueblo, que dependerá de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Este órgano coordinará y evaluará las políticas de transparencia.
3. Transparencia para el Pueblo será el órgano encargado de gestionar la Plataforma Nacional de Transparencia para facilitar el acceso a la información de los mexicanos y el cumplimiento de las obligaciones de las entidades gubernamentales. 
4. La reforma también expedirá una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para proteger los datos de los ciudadanos que tienen las instituciones públicas.
   1. Respecto a esta ley, las personas tendrán derechos ARCO: Acceso (saber qué datos se tienen de ellos), Rectificación (corregir datos incorrectos), Cancelación (eliminar datos) y Oposición (negarse al uso de sus datos).

Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá la responsabilidad de supervisar todo lo relacionado con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, además de todas las responsabilidades de función pública que ya le correspondían. 

Organizaciones denuncian corrupción y censura en la ley de Transparencia para el Pueblo

La creación de la ley de Transparencia para el Pueblo se ha dado entre una sobrecarga de funciones para la nueva Secretaría Anticorrupción, que no por adquirir las responsabilidades del INAI deja de tener las de la antigua Función Pública. Por otro lado, la aprobación del Senado surgió entre discusiones cortas y la censura de organizaciones expertas en la protección de los datos personales, un tema que ha sido relegado hasta casi aparentar que no existe. 

Los argumentos de los legisladores siguen siendo los mismos desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso la desaparición del INAI y otros seis organismos autónomos. Que el INAI es “corrupto” y ejercía duplicidad de funciones. 

Sin embargo, la opinión de expertos en materia de transparencia es diferente. Y el diálogo de los legisladores ha sido a puertas cerradas, sin permitir el análisis de los ciudadanos que serán vulnerables al manejo de sus datos más íntimos e importantes. 

“Si bien es positivo que se recuperen principios que rigen al derecho a la información como el de máxima publicidad, (la ley de Transparencia para el Pueblo) también contiene disposiciones que reducen el estándar de derecho que ya planteaba la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, explica un comunicado firmado por 80 organizaciones, periodistas y académicos a nivel nacional. 

En particular, las cláusulas para reservar la información representan una preocupación crítica. De acuerdo con las organizaciones firmantes: 

• La reserva de expedientes judiciales de servidores públicos es riesgosa, ya que el acceso a información sobre denuncias contra dichas personas que manejan recursos del Estado es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción.
• Se pretende reservar información sobre “estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado”. De acuerdo con las organizaciones, la noción de “daño al interés del Estado” es genérica y puede ser utilizada de manera discrecional para limitar el acceso a información ambiental, social y económica sobre proyectos que tienen consecuencias directas en las comunidades. Por ejemplo, el Tren Maya.
• “Que ponga en riesgo el funcionamiento o integridad de los sistemas de telecomunicaciones desarrollados por el gobierno Federal, así como instalaciones, infraestructuras, proyectos, planes o servicios de protección estratégicos, prioritarios o de defensa”. Según el análisis, esto podría facilitar la censura en casos de infraestructura y recursos utilizados por el gobierno mexicano. 

El gobierno promete ser honesto: se vigilará a sí mismo 

El gobierno mexicano vigilará que el mismo gobierno sea responsable, transparente y que proteja la integridad de los ciudadanos. El mismo gobierno que ha padecido casos como la Estafa Maestra y Segalmex, hallazgos que se conocieron a profundidad gracias a las investigaciones de periodistas y organizaciones no gubernamentales, con el respaldo de organismos autónomos como el INAI. 

Ahora, los sujetos obligados deberán cumplir la ley vigilándose a sí mismos, y el puente de comunicación de los ciudadanos con el gobierno será el propio gobierno. 

Sin un árbitro, las quejas de las organizaciones contra la aprobación de la nueva ley de Transparencia para el Pueblo muestran exactamente lo que pretendía ser regulado: la protección de la voz de los ciudadanos y la exigencia de transparencia en un proceso tan complejo como la reforma de la Constitución. Incluso las promesas de transparencia han sido opacas.