Fosas clandestinas en Jojutla evidencian negligencia forense y fractura institucional en la identificación de víctimas desde 2017.
Las fosas clandestinas en Jojutla, ubicadas en el panteón municipal de Pedro Amaro, forman parte de una red de enterramientos que la Fiscalía de Morelos ha gestionado desde 2010, y que se hizo más visible después de descubrirse fosas similares en Tetelcingo en 2016.
Desde entonces, se han realizado tres exhumaciones en Jojutla (2017, 2022 y 2024), el 26 de mayo de 2025, colectivos de familias de víctimas y autoridades retomaron los trabajos con la esperanza de exhumar y reconocer a las víctimas, entre ellas recién nacidos y mujeres, en un proceso que señala una crisis forense persistente. Las organizaciones denuncian falta de peritos calificados, irregularidades procesales y la ausencia de la Guardia Nacional, lo que ha puesto en duda la legalidad y calidad de las diligencias.
Cronología de los hechos
La cuarta fase de exhumaciones en Jojutla inició tras un acuerdo entre autoridades y colectivos, pero rápidamente se vio marcada por tensiones, irregularidades técnicas y obstáculos estructurales.
- 16 de abril
La Fiscalía y los colectivos acuerdan iniciar la cuarta fase de exhumaciones.
- 26 de mayo
Comienzan los trabajos en Pedro Amaro, con excavación mecánica hasta 50 cm y planificación para avanzar a profundidad manual y arqueológica.
- Mayo – junio
Colectivos interrumpen labores para exigir participación de la Guardia Nacional, la Fiscalía y presencia de expertos calificados. Además denuncian de errores en muestreo, embalaje y etiquetado, que complican la identificación.
- 23 de junio
En la cuarta diligencia, colectivos recuperan más de 60 cuerpos (incluyendo al menos 10 bebés y más de 10 mujeres), pero los trabajos se suspenden tras detectarse fracturas en el muro perimetral por lluvias del huracán Erick.
Hallazgos hasta el momento
Los primeros resultados de esta fase de exhumación conforman lo que colectivos y familiares temían: el nivel de desorden en el manejo de los restos humanos, la precariedad técnica del proceso y la magnitud de la crisis forense.
- Número de cuerpos: más de 60, incluidos 10 bebés, 10 mujeres y restos óseos aislados.
- Registro irregular: cuerpos completos identificados como “huesos dispersos”; bolsas con restos múltiples, lo que complica la identificación forense .
- Falta de especialistas en campo: la arqueóloga presente no cuenta con cédula, mientras que la antropóloga física trabaja desde gabinete, lo que afecta el perfilado genético confiable .
- Inestabilidad del sitio: el muro de 24.40 m × 1.95 m con fracturas, junto con excavaciones de hasta 2.5 m, representan un riesgo grave, según el dictamen de Servicios Periciales .
- Demandas urgentes:
- Amalia Hernández en una entrevista para Aristegui exigió la presencia del fiscal Edgar Maldonado en el sitio, no solo informes escritos. Además, pidió al Congreso y a la CEAV la asignación de un asesor jurídico permanente y peritos certificados.
Respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE)
En respuesta a las versiones de los colectivos y medios de comunicación, que hablaban de “más de 60 cuerpos, incluidos al menos 10 bebés, más de 10 mujeres y una decena de restos óseos”, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos emitió un comunicado en el que afirma:
- Que esa información “carece de veracidad”, al presentar datos no confirmados que generan alarma social.
- Que aún está en proceso el informe técnico pericial, que se dará con “responsabilidad, transparencia y respeto a la legalidad”.
- Que el fiscal Edgar Maldonado se reunió el 16 de abril con colectivos y autoridades para definir la ruta operativa, acordando compartir resultados primero con los colectivos.
- Que la FGE mantiene su compromiso con las víctimas y sostendrá una reunión de trabajo con los colectivos para evaluar hallazgos y reprogramar las exhumaciones.
- Que el reporte técnico completo, correspondiente a la intervención iniciada el 26 de mayo y suspendida el 19 de junio, será presentado esta misma semana.
La FGE también recalcó que es “obligación legal y responsabilidad ética” evitar la difusión de datos no verificados, y aseguró que las intervenciones se realizarán conforme a estándares técnicos, con respeto a la dignidad de las víctimas y en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno.
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