Los riesgos de la ley de inteligencia incluyen vigilancia sin orden judicial y uso de datos privados sin controles claros.
Los riesgos de la ley de inteligencia se evidencian tras la aprobación en comisiones del Senado del dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, el 28 de junio de 2025.
Este ordenamiento busca establecer un sistema nacional coordinado para la prevención e investigación del delito, pero tal como se detalla en el dictamen, presenta preocupaciones sustanciales por la ampliación de facultades sin mecanismos de control judicial ni supervisión externa.
Fue aprobado con siete votos a favor y cuatro en contra en la Comisión de Seguridad Pública, y nueve a favor y cuatro en contra en la Comisión de Estudios Legislativos. Con ello la propuesta fue turnada al Pleno del Senado para su discusión en el periodo extraordinario.
¿Qué establece el dictamen?
El dictamen crea un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública como un mecanismo de coordinación entre la Federación, los estados y municipios para prevenir, investigar y perseguir delitos, con un enfoque en la pacificación del país (Artículos 1 y 2).
El sistema estará conformado por tres órganos principales:
- El Consejo Nacional, que dirige y toma decisiones estratégicas
- La Secretaría coordinadora
- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) encargado de gestionar y operar la Plataforma Central de Inteligencia (Artículos 7 a 10).
- Además, el CNI podrá consultar, procesar, sistematizar, integrar, analizar y utilizar información de diversas bases de datos públicas y privadas, sin necesidad de orden judicial previa (Artículos 12 y 25). Estas bases incluyen registros vehiculares, biométricos, fiscales, de salud, telecomunicaciones, financieros, entre otros (Artículo 12).
Se crea además la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la cual utilizará la Plataforma Central para desarrollar productos de inteligencia, contando con agentes especializados para el análisis, investigación y entrega de información al Ministerio Público cuando se identifiquen elementos suficientes (Artículos 15 y 22).
Además, todas las autoridades y personas particulares que administren bases de datos estarán obligadas a colaborar con el Sistema, bajo riesgo de sanciones por incumplimiento (Artículo 23).
El sistema funcionará a partir de una Plataforma Central de Inteligencia que interconectará en tiempo real los sistemas de información de las instituciones públicas y privadas (Artículo 18).
¿Cuáles son los riesgos de la Ley de Inteligencia?
Aunque el dictamen afirma estar orientado por los principios como legalidad, proporcionalidad, confidencialidad y respeto a los derechos humanos (Artículo 3), su diseño legal presenta varias debilidades importantes, entre las que están las siguientes:
- Acceso a datos sin control judicial
El dictamen permite al CNI y a la Subsecretaría de Inteligencia consultar y procesar datos sensibles sin autorización ni supervisión judicial previa, lo que supone un riesgo directo a la privacidad y a garantías constitucionales.
- Vigilancia masiva y concentración de información
La Plataforma Central de Inteligencia concentra datos personales de distintas fuentes, públicas y privadas, sin establecer límites claros ni filtros técnicos que protejan los derechos fundamentales.
- Obligación de colaboración sin mecanismo de supervisión
Las autoridades y particulares deben colaborar con el Sistema sin que se contemple auditoría o vigilancia externa, abriendo la puerta a abusos y uso discrecional de la información.
- Falta de contrapesos democráticos
No se incluyen órganos autónomos o judiciales para supervisar el funcionamiento del Sistema, dejando el control en manos del propio CNI y la Secretaria coordinadora, con riesgo de opacidad y arbitrariedad.
- Uso de tecnologías avanzadas sin regulación ética
Se autoriza el empleo de inteligencia artificial y otras herramientas científicas para generar productos de inteligencia, pero no se establecen protocolos ni límites que garanticen un uso responsable y transparente.
El dictamen aprobado crea un sistema centralizado con amplias facultades para el manejo de información sensible, sin mecanismos efectivos de control judicial ni supervisión externa.
Muy preocupante…. 💛💛💛
El PRIejenarco debe estar exultando de felicidad en su rancho. ¡Por fin consumó el REGRESO TOTAL a los tiempos del PRI de los años 60′-70’s del siglo pasado!
Esto recuerda justamente al INMUNDO Gustavo Diaz Ordaz (con el NEFASTO Luis Echeverría como su Secretario de Gobernación, el INNOMBRABLE Fernando Gutiérrez Barrios como Titular de la Dirección Federal de Seguridad –DFS– y el CARNICERO Miguel Nazar Haro como director de la Brigada Blanca). Y luego a Luis Echeverría como presidente y su REPRESIÓN MASIVA y GUERRA SUCIA.
Claro que no fue Díaz Ordaz quien inició esta ESCANDALOSA práctica de utilizar todos los medios disponibles al alcance del gobierno a fin de ESPIAR y VIGILAR a quien se le antojara. Eso lo inició Lázaro Cárdenas para recabar toda la información posible sobre las actividades de los personajes de oposición en el país, así como las reacciones por la expropiación petrolera que fue decretada ese mismo año. Pero fue ya Miguel Alemán, en 1947, quien fundó la Dirección Federal de Seguridad a cargo del general Marcelino Iñurreta de la Fuente, cuyas funciones además de realizar espionaje político, consistían ahora en sofocar a los grupos opositores al régimen y ubicar y detener a sus principales líderes.
Y sí, durante la Guerra Sucia la DFS en conjunto con el ejército mexicano fue responsable de detenciones ilegales, desapariciones forzadas y allanamientos. Para esos pejezombies que le siguen creyendo al PRIejenarco –y su Encargada de la Oficina de la PRIejidenjia– que los soldaditos son “Almas de la Caridad” salidos de un convento franciscano.
Los chicos y jóvenes deberán agradecer al PRInosaurio que ahora podrán saber de primera mano, no porque lo encuentren en Google, lo que fueron esas “doradas” épocas del VIEJO y VENERABLE PRI de mediados del siglo pasado, TodoPRIoderoso, Carro Completo, Aplanadora, con un PRIejidente que es el REY de Pejéxico y puede hacer lo que le venga en gana, sin que NADIE pueda decirle algo… so pena de que le apliquen… la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Ahora ya no sólo habrá que temerle a los hackers, sino también al gobierno (y no dudo que se dé la “cooperación” entre ambos) de que estemos expuestos… ¡por completo! Y de que, como en esos “dorados” tiempos del VIEJO y VENERABLE PRI de mediados del siglo pasado, se nos pueda acusar… de lo que el gobierno decida, cuando lo decida y cómo lo decida. Ahora seremos culpables… ¡aunque demostremos lo contrario! El México AUTORITARIO que quería el SuPRIemo Señor de Macuspania, con él como el Gran Tlatoani.