Durante 2017, el gobierno federal pagó 17.84 millones de pesos en publicidad oficial tan solo a dos empresas: Grupo Televisa y el periódico Excélsior. El 30 de abril de 2018 es la fecha límite para que el Congreso de la Unión establezca las pautas para regular el gasto en este concepto, que durante los últimos cuatro años ascendió a 37 mil 725 millones de pesos, de acuerdo con Fundar Centro de Análisis e Investigación.

Entre enero de 2013 y junio de 2017, el gobierno federal gastó 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial. Este monto podría pagar la reconstrucción de los daños provocado por los sismos de septiembre pasado, que costará más de 38 mil millones de pesos, de acuerdo con el portal de noticias SinEmbargoMX.

A pesar de la magnitud del gasto, el monto no es la razón por la que organizaciones de la sociedad civil han exigido que la publicidad oficial en México sea regulada. El dinero que el gobierno les paga a algunos medios de comunicación mexicanos crea una relación de subordinación de las televisoras, los medios impresos y digitales frente a los grupos políticos en el poder, además de comprometer la libertad de expresión y con ello, el derecho a la información.

Tan solo durante 2017, el gobierno federal pagó 27.83 millones de pesos a cuatro televisoras bajo el concepto de publicidad oficial. Dentro de este grupo destaca Grupo Televisa, que recibió nueve millones y medio de pesos.

En el caso de los medios impresos, fue el diario Excélsior el que recibió el mayor monto: 8.32 millones de pesos. Enseguida están La Jornada con 2.05 millones de pesos, Milenio con 1.77 millones de pesos, El Universal con 1.19 millones de pesos, Ediciones del Norte (Reforma) con 940 mil pesos y El Financiero con 860 mil pesos.

En su informe “Contar ‘lo bueno’ cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016”, Fundar Centro de Análisis e Investigación detalla que las televisoras Televisa y TV Azteca son las que más recursos públicos recibieron en 2016. Televisa recibió dos mil millones de pesos  destinados a sus canales de televisión y a medios impresos, mientras que TV Aztecas recibimos de mil 141 millones de pesos para televisión e Internet.

Mientras tanto, el diario Excélsior está en tercer lugar con recursos para televisión, radio y medios impresos. Le siguen Starcom Worldwide Inc, y Grupo Fórmula, menos de 500 millones de pesos destinados a radio, televisión y otros.

“NO  PAGO PARA QUE ME PEGUEN”

En 1982, el entonces presidente José López Portillo y Pacheco retiró la publicidad oficial en la revista Proceso, después de que esta denunciara la corrupción de su gobierno.

El 7 de junio de ese año, durante una reunión con directores de medios en el contexto del Día de la Libertad de Expresión en México, López Portillo pronunció una frase que explicaba el “castigo” a Proceso y develaba la manera en que entendía la relación entre prensa y su gobierno: “No pago para que me peguen”.

Esta lógica sobrevive 35 años después, y es el motivo por el que organizaciones como Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, han exigido que exista un legislación que regule el gasto en publicidad oficial de los gobiernos.

Fundar, además, identificó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gasto en publicidad oficial ejercido ha superado en hasta 80 por ciento el presupuesto aprobado.

En su informe “Contar ‘lo bueno’ cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016”, la organización asegura que “la falta de rendición de cuentas y la carencia de justificaciones para el aumento desmedido del presupuesto en publicidad oficial, dificultan tener claridad sobre el uso y destino de los recursos públicos, así como traslucen la existencia de una mala administración de dichos recursos”.

El 15 de noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo interpuesto por Artículo 19. La reforma político electoral del 10 de febrero de 2014 obligada al Congreso de la Unión a expedir la regulación de publicidad oficial a más tardar el 30 de abril de 2014, pero el Legislativo incumplió con el plazo.

Ante esto, Artículo 19 impulsó el juicio de amparo, mismo que la SCJN resolvió a favor de la organización, con lo que la nueva fecha límite para regular el objeto, asignación y ejercicio de la publicidad gubernamental es el 30 de abril de 2018.

El diario estadounidense The New York Times retomó este tema el 25 de diciembre pasado en un reportaje titulado “Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación” (“Using Billions in Government Cash, Mexico Controls News Media”), firmado por el periodista Azam Ahmed.

Esta investigación incluye testimonios de reporteros y editores de medios impresos digitales en México: desde la autocensura que los periodistas se ven forzados a practicar hasta las llamadas sugerentes de gobernadores que le piden al director de información de un medio que publique notas positivos sobre él y, al negarse, retiran la publicidad de su estado.

El reportaje de The New York Times destaca una razón que hace evidente la necesidad de regular la publicidad oficial en México:

“La cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión”.