¿Qué pasó con Compranet? Diputados aprobaron una reforma que reemplaza el sistema de contrataciones públicas, creando una nueva plataforma que podría favorecer la opacidad en proyectos estratégicos, como los ejecutados por las Fuerzas Armadas.

¿Qué pasó con Compranet? Este sistema, que ha sido el pilar de la transparencia en los procesos de contratación pública en México, dejará de existir tras la reforma aprobada por los legisladores en la Cámara de Diputados.

La iniciativa contó con el respaldo mayoritario de los diputados de Morena y Movimiento Ciudadano, mientras que los opositores, principalmente del PAN y PRI, expresaron su desacuerdo por considerar que la reforma fomenta la opacidad y favorece la discrecionalidad en las contrataciones públicas.

La reforma, que fue aprobada en lo general por 355 votos a favor, 199 en contra y una abstención, introduce una nueva “Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas”, cuyo objetivo es, según los proponentes, actualizar y agilizar el proceso de contratación de obras y servicios públicos, así como asegurar su transparencia. No obstante, el impacto real de esta medida ha sido cuestionado, sobre todo por la exclusión de ciertos sectores clave, como las Fuerzas Armadas.

La reforma que oficializa la desaparición de Compranet

La nueva plataforma, que reemplazará a Compranet, será administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y se supone que centralizará todos los procesos de licitación y contratación. Sin embargo, el cambio incluye una cláusula que permite que las dependencias del gobierno, especialmente las Fuerzas Armadas, queden exentas de la obligación de transparentar sus licitaciones y adquisiciones. Esto incluye a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional, que a menudo ejecutan los proyectos de infraestructura más relevantes del gobierno, como el Tren Maya y la construcción de aeropuertos y puertos.

La reforma establece que los contratos relacionados con programas prioritarios o proyectos estratégicos ejecutados por las Fuerzas Armadas no estarán sujetos a las nuevas reglas de transparencia. Esta omisión genera serias dudas sobre el verdadero alcance de la reforma, pues permite que algunos de los proyectos de mayor envergadura y presupuesto del gobierno queden fuera del escrutinio público, abriendo espacio a posibles actos de corrupción.

¿Qué pasó con Compranet? Aseguran que habrá un refugio para el “amiguismo” y la corrupción

La reforma fue fuertemente criticada por diputados de la oposición, quienes argumentan que, en lugar de garantizar una mayor transparencia, lo que realmente hace es fortalecer la opacidad y la discrecionalidad en las contrataciones del gobierno. El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, señaló que la reforma facilita el “amiguismo y favoritismo”, al permitir que el gobierno ejecute contratos sin el debido control y sin la supervisión de los testigos sociales, figura que se ha ido reduciendo con la nueva normativa.

Téllez destacó que las nuevas figuras que se introducirán en el proceso de contratación, como el “diálogo competitivo” o las “contrataciones consolidadas”, más que fomentar la competencia y la transparencia, aumentarán las oportunidades para el tráfico de influencias y el clientelismo político. “Lejos de combatir la corrupción, esta reforma abre brechas peligrosas que podrían perpetuarla”, afirmó el legislador del PAN.

Por su parte, el diputado del PRI, Arturo Yánez, expresó que la reforma incentivará el amiguismo y la corrupción en lugar de fortalecer la integridad del sistema de contrataciones. “Esta reforma fomenta la desigualdad y el mal ejercicio de la función pública. Nos está llevando hacia un camino donde se privilegian los acuerdos opacos y el ejercicio discrecional de los recursos públicos”, señaló.

La plataforma sustituta: ¿Mayor transparencia o más opacidad?

Aunque la reforma prevé la creación de una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, algunos expertos se muestran escépticos sobre su capacidad para garantizar una verdadera mejora en la transparencia. La nueva plataforma será administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y se espera que centralice los procesos de licitación y contratación, permitiendo la consulta pública de las contrataciones realizadas por las dependencias federales.

No obstante, el hecho de que ciertas dependencias y entidades, como las Fuerzas Armadas, Pemex y la CFE, estén exentas de las nuevas reglas de transparencia genera dudas sobre la efectividad de la plataforma. La exclusión de estos sectores clave podría significar un retroceso en la lucha por la transparencia y el control de los recursos públicos. La reforma establece que, en estos casos, las adquisiciones no estarán sujetas a la nueva ley, lo que significa que no serán públicas y, por lo tanto, no estarán disponibles para su consulta en la nueva plataforma.

¿Qué contendrá la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas?

Después de lo que pasó con Compranet, la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas tendrá un enfoque integral y centralizado para gestionar los procesos de contratación en el gobierno. Entre sus principales características, la plataforma incluirá los siguientes módulos y herramientas:

1. Registro de contratistas: Se integrará un registro electrónico de personas físicas y morales que trabajen para las dependencias y entidades públicas. Este registro permitirá consultar información sobre los contratistas que participan en los procesos de licitación y contratación, promoviendo la transparencia sobre quiénes están involucrados en la ejecución de los contratos públicos.
2. Convocatorias y licitaciones: Las convocatorias a licitaciones públicas, sus modificaciones y las invitaciones a licitar serán publicadas en la plataforma. Esto permitirá que los ciudadanos y organizaciones interesadas puedan acceder a las bases de las licitaciones y las ofertas presentadas en los procesos de contratación.
3. Informes de testigos sociales: Se incluirán los informes de los testigos sociales, una figura que permite la participación de la sociedad civil en la vigilancia de los procesos de contratación pública. Esta herramienta busca garantizar que los procedimientos sean transparentes y justos.
4. Contratos y convenios: Se podrán consultar los contratos firmados por las dependencias, incluyendo sus modificaciones y los convenios celebrados entre diferentes entidades del gobierno.
5. Adjudicaciones directas: La plataforma mostrará las adjudicaciones directas, las cuales no requieren un proceso de licitación formal. Este módulo será crucial para verificar que tales adjudicaciones se hagan conforme a la ley.
6. Resoluciones y notificaciones: Las resoluciones de los procedimientos de licitación, así como las notificaciones y avisos emitidos por las dependencias públicas, serán publicadas en la plataforma, para garantizar la trazabilidad de las decisiones tomadas durante los procesos de contratación.
7. Conservación de la información: Toda la información relacionada con las contrataciones será conservada electrónicamente durante al menos cinco años, asegurando su accesibilidad y consulta en el futuro. Este módulo también permitirá el seguimiento a largo plazo de los contratos y sus ejecuciones.

La plataforma será de acceso gratuito, lo que permitirá que cualquier ciudadano pueda consultar la información relacionada con las contrataciones públicas. Sin embargo, se ha señalado que el éxito de la plataforma dependerá de su capacidad para ser administrada de manera eficaz y transparente, sin caer en las mismas prácticas opacas que se pretenden eliminar.

¿Qué consecuencias para las obras públicas?

Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es su impacto sobre las grandes obras públicas del gobierno, como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, proyectos que se llevan a cabo bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas. Estos proyectos, que han sido objeto de controversia debido a su impacto ambiental y a las acusaciones de corrupción, ahora se verán aún menos controlados.

En el caso de Pemex, la situación es igualmente alarmante. La empresa estatal, que ha estado bajo una creciente deuda y que ha sido objeto de investigaciones por corrupción en el pasado, ahora tendrá la posibilidad de operar sin la obligación de hacer públicos los contratos y los detalles de sus adquisiciones. Esto plantea serias preguntas sobre cómo se utilizarán los recursos públicos en una de las empresas más estratégicas del país.