La reforma a la Ley de Amparo propuesta por Sheinbaum busca agilizar la justicia, pero críticos advierten que debilita la defensa de los derechos ciudadanos.

La Reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto un intenso debate en México. Mientras el gobierno sostiene que busca agilizar la justicia y evitar abusos del sistema, especialistas, opositores y organizaciones advierten que podría significar un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) define el amparo como un recurso legal que protege a las personas frente a actos de autoridad que violen sus derechos constitucionales.

Estos actos pueden provenir de policías, ministerios públicos, jueces, regidores y otras autoridades. El amparo ha sido históricamente considerado el principal mecanismo de defensa de los ciudadanos en México.

El pasado 15 de septiembre, la iniciativa fue enviada al Senado de la República. Sheinbaum afirmó que su finalidad es lograr que la justicia sea más expedita y que no pasen años sin una sentencia definitiva.

¿Qué propone la Reforma a la Ley de Amparo?

De acuerdo con la iniciativa presentada por el Ejecutivo, la Reforma a la Ley de Amparo tiene como ejes principales:

1. Procesos judiciales más rápidos

• Reducir los tiempos de los juicios de amparo.
  
• Evitar que una persona pueda presentar múltiples amparos sobre una misma sentencia (“amparos sobre amparo”).
  
• Establecer un plazo máximo de 60 días para dictar sentencias fuera de la audiencia constitucional.

2. Supremacía constitucional

• Trasladar directamente a la Constitución lo que ya establece la Ley de Amparo: que las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas vía amparo.
  
• Esto significa que ningún cambio aprobado por el Congreso y validado constitucionalmente podrá ser detenido por esta vía.

3. Bloqueo de cuentas de la UIF

• Permitir que las personas con cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tengan acceso a recursos para cubrir gastos básicos: salarios, alimentos, créditos fiscales o hipotecas.
  
• El bloqueo se mantendrá únicamente en casos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

4. Restricción en amparos colectivos y ambientales

• Limitar la posibilidad de que organizaciones, colectivos ambientales o comunidades interpongan amparos si no son directamente las personas afectadas.
  
• Esto impactaría a grupos que buscan frenar obras que consideran dañinas para el medio ambiente o el patrimonio colectivo, ya que no se reconocería un daño individual directo.

Las críticas a la Reforma a la Ley de Amparo

Aunque el gobierno insiste en que la propuesta fortalecerá la justicia, juristas, legisladores y organizaciones han señalado riesgos importantes:

• Debilitamiento del amparo como herramienta ciudadana: se advierte que los cambios reducirían la capacidad de la ciudadanía para defenderse de actos de autoridad arbitrarios.
  
• Retroceso en la defensa del medio ambiente: al eliminar la posibilidad de amparos colectivos, comunidades y ONGs perderían una de sus principales herramientas para detener proyectos contaminantes o destructivos.
  
• Concentración de poder: al blindar reformas constitucionales frente al amparo, se limitaría un contrapeso importante del Poder Judicial frente al Legislativo y el Ejecutivo.
  
• Desigualdad en el acceso a la justicia: opositores como el senador panista Ricardo Anaya han señalado que sólo quienes puedan pagar abogados especializados podrán seguir usando el amparo de forma efectiva, mientras que el ciudadano común quedará en desventaja. El propio Anaya calificó la iniciativa como “una reforma tan regresiva, tan dañina, tan nociva a los derechos de los ciudadanos”.

También ha generado especulaciones sobre si los amparos interpuestos en nombre de los hijos del ex presidente Lopez Obrador, serían una estrategia ante esta reforma.