El gobierno de México reconoce 47 asesinatos de periodistas entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021. Solo en 9 por ciento de estos delitos hay una sentencia. La cifra reconocida por el gobierno es mayor a la reportada por Article 19. 

Durante el primer mes de 2022, cuatro periodistas mexicanos han sido asesinados: en promedio, uno por semana. El gobierno federal ha “condenado” estos delitos en redes sociales, pero durante el actual sexenio hay registro de 30 homicidios de comunicadores en el país, según el conteo de  Article 19 México y Centroamérica. Algunas de estas personas estaban bajo el resguardo del Estado por medio del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El caso más reciente es el de Roberto Toledo, asesinado el 31 de enero en Zitácuaro, Michoacán. El director del sitio Monitor Michoacán, Armando Linares, informó mediante una transmisión que su compañero Toledo fue asesinado a balazos por tres hombres. Durante la transmisión, Linares detalló que apenas hace tres días Monitor Michoacán había recibido una serie de amenazas de muerte por publicar información acerca de presuntos actos de corrupción en el estado, por lo que solicitaron medidas de protección. “Vamos a seguir sacando corrupciones y a políticos corruptos, aunque la vida se nos vaya en ello”, dijo Linares durante la transmisión.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social del gobierno de México, realizó una publicación en su cuenta de Twitter por medio de la cual condena el asesinato y promete “trabajar” para “esclarecerlo”, como en los otros casos de periodistas mexicanos asesinados. Pero, ¿qué dicen los datos de asesinatos de periodistas durante este sexenio sobre el trabajo del gobierno para esclarecer dichos crímenes?

Entre el año 2000 y enero de 2022, Article 19 ha registrado 149 asesinatos de periodistas mexicanos. Durante el mandato de López Obrador, que inició en diciembre de 2018, la organización ha contabilizado 29 periodistas mexicanos asesinados, el 19.4 por ciento del total en estos 22 años. 

Pero la cifra registrada por el gobierno federal es incluso mayor. De acuerdo con un informe de Segob, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021 habían sido asesinados 47 periodistas en el país. Al sumar solo los cuatro asesinatos cometidos en enero de 2022, el total es de al menos 51 periodistas asesinados.

El 2 de diciembre de 2018, un día después de que López Obrador comenzó su mandato, se dio a conocer el asesinato del periodista Alejandro Márquez en Nayarit. Un mes después, se hizo la detención de tres funcionarios de Nayarit por estar presuntamente involucrados en el asesinato del periodista, entre quienes se encontraba la directora de Tránsito, Patricia Betancourt, que meses después fue condenada a cuatro años de prisión por encubrimiento del asesinato del periodista. Sin embargo, periodistas de Nayarit aseguran que el asesinato de su compañero seguirá impune ya que la Fiscalía del Estado nunca llegó al fondo del asunto para determinar quién fue el autor intelectual.

De acuerdo con la información de Segob, solo en cinco de los 47 asesinatos de periodistas registrados en México hasta septiembre de 2021 (9 por ciento del total) se ha dictado sentencia. Es decir, 91 por ciento de los asesinatos de periodistas mexicanos cometidos durante la actual administración siguen impunes. 

Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas(CPJ) en entrevista para Heraldo de México menciona que los asesinatos de periodistas mexicanos tiene que ver con que los diferentes niveles de gobierno en el país no han aplicado las  suficientes herramientas para combatir la impunidad en crímenes en contra de la prensa, el dejarlos sin sentencia es lo que sigue incentivándolos.

Los periodistas mexicanos asesinados en 2022

Antes de Toledo, Lourdes Maldonado fue asesinada el 23 de enero en Tijuana, Baja California. Maldonado asistió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 26 de marzo de 2019, en donde dijo temer por su vida porque mantenía un pleito legal contra Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que le pediría a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social del gobierno de México, que la atendiera y apoyara para pedir justicia además de “actuar con el marco de la ley”.

Tres años después, Lourdes Maldonado fue asesinada con un arma de fuego en el fraccionamiento “Las Villas”, en Tijuana, mientras se encontraba en el interior de su vehículo.

Tras el asesinato, Jesús Ramírez publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que lamentó el asesinato de la periodista y dijo que el gobierno de México había estado “pendiente” de su situación desde hace tres años y buscará que se esclarezca su muerte.

Lourdes Maldonado dijo temer por su vida en Palacio Nacional, frente al presidente López Obrador. Pero, aunque desde entonces el gobierno mexicano dijo estar “pendiente” de su caso, ella fue la tercera periodista asesinada en 2022 y la número 148 en México desde el año 2000. 

México tiene 495 periodistas protegidos en el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación(Segob), de acuerdo con lo que dijo el coordinador del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en entrevista con Sin Embargo. Lourdes contaba con la protección del gobierno estatal de Baja California desde el 2021. 

El 17 de enero de 2022, una semana antes del asesinato de Maldonado, fue asesinado el periodista Margarito Martinez en Tijuana, Baja California. Ese día la Secretaría de Gobernación (SEGOB), inició diálogos buscando una nueva ley general para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.“Ningún caso debe quedar impune e impulsamos garantías de no repetición” dijo Jesus Ramírez en sus redes sociales.

José Luis Gamboa Arenas fue el primer periodista mexicano asesinado en 2022. El 10 de enero, Gamboa fue encontrado sin vida en el fraccionamiento Floresta en Veracruz. La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) informó que el periodista no estaba incorporado a ningún programa preventivo, por lo que la CEAPP pidió a la Fiscalía del Estado de Veracruz se implemente el Protocolo de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión.