Un tribunal censura a la actriz Laisha Wilkins tras una publicación en X. La medida desató preocupación por posibles mecanismos de censura institucional y la protección del derecho a la crítica en internet.
Un tribunal censura a la actriz Laisha Wilkins tras una publicación que hizo en la red social X, lo que ha desatado una nueva polémica sobre los límites de la crítica en internet y el papel del Estado en el control del discurso público.
El 20 de junio fue notificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en relación con una publicación en la que se burlaba de la excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Dora Alicia Martínez Valero.
Wilkins sostiene que se trata de un intento directo de censura institucional. “Yo llevo 10 años siendo activista y comunicando a través de redes sociales, sobre todo en temas de política. Es un uso personal y también informativo. No agredo, cuido mis palabras, pero sí exhibo y muestro la verdad”, dijo en entrevista con Serendipia.
La denuncia, aún en trámite, ha reavivado el debate público sobre los límites del discurso en redes sociales, en un contexto donde leyes recientes buscan castigar formas ambiguas de “violencia digital”.
¿Por qué un tribunal censura a una actriz?
Este caso forma parte de un clima creciente de vigilancia y sanciones hacia expresiones críticas en redes sociales, donde la libertad de opinión se enfrenta a nuevos desafíos legales y políticos. Esta es la cronología del caso.
- 19 de mayo de 2025
Aristegui Noticias publica el reportaje “Dora la Censuradora”, revelando que Dora Alicia Martinez Valero (entonces candidata a ministra de la SCJN) intentó frenar las investigaciones periodísticas sobre Televisa Leaks. Ese mismo día, Laisha Wilkins responde al tuit de Aristegui Noticias diciendo “Jaja Dora la Censuradora jaja”.
¿Por qué hizo esa publicación? “Fue un título simpatiquísimo, muy atinado, y que continuaba el juego de alguien que fue candidata con un apodo muy populista. Me pareció muy ocurrente”, dice Wilkins en entrevista con este medio digital.
- 20 de junio
El TEPJF notifica formalmente a Wilkins sobre una denuncia interpuesta en su contra por un presunto incumplimiento en materia electoral debido al comentario en el tuit de Aristegui Noticias en la red social de X. La notificación le solicita:
- Aclarar el propósito del tuit.
- Informar si fue incentivada por una persona, empresa, partido político o candidato a la Elección Judicial.
- Revelar si tiene vínculos con partidos, candidatos o candidatas.
- Proporcionar un domicilio físico para notificaciones.
Wilkins denunció públicamente el hecho, calificándolo como un acto de censura institucional. Rechazó borrar su publicación o pagar una multa. Además cuestionó cómo el tribunal obtuvo su domicilio personal, ya que la notificación fue entregada cuando ella no se encontraba en casa.
“Me parece preocupante que haya procedido mi caso cuando era una denuncia colectiva también contra Aristegui y Germán, y la de ellos no procedió”, dice Wilkins. “Además, llegaron a mi casa dos horas antes de la hora acordada y le hicieron firmar al policía como si fuera más tarde. Todo huele mal”.
- 21 de junio
Wilkins informó que, de proceder la denuncia, la sanción podría oscilar entre los dos mil y doscientos mil pesos.
“Para mí sería muy fácil decir ‘ya pago la multa y me callo’. Todo lo contrario. Es momento de reunirnos como sociedad y pelear por nuestros derechos, porque ya tienen (el gobierno) los tres poderes coptados. Lo único que nos queda es la libertad de expresión”, dice Wilkins.
Aunque el procedimiento aún está en curso, las posibles sanciones (dependiendo del resultado) podrían incluir:
- Una amonestación pública.
- Una multa económica.
- La eliminación del tuit.
Aunque Wilkins no reside en Puebla, donde recientemente se reformó la Ley de Ciberseguridad que contempla penas de hasta tres años de prisión por ciertos contenidos en redes sociales, el caso genera inquietud sobre el alcance de estas normas y sus posibles efectos en otras jurisdicciones.
¿Laisha Wilkins cometió un delito?
A nivel federal, el comentario de Wilkins no constituye un delito. El Código Penal Federal no tipifica el sarcasmo, la crítica ni el humor como conductas sancionables, a menos que exista un patrón sistemático de acoso o amenazas.
El artículo 6 de la Constitución Mexicana garantiza la libertad de expresión, y la SCJN ha señalado que debe permitirse una variedad de opiniones, incluso aquellas que sean exageradas o irónicas, especialmente cuando se dirigen a personajes públicos o ideas controversiales, siempre que no se trate de ataques personales sin fundamentos. Además, los tribunales han invalidado leyes estatales similares por ser imprecisas y vulnerar derechos fundamentales.
Sin embargo, proyectos legislativos como la “Ley Censura” de Puebla buscan criminalizar ciertos tipos de discurso en redes. Organizaciones como R3D y Artículo 19 han advertido que estas leyes podrían usarse para inhibir la crítica legítima, especialmente cuando se ejercen desde voces ciudadanas o periodísticas.
Tras viralizarse su caso, Wilkins propuso una colecta simbólica como acto de resistencia:
“Buscando una forma de demostrar al gobierno que si se mete con uno, se mete con todos, propuse que mil personas donen 200 pesos. La idea es pagar la multa (si es que procede) y luego donar esa misma cantidad a (la organización) Nariz Roja. Es un mensaje: no estamos solos”.
Su publicación generó una reacción inmediata de apoyo ciudadano. “Se unieron miles de personas en cuestión de horas. Eso me dice que estamos despertando, que ya no queremos permitir estos atropellos”, comentó.
“La clase política se siente intocable”
Wilkins cuenta con asesoría legal gratuita por parte de Mariana Calderón, abogada que también representó a figuras como Denisse Dresser y Karla Estrella.
“Esto no se trata solo de mí, se trata de decir: ‘No nos pueden callar como ciudadanos’. El INE no puede intervenir en el debate público. ¿A dónde vamos a parar si lo permitimos?”, dijo. “Este uso faccioso del término violencia política de género está protegiendo al partido en el poder. Pero si mañana cambia el partido, los riesgos seguirán”.
Para Wilkins, los casos recientes (como el del periodista en Campeche y la denuncia contra la activista Karla Estrella) no son hechos aislados.
“Esta clase política se siente intocable. Ya tienen los tres poderes, ¿qué sigue? Las plataformas y las redes. Están lastimando nuestras garantías individuales”, señaló. “Lo último que les queda es tomarlas para callarnos”.
Wilkins concluye con una advertencia:
“Hoy soy yo, mañana eres tú. Si seguimos permitiendo esto, cuando haya una negligencia médica o un recorte a tus derechos, ya no vas a poder decir nada. Esto nos afecta a todos”.
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