La ONU advierte sobre desapariciones en México con un proceso urgente sobre la creciente crisis humanitaria en el país. El gobierno de Sheinbaum rechaza las acusaciones y defiende su estrategia de seguridad.

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) advierte sobre las desapariciones en México bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta medida, calificada como “urgente” por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), podría llevar la crisis mexicana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El anuncio encendió las alarmas en el escenario político nacional, generando reacciones que van desde el rechazo frontal hasta acusaciones de manipulación ideológica por parte de la ONU.

¿Por qué la ONU advierte sobre desapariciones en México?

El detonante de este proceso fue el hallazgo reciente de restos humanos y más de 200 prendas calcinadas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas en el país.

El comité de la ONU, que ha recibido numerosas denuncias sobre omisiones y fallas sistemáticas por parte del Estado mexicano en la investigación de estos casos, decidió iniciar una investigación formal. Según su presidente, Olivier de Frouville, el objetivo es establecer un diálogo constructivo, aunque la gravedad del fenómeno obliga a considerar la posibilidad de elevar el caso al máximo foro internacional.

¿Qué dice el gobierno de México sobre las desapariciones forzadas?

La respuesta desde México fue inmediata y cargada de tensión. El senador morenista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, descalificó abiertamente al Comité, al que acusó de actuar con “fines políticos” y de intentar “descarrilar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Además, el Senado aprobó un pronunciamiento para pedir la destitución de Olivier Frouville, presidente del CED de la ONU, argumentando que las desapariciones en México no son responsabilidad del Estado.

En un video difundido en redes sociales, Noroña afirmó que la desaparición forzada y la desaparición simple son delitos distintos, y señaló que el Estado mexicano no comete desapariciones forzadas. Sin embargo, evitó referirse a la falta de resultados en los miles de casos no resueltos, ni a las más de 66 mil desapariciones registradas en los últimos nueve años, de las cuales sólo 373 han derivado en condenas, según datos de Animal Político.

Además de minimizar los hallazgos en Jalisco —estado que acumuló más de 11,600 desapariciones en lo que va del actual sexenio—, el legislador morenista cuestionó la autoridad moral de la ONU para emitir señalamientos, citando su supuesto silencio frente a conflictos internacionales como las guerras en Afganistán, Irak o la actual crisis en Gaza.

Por su parte, Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, calificó al comité de la ONU como un órgano que actúa “de manera facciosa”, con una orientación política e ideológica contraria a los gobiernos progresistas. A través de sus redes sociales, Alcalde afirmó que las desapariciones no se cometen desde el Estado bajo la administración actual, y que se han desplegado “estrategias como nunca” para combatir este fenómeno. Destacó que la presidenta Sheinbaum ha enviado al Congreso una iniciativa de reforma para fortalecer los mecanismos de búsqueda.

Voces expertas y activistas refutan esta narrativa. Michael Chamberlin, activista de derechos humanos y exmiembro del Consejo Consultivo de la CNDH, explicó que las acciones urgentes de la ONU se han convertido en el último recurso para las familias que enfrentan omisión o indiferencia por parte de las autoridades. México lidera las solicitudes de este tipo a nivel global con 681 peticiones, por encima de países como Irak y Colombia.

“El Comité sabe que las desapariciones en México no son casos aislados. Por eso activaron el artículo 34, una medida excepcional que muestra la gravedad de la crisis”, señala Chamberlin. En su opinión, las respuestas del gobierno han sido insuficientes y, en muchos casos, inexistentes.

En el mismo sentido, Andrea Horcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, lamentó que se haya desmantelado parte del andamiaje institucional que se había construido para atender la crisis de desapariciones. Criticó el cierre del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y la reducción del Centro de Identificación Humana, decisiones que dejaron vacíos cruciales en la atención a las víctimas.

Hasta ahora, la Presidencia de la República no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la investigación que la ONU abrió, aunque diversas instancias del actual gobierno han reiterado su rechazo a la idea de que las desapariciones forzadas sean responsabilidad del Estado.

¿Por qué es importante la advertencia de la ONU sobre desapariciones en México?

La activación del artículo 34 por parte del CED no es un simple trámite diplomático. Este procedimiento tiene como objetivo evaluar si existe un patrón sistemático o generalizado de desapariciones forzadas, lo cual podría derivar en una denuncia formal ante la Asamblea General de la ONU. En otras palabras, México podría ser señalado por la comunidad internacional como un país en el que el Estado, por acción, omisión o complicidad, es responsable de desapariciones masivas.

A pesar del discurso gubernamental, los colectivos de familiares siguen reclamando verdad y justicia. Ellas, las madres buscadoras que hurgan la tierra con sus propias manos, continúan siendo el rostro más claro y doloroso de una tragedia que no cesa. Mientras la ONU investiga desapariciones en México, las víctimas y sus familias esperan respuestas que, hasta ahora, el Estado mexicano no ha sabido —o no ha querido— dar.

En medio de tensiones diplomáticas y posturas encontradas, el procedimiento iniciado por el CED es un llamado urgente a enfrentar una de las crisis más graves en derechos humanos que vive el país. Y aunque el gobierno actual rechaza las acusaciones, la ONU investiga desapariciones en México porque los datos, las fosas, los restos y las ausencias siguen multiplicándose.