La nueva Ley de Telecomunicaciones de Sheinbaum fue aprobada en fast track por la Comisión del Senado. Eliminará el Instituto Federal de Telecomunicaciones y buscará bloquear plataformas que atenten la “seguridad nacional”. 

La Ley de Telecomunicaciones de Claudia Sheinbaum fue entregada el 23 de abril al Senado de la República. Pocas horas después de tenerla en sus manos, la comisión responsable aprobó un libro de 226 páginas y 283 artículos, con una discusión de apenas dos horas. La propuesta de esta nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión llega una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum criticara la transmisión de un comercial del gobierno de Estados Unidos en televisión abierta mexicana.

¿Y por qué esta ley aprobada por las comisiones es importante? Primero, buscará la extinción de otro organismo autónomo: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Además, se plantea prohibir propaganda de gobiernos extranjeros y crear una  Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). 

Pero no solo eso, las plataformas digitales independientes también tendrán que atenerse a las disposiciones del Estado. Incluso con la amenaza de ser bloqueadas por motivos de “seguridad nacional”, aunque la ambigüedad gubernamental no ha sabido explicar qué significa esto.

Sin certezas y en fast track, apenas 24 horas después de su ingreso al Senado, las comisiones encargadas de Radio, Televisión y Comunicaciones aprobaron este documento con 29 votos a favor. Tras ser turnada al pleno del Senado, la ley será votada el lunes 28 de abril. 

Bloquear plataformas y prohibir propaganda extranjera: esto dice la Ley de Telecomunicaciones

De acuerdo con la información pública disponible, la creación de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tendrá el objetivo de regular la prohibición de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, con la excepción de contenido cultural o turístico. 

Esta disposición, en apariencia razonable, abre la puerta a interpretaciones peligrosas cuando se vincula con el controvertido artículo 109, contenido en el capítulo VIII del proyecto de ley.

Este artículo otorga a la ATDT la facultad de bloquear temporalmente plataformas digitales que no cumplan con las “disposiciones u obligaciones” determinadas por el estado mexicano. Sin embargo, el lenguaje vago y abierto de esta cláusula permite que, bajo criterios poco claros, una plataforma pueda ser cerrada o censurada en México.

“Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia (ATDT) para bloquear temporalmente una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”, dice el artículo. 

Tras la advertencia de una posible violación a los derechos humanos y la libertad de expresión, Sheinbaum intentó calmar las críticas durante su mañanera del 24 de abril: 

“La agencia tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con el contenido de las plataformas, jamás sería nuestra intención censurar; siempre hemos estado en contra de la censura”, explicó la mandataria. 

También mencionó que las sanciones se aplicarían exclusivamente en casos relacionados con seguridad, “evasión fiscal” u otras violaciones legales, sin explicar la ambigüedad jurídica de esta medida: ¿qué tipo de violaciones y quién determinará su gravedad o relevancia?

¿Seguridad nacional o una fachada para la censura?

Organizaciones como Artículo 19 han advertido que el artículo 109, tal como está redactado, viola principios constitucionales y tratados internacionales firmados por México en materia de libertad de expresión y acceso a la información.

“Se prevé que el Senado apruebe la siguiente semana -con premura, sin discusión, sin parlamento abierto, sin argumentos ni criterios- una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo un régimen de control gubernamental del ejecutivo sobre la asignación del espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión, generando riesgos de censura y preferencia hacia actores afines”, explica el comunicado de Artículo 19. 

Además, la iniciativa llega en un momento en el que el periodismo independiente y las redes sociales han sido pilares para denunciar corrupción, violencia y violaciones a derechos humanos. Con esta ley, se corre el riesgo de que se instauren mecanismos de control y censura bajo la fachada de legalidad y seguridad nacional.

Aunque la necesidad de actualizar el marco legal en materia de telecomunicaciones es indiscutible, el enfoque adoptado por el gobierno genera más dudas que certezas. El lunes 28, el Senado tendrá en sus manos un tomo pesado con más de doscientas reformas. Las decisiones que se tomen podrían marcar una diferencia entre un entorno democrático y otro donde el disenso se castigue con silencio.