La reforma al Código Fiscal aprobada por la Cámara de Diputados otorga nuevas facultades al SAT para vigilar plataformas digitales en tiempo real, lo que podría vulnerar la privacidad y la libertad de expresión en México.

La reforma al Código Fiscal de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados podría abrir la puerta a una vigilancia masiva en internet y al bloqueo de plataformas digitales, lo que especialistas consideran una amenaza directa a la privacidad y libertad de expresión de las y los usuarios en México.

SAT podría tener acceso permanente a plataformas digitales

El 15 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) con 348 votos a favor y 130 en contra, impulsada principalmente por legisladores de Morena y sus aliados.
La iniciativa otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) nuevas facultades para vigilar y sancionar presuntas prácticas fraudulentas a través de plataformas digitales.

Entre las medidas más polémicas se encuentra la posibilidad de que el SAT:

• Solicite acceso permanente y en tiempo real a los sistemas de las plataformas digitales.
• Bloquee temporalmente el acceso a los servicios digitales que no entreguen la información solicitada.
• Niegue la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas vinculadas con la emisión de comprobantes fiscales falsos.

Según la exposición de motivos, el objetivo de la reforma es combatir la facturación falsa y la evasión fiscal, pero organizaciones civiles y empresariales advierten que el alcance del dictamen podría exceder los fines fiscales y poner en riesgo derechos fundamentales.

Riesgo de vigilancia y censura digital

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que estas medidas podrían “convertir al SAT en un ente inquisidor”, al otorgarle facultades que podrían derivar en actos arbitrarios o excesivos, especialmente contra emprendedores y pequeños contribuyentes.

Por su parte, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señaló que el artículo 30-B del dictamen da al SAT y a la Agencia de Transformación Digital el derecho de exigir información sobre las operaciones digitales de las plataformas, incluso datos personales de los usuarios, sin criterios claros que limiten el alcance de esa vigilancia.

En caso de negarse, el SAT tendría la facultad de bloquear temporalmente el acceso a esas plataformas, lo que —de acuerdo con R3D— podría equivaler a censura previa, prohibida por la Constitución mexicana y por tratados internacionales de derechos humanos.

Organizaciones alertan sobre posibles abusos

La organización Artículo 19 también expresó preocupación. En un comunicado, advirtió que permitir el bloqueo de plataformas digitales sin autorización judicial podría derivar en censura anticipada, limitando el derecho de las personas a expresarse y acceder a información en línea.

Artículo 19 advirtió que una reforma fiscal no debería ser usada como instrumento para normalizar la vigilancia estatal digital sin salvaguardas legales. Además, señaló que el dictamen no incluye controles judiciales ni mecanismos de defensa para los operadores de plataformas o para los usuarios cuyos datos sean requeridos.

¿Qué cambios proponen los defensores de derechos digitales?

Ante los riesgos que implica la reforma al Código Fiscal, R3D y Artículo 19 propusieron una serie de modificaciones para garantizar la protección de los derechos digitales:

• Autorización judicial previa para cualquier solicitud de información a plataformas digitales.
• Notificación a los usuarios cuando sus datos personales sean requeridos por el SAT.
• Control legal estricto sobre las facultades de bloqueo de plataformas, conforme a estándares internacionales de derechos humanos.

Estas medidas, aseguran, podrían hacer que la ley sea más equilibrada, protegiendo tanto los objetivos fiscales como los derechos fundamentales.

Próximos pasos de la reforma fiscal

La reforma al Código Fiscal fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado de la República, donde será discutida antes de su posible aprobación final.
De ser ratificada, la ley entraría en vigor en 2026.

Mientras tanto, organizaciones civiles, especialistas en tecnología y usuarios de internet seguirán atentos a las modificaciones que el Senado pueda realizar, con el fin de evitar que el combate a la evasión fiscal se convierta en una herramienta de vigilancia masiva o censura digital.