Después de un sexenio de amenazas, es posible que el gobierno consiga desaparecer el INAI. ¿Qué representa la reforma de AMLO para el derecho de acceso a la información?

Esta semana será discutida la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que podría desaparecer el INAI.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha sido acusado de servir como “fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios” por el mismo mandatario. Asimismo, el presidente ha asegurado que “no sirve para nada”, ya que antes había un gobierno “mantenido y bueno para nada”, según dijo en su conferencia matutina del 14 de abril de 2023.

Para López Obrador, las funciones del INAI son superfluas en su gobierno porque no tiene nada que ocultar. Además, se justifica con que el INAI “fue parte del andamiaje que crearon para simular que combatía la corrupción”. 

¿Estos señalamientos son ciertos? Y, ¿cómo estarían regulados el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales en caso de que la iniciativa de desaparecer el INAI sea aprobada? 

¿Qué es y qué hace el INAI?

El INAI es el órgano autónomo que se encarga de garantizar el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales de la ciudadanía mexicana. 

Para hacerlo, el INAI tiene la autoridad de fungir como árbitro entre los sujetos obligados a rendir cuentas y aquellas personas que soliciten que estos sujetos transparenten su información; es tu derecho conocer desde el sueldo del presidente de la república hasta la disponibilidad de algún medicamento en un hospital público. 

Además, es el órgano responsable de defender tu derecho a la privacidad y sancionar a aquellas terceras personas (ya sea un particular o una autoridad) que utilizan tus datos personales con fines distintos a los que podrías autorizar. Este derecho se estipula en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor el 4 de junio de 2015. 

Gracias a esta ley, la información es un derecho. Con ella, existe una lista de sujetos obligados a transparentar su información. Los sujetos obligados son aquellas dependencias, organismos y partidos que reciben recursos federales. Por lo tanto, tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la información que requiera cualquier persona. Entre los sujetos obligados están las siguientes entidades públicas: 

1. Dependencias y secretarías federales
2. Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
3. Partidos políticos y sindicatos
4. Órganos autónomos
5. Fideicomisos y fondos públicos

¿Y qué es lo que hace el INAI con las entidades públicas? Como se explicaba, el INAI es un árbitro vigilante. Cuando una persona quiere solicitar información pública de alguno de esos entes, puede solicitarla a través de las plataformas y herramientas del INAI. Al hacer esto, el instituto funciona como un “puente” entre el ciudadano y el gobierno: es decir, el INAI no tiene la información, pero se encarga de hacer llegar la solicitud al sujeto obligado. 

¿Qué pasa si el sujeto no responde con transparencia? Si la persona no está conforme con la respuesta del ente público, puede meter una queja o “recurso de revisión”. Al hacerlo, el INAI estudia el caso y ordena que la información sea entregada, así sea una solicitud municipal o una solicitud a la presidencia de la república. Y en caso de que no se trate de información pública, respalda la decisión del sujeto obligado. 

De forma más cercana, también interviene cuando tu información personal es utilizada o compartida sin tu aprobación o cuando el gobierno no le permite a alguien conocer sus expedientes o documentos médicos, salariales, de pensión e incluso del sistema tributario. 

Pero para el presidente López Obrador, el Instituto Nacional de Transparencia “es caro”, duplica las funciones del Poder Ejecutivo y solo fue necesario para vigilar a gobiernos “corruptos” del pasado. ¿Qué tan caro es y por qué busca desaparecer el INAI realmente? 

En 2018, el presupuesto del INAI alcanzó el máximo de mil 98 millones de pesos. Para 2019, primer año de gobierno de López Obrador, el presupuesto bajó más de 100 millones, quedando en 900 millones de pesos.

De 2020 a 2022, el monto anual se sostuvo por debajo de los mil millones de pesos. Fue hasta 2024 que el INAI recibió la cifra más cercana al presupuesto de 2018, con mil 97 millones de pesos. 

¿Y qué representa este dinero? En 2024, el presupuesto del INAI no alcanza ni el uno por ciento del gasto público proyectado para la federación. Los mil 97 millones del INAI en 2024 representan tan solo el 0.012 por ciento de los 9 billones 066 mil 046 millones de pesos de los egresos totales de la federación en este año. 

Todavía con este presupuesto, desaparecer el INAI es necesario para el presidente porque su gobierno se considera a sí mismo íntegro y transparente. Y si no es necesario, ¿por qué fue creado en un principio?

El antes y el después del derecho a saber

¿Qué pasaría al desaparecer el INAI? El derecho de acceso a la información no siempre ha existido como lo conocemos actualmente en México. El INAI se ha convertido en una institución fundamental para la vida de las y los mexicanos a través del poder que les confiere el derecho a la información.

En la actualidad, el INAI cuenta con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que fue puesta en marcha en mayo de 2016. La PNT es un sistema abierto y gratuito en el que la ciudadanía puede solicitar información de cualquier sujeto obligado. Por ejemplo, el 14 de abril de 2023, el presidente López Obrador se quejó porque recibía solicitudes hasta de “cuánto papel de baño” tenían en las oficinas. 

En 2024, se pueden hacer solicitudes en línea y esperar un lapso de veinte días para recibir la información del sujeto obligado que corresponda. Solo se necesita tener una cuenta activa en la PNT y redactar los campos para ejercer tu derecho a saber. 

Estas solicitudes deben ser respondidas por los sujetos obligados, ya sean partidos políticos, organismos autónomos, dependencias gubernamentales, entre otros. El INAI no tiene tus documentos ni los de ninguno de los sujetos obligados a rendir cuentas públicas. Así como tampoco es la institución responsable de entregarlos o de responder a tus preguntas. 

“El INAI no pide información, el INAI no tiene aquí, en este edificio, un almacén lleno de cajas. Tampoco en la dirección de tecnologías; no tenemos memorias con información, nosotros somos el árbitro entre la sociedad y las autoridades”, explicó la comisionada Julieta Del Río en entrevista con Serendipia. 

Pero no siempre fue así. Lilia Saúl, periodista de investigación en Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), tiene 25 años trabajando como reportera en distintos medios de comunicación. Durante sus primeros años cubrió la fuente del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que entró en vigor con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 12 de junio de 2002. 

¿Cómo funcionaba la Transparencia antes del IFAI y el INAI?

De acuerdo con Lilia Saúl, antes de que existiera una ley de transparencia y acceso a la información en México, solicitarla al gobierno requería trámites complejos y especializados. “En aquella época, sin existir el INAI, estaba permitido hacer uso del artículo ocho (constitucional) para pedir información a cualquier entidad del gobierno”. 

El artículo ocho habla sobre tu derecho a solicitar información. Dice que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa”. 

Lilia presenció diversos casos en los que politólogos y periodistas solicitaron información a los sujetos obligados, con trabas y dificultades que serían imposibles de llevar sin asesoría jurídica. Este fue el caso del politólogo Sergio Aguayo, quien solicitó el salario del presidente Ernesto Zedillo en 1996. 

Para lograrlo, “pasó incluso por la vía legal, a través de amparos y cuestiones de juzgados”, explicó para Serendipia. 

Aguayo pertenecía a Alianza Cívica, una organización democrática en defensa del derecho a la transparencia. El 27 de marzo de 1996, la organización presentó una demanda ante el Juzgado en materia Administrativa del Distrito Federal por la violación al artículo 6 constitucional, que dice que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Con la demanda y un año de obstáculos por parte del gobierno, se logró obtener la documentación y la información. De acuerdo con Lilia Saúl, el politólogo y la organización fueron pioneros en el derecho a la transparencia. 

Hace 25 años, los periodistas, académicos y ciudadanos que requerían información de los sujetos obligados, pensaban que “si tuviéramos el derecho de acceso a la información bien estipulado en nuestra Constitución, con una entidad que vigilara y que prometiera proteger nuestro derecho a tener acceso a la información, entonces podríamos obtener de manera más rápida y expedita la información que estamos pidiendo”, dice la periodista. 

Hoy, dos décadas después, Lilia Saúl ha utilizado los mecanismos de acceso a la información pública en México para desarrollar investigaciones periodísticas sobre, por ejemplo, el destino de los fideicomisos en el país. 

Otros periodistas han expuesto tramas de corrupción como la “Estafa Maestra” o gastos irregulares como “El Negocio del Tren Maya” a través de la información obtenida por medio de estos mecanismos. 

Y si el INAI es una fachada y un “instrumento de la oligarquía conservadora” para el presidente, ¿por qué este es el gobierno que más solicitudes de información ha recibido?

Solicitudes de información en este sexenio superan a las hechas entre 2003 y 2018

De 2003 a 2018, el promedio anual de solicitudes de información tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como Infomex y los sistemas de transparencia nacionales y estatales fue de 42 mil 576.75, de acuerdo con los datos del INAI. 

Desde el primer año completo de gobierno de López Obrador en 2019 hasta la mitad de 2024, el promedio de solicitudes anuales ha sido de 376 mil 943.54. 

Solo durante lo que va del sexenio de López Obrador, se han remitido un millón 882 mil 423 solicitudes de información. Esto significa que en menos de seis años, se ha alcanzado el 87.7 por ciento de todas las solicitudes realizadas durante los 15 años anteriores.

Y de las solicitudes recibidas de forma histórica, las del sexenio de AMLO representan el 51.38 por ciento del total desde 2003 hasta junio de 2024.

Solo en este sexenio se registró 13 veces el total de quejas de 2003 a 2018

¿Y la opacidad? Esta administración también tiene el mayor número acumulado de recursos de revisión. 

Un recurso de revisión es una queja para que el INAI revise la respuesta a una solicitud dirigida a un sujeto obligado federal y resuelva si la información entregada cumplió con la petición. En los casos en los que la información es declarada como reservada, el INAI se encarga de determinar si efectivamente esa información no debe ser pública. 

Como en el caso de las solicitudes hechas, el número de recursos de revisión de los cinco años y medio del gobierno de López Obrador supera el total de los dos sexenios y medio anteriores. 

De 2003 a 2018 fueron interpuestas, en promedio, mil 713.04 quejas y recursos de revisión. Sin embargo, de 2019 a junio de 2024, durante el gobierno de López Obrador, se ha registrado un promedio anual de 21 mil 953.69 recursos de revisión, es decir, 12.8 veces el total de quejas de los 16 años anteriores. 

¿Cuáles son las dependencias más opacas en el acceso a la información?

El INAI no tiene tus documentos ni los de ninguno de los sujetos obligados a rendir cuentas públicas. Así como tampoco es la institución responsable de entregarlos o de responder a tus preguntas. 

Cuando no se responde una solicitud de información, el responsable es el sujeto obligado. Y mientras más recursos de revisión o quejas acumulen, la información que otorgan es menos transparente. 

Estos son los 20 sujetos obligados con mayor número de solicitudes y sus respectivos recursos de revisión desde 2003 hasta junio de 2024: 

La dependencia con mayor número de quejas y recursos de revisión es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ha otorgado negativas al 2.45 por ciento de todas las solicitudes que recibió. En segundo lugar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha negado a responder el 23.5 por ciento de sus solicitudes de información. Este porcentaje es superior al del IMSS porque el instituto recibe más solicitudes que cualquier otro ente público. 

La lista de entidades más opacas continúa con los siguientes sujetos obligados: 

• Secretaría de la Función Pública (SFP)
• Fiscalía General de la República
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
• Auditoría Superior de la Federación (ASF)
• Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

¿Qué se puede hacer para no desaparecer el INAI? “Necesitamos renovarnos o morir”, dice Julieta del Río

Para la comisionada Julieta del Río, existen áreas de oportunidad que pueden mejorarse para no desaparecer el INAI. “Siempre hemos estado en una situación complicada, ya que somos cuatro y, además, con polémicas”, expresa Del Río. 

Y, ¿cuáles son estas polémicas? Entre las principales, la comisionada asegura que “se crearon muchas direcciones generales para orientar, dirigir y capacitar a los sujetos obligados sobre los nuevos ordenamientos derivados de esa reforma”. No obstante, han pasado 10 años y los sujetos obligados ya no necesitan un director general que les diga qué hacer ante una reforma que fue aprobada en 2014. 

Según Julieta del Río, eliminar o simplificar la cadena de direcciones podría llevar a un ahorro de 300 millones de pesos. 

“Debemos insistir en que necesitamos renovar o morir”, dijo para Serendipia. “Si estamos hablando de inteligencia artificial, debemos aplicarla. La Plataforma Nacional de Transparencia está en una etapa de ingeniería que comenzará en septiembre. Hay que aprovechar las tecnologías”. 

Además, la comisionada invitó al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a dialogar y “no aferrarse”. 

“Si el nuevo gobierno quiere simplificar, también debemos tener la mentalidad de decir: podemos hacerlo, sin aferrarnos a no abrirnos a nuevas posibilidades”. 

¿Y qué pasa con el periodismo y la vida pública? Para la periodista Lilia Saúl, es esencial que “los legisladores entiendan la importancia de que no podemos retroceder, no se puede eliminar este derecho de un plumazo al desaparecer el INAI. Tienen que resolver de qué forma vamos a tener la misma calidad de la información, y aspirar a más, pero que no se oculte y que no se restrinja este acceso a la información. Porque entonces sí, yo creo que habrán muchos actos de corrupción y muchos problemas de legitimidad”. 

En los próximos días, el poder legislativo discutirá la reforma para desaparecer el INAI. Pero el derecho a saber y la protección de los datos personales de los mexicanos no puede estar en tela de juicio. Así sea para solicitar tu expediente del IMSS o el “papel de baño” de las oficinas presidenciales, la información es tu derecho. Y el gobierno debe garantizarlo.