¿México legalizará la invasión de propiedades? Esto es lo que propone el gobierno, y solo será para las viviendas del Infonavit. 

México legalizará la invasión de propiedades mediante un nuevo programa anunciado por el gobierno federal, que permitirá a personas que habitan viviendas desocupadas de forma irregular convertirse en propietarios legales. Esta es la noticia que se ha difundido últimamente. Pero, ¿es verdad?

Durante la conferencia matutina del lunes, el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se pondrá en marcha un esquema de renta con opción a compra para regularizar esta situación en lugar de desalojar a los ocupantes. 

Romero detalló que el programa establece un esquema, basado en la renta con opción a compra, dirigido a personas que no son derechohabientes, pero que actualmente ocupan viviendas abandonadas o invadidas. Los ocupantes podrán continuar viviendo en las casas, siempre y cuando se comprometan a regularizar su situación legal. En un plazo de cuatro a cinco años, y mediante pagos mensuales que se abonarán al valor del inmueble, podrán obtener la propiedad de manera legal. 

“La idea es que no haya desalojos. Antes era lo que se acostumbraba. Lo prohibió el licenciado (Andrés Manuel) López Obrador. Era meter despachos de abogados y para afuera, y luego vendían las casas carísimas. Ahora no”, afirmó Romero. 

El funcionario aclaró también que si los ocupantes se niegan a regularizarse, “nunca serán dueños del inmueble”.

¿Quienes son los invasores de casas Infonavit? 

Los llamados invasores son personas o grupos que ocupan ilegalmente viviendas adquiridas mediante créditos del Infonavit, sin el consentimiento de los propietarios legítimos. Este fenómeno (que afecta a miles de familias mexicanas) ha crecido debido al abandono masivo de casas, muchas de ellas ubicadas en zonas alejadas de centros de trabajo o sin servicios básicos.  

De acuerdo con reportes de medios, entre los ocupantes irregulares se encuentran tanto familias en situación vulnerable que buscan techo, como redes delictivas, que rentan o venden estas viviendas de forma ilegal. En muchos casos, estas propiedades fueron abandonadas por sus dueños debido a problemas como lejanía de servicios, inseguridad o créditos impagables. 

La realidad del despojo en México de 2024 a 2025 

Durante los primeros cinco meses de 2025 se registraron doce mil 357 casos de despojo en todo el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta cifra representa un ligero incremento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron doce mil 313 casos. 

Es importante señalar que estos datos corresponden a despojos en general, no exclusivamente a viviendas del Infonavit. Las estadísticas no desglosan si los casos están relacionados con propiedades de dicho instituto u otro tipo de inmuebles. 

En ambos años, el Estado de México encabeza la lista de entidades con más casos: pasó de dos mil 049 despojos en 2024  a dos mil 310 en 2025, lo que representa un aumento de 261 registros. Le siguen la Ciudad de México, que tuvo una leve disminución de mil 609 a mil 560 casos, y Guanajuato, que presentó un incremento considerable de 594 a 717 despojos. También destaca el caso de Puebla, que subió de 526 a 615, colocándose entre los cinco estados con más denuncias por este delito en 2025. 

En términos de aumento, además de Estado de México y Guanajuato, los estados con mayores incrementos fueron Puebla, Hidalgo y Baja California Sur, este último pasó de 139 a 184 casos. 

Por otro lado, el estado donde más bajaron los registros fue Veracruz, que pasó de mil 020 casos a 682 casos, es decir, 338 despojos menos en 2025. También se observaron reducciones significativas en Baja California, Durango, Ciudad de México y Campeche, lo cual sugiere que en ciertas regiones las estrategias de seguridad o los mecanismos de mediación por conflictos de propiedad han tenido un impacto más visible. 

¿Qué dice la ley actualmente y cómo cambiaría? 

Actualmente, el artículo 395 del Código Penal establece que ocupar una vivienda sin consentimiento del propietario constituye un delito tipificado como despojo, que puede derivar en sanciones penales y desalojos forzosos. En administraciones anteriores, el Infonavit contrataba despachos legales para recuperar las viviendas, rehabilitarlas y revenderlas. 

Con esta nueva política, el gobierno federal abandona la vía judicial y coercitiva, y en su lugar impulsa la regularización voluntaria como política de vivienda. La medida elimina los desalojos como instrumento estándar, y busca convertir al ocupante en propietario a través de un modelo asequible y legal. 

“Lo que queremos es que esa vivienda sea de quien la habita. Que pueda adquirirla a un precio muy económico, valor en libros”, detalló Romero, subrayando que el objetivo es ofrecer certeza jurídica sin recurrir a la fuerza.

De acuerdo con el diagnóstico oficial presentado por Octavio Romero, existen 843 mil viviendas en situación problemática, de las cuales 168 mil ya fueron censadas. De estas, 145 mil están ocupadas por personas que dejaron de pagar su crédito o que tomaron posesión sin autorización, y otras 23 mil están deshabitadas o vandalizadas. 

Para los propietarios originales cuyas viviendas han sido invadidas, el funcionario prometió que se buscará reestructurar sus créditos o reponer la propiedad a través de un programa de rehabilitación de 25 mil viviendas abandonadas. 

“En el caso de quienes pudieran estar todavía como dueños, lo que estamos haciendo es reprogramar su crédito para que se queden con la vivienda que tienen”, explicó el funcionario. 

Además, Romero destacó que el instituto trabaja de la mano con la Secretaría de Bienestar para ampliar el censo y conocer la situación de cada vivienda. Asimismo, diversos gobiernos estatales han solicitado apoyo urgente para rehabilitar casas vandalizadas, que se han convertido en focos de delincuencia, drogadicción y deterioro urbano. 

Sin embargo, el programa no ha estado exento de polémica: en redes sociales como X usuarios expresaron su inconformidad, acusando al gobierno de “premiar a los invasores” y desincentivar el cumplimiento de pagos por parte de derechohabientes cumplidos.