Antes de 2018, el presupuesto de la SCJN aumentaba año con año. Hoy, la tendencia es a la baja y todo indica que continuará así. La nueva Corte promete terminar con los “excesos históricos”: salarios altos, prestaciones millonarias, vehículos blindados y comedores exclusivos para los ministros.

El presupuesto de la SCJN va en picada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que concluyó su periodo el 31 de agosto no es la más costosa de los últimos años. Un análisis de su presupuesto desde 2015 muestra que, en términos reales, es la que ha contado con menos recursos en la última década. Aún así, a lo largo de este periodo, entre el 66 y el 75 por ciento del presupuesto de la Corte se fue en sueldos y prestaciones.

Fue el 11 de mayo de 2023  cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría una iniciativa para reducir los fideicomisos y sueldos del Poder Judicial, además de eliminar los privilegios a ministros, jueces y magistrados para generar recursos en beneficio de las y los mexicanos. Los datos muestran que el presupuesto de la Corte sí disminuyó en términos reales a partir del año siguiente.

Pese a ello, en 2024, el presupuesto otorgado a la SCJN en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fue de cinco mil 787 millones de pesos: el más alto desde 2015. Pero un año después el monto disminuyó en 10 por ciento a 5 mil 208 millones de pesos, situándose en el sexto lugar de la última década. El presupuesto actual de la Corte es superado por los de 2022, 2017, 2023, 2018 y 2024, de acuerdo con el análisis del ejercicio del presupuesto de la SCJN. 

Pero para poder comparar de manera justa los presupuestos de cada año desde 2015, es necesario ajustarlos por inflación, porque un peso de hace 10 años no tiene el mismo poder adquisitivo que un peso de 2025. Para ello fue utilizado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de junio de cada año, que permite convertir los montos históricos a precios constantes de 2025. De esta manera, es posible ver con claridad cuál fue el valor del presupuesto en términos de poder de compra y no solo en cifras nominales.

Al hacer este ajuste, la diferencia entre los presupuestos es aún mayor: el presupuesto de 2025 queda en el último lugar, mientras que el de 2024 se sitúa en el penúltimo, mostrando que, aunque nominalmente 2024 parecía alto, en términos reales su valor fue menor que en años anteriores. Con este ajuste, el presupuesto de 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se convierte en el mayor que ha recibido la Corte en la última década.

“La recomendación a nivel internacional es que el presupuesto del Poder Judicial represente alrededor del dos por ciento del gasto programable, pero lo que hemos visto es que en 2025 representa tan solo el uno por ciento”, comentó en entrevista Jorge Cano, Coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. 

Se refiere a la recomendación del Banco Mundial, según la cual, en promedio, el Poder Judicial representa menos del 2 por ciento del gasto total de los gobiernos a nivel mundial, y un porcentaje significativo de estos montos es destinado a costos fijos como salarios, lo que limita las inversiones en avances tecnológicos esenciales para mejorar la eficiencia judicial. 

Esta cifra (el dos por ciento del gasto programable) es considerada un umbral mínimo para garantizar la independencia judicial y la eficiencia operativa, pero en la práctica muchos países no alcanzan ese porcentaje.

En 2021, México fue el país con el menor gasto en el sistema de justicia y seguridad pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al destinar solo 0.63 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ese rubro. Durante ese año, el promedio de gastos entre los países miembros de la OCDE fue de 1.76 por ciento del PIB, y Costa Rica, República Eslovaca y Letonia estuvieron en los primeros lugares del gasto con 2.63, 2.22 y 2.20 por ciento del PIB respectivamente. 

¿Qué dicen los datos sobre el gasto de la Corte?

El crecimiento poblacional y la asignación de nuevas responsabilidades, como la resolución de casos laborales, han incrementado la carga de trabajo de la Suprema Corte, dice Cano. Esto, sumado a la reducción presupuestal, obliga a la Corte a resolver más asuntos con menos recursos, generando cuellos de botella y desafíos operativos que podrían complicar el inicio de funciones del nuevo Poder Judicial y sus miembros.

En este contexto, ¿cuáles son los rubros que ha priorizado la SCJN desde hace una década?

Al analizar el detalle del presupuesto desde 2015, los servicios personales (sueldos y prestaciones) representan el mayor porcentaje del gasto ejercido por la Corte de manera constante. 

Entre 2015 y 2024, estos rubros absorbieron entre el 66 y el 75 por ciento del presupuesto de la Corte, lo que confirma que la mayor parte de los recursos se destina al pago de nómina, como ocurre en la mayoría de las dependencias federales.

De acuerdo con Cano, esto significa que la mayor parte del gasto se concentra en sueldos y prestaciones de funcionarios públicos con funciones muy específicas, lo que dificulta hacer recortes sin vulnerar derechos laborales o sin desincentivar la contratación de personal calificado.

El análisis de los datos muestra que, en todos los años, las prestaciones y compensaciones otorgadas al personal han llegado a superar los sueldos base. Si bien los ministros y consejeros cuentan con salarios mucho más altos que el resto de los funcionarios, Cano aclara que su costo no representa ni el uno por ciento del presupuesto total del Poder Judicial.

“En términos políticos y sociales puede generar molestia que haya funcionarios con sueldos tan elevados, pero en realidad lo que más consume recursos no son esos salarios de alto nivel, sino la nómina del resto de los funcionarios. Y en buena medida sus percepciones están alineadas con las de otros trabajadores del sector público federal”, explicó..

Pero la ministra Batres no está de acuerdo. “Hay prestaciones muy abusivas. Hay una prestación que le llaman de alimentos, que este año es de 85 mil pesos que se le pagan a cada Ministro además de otorgarles el servicio de comedor gratuito dentro de la Corte, que por cierto solamente los ministros recibimos ese subsidio, los trabajadores no”, dijo en entrevista con “Los Periodistas”.

Agregó que el presupuesto previsto para 2026 aún refleja privilegios heredados de la administración anterior y debe disminuir porque mantiene privilegios y partidas excesivas.

Más allá de este tipo de beneficios, también existen otros gastos que llaman la atención en el presupuesto de la Corte. Otro rubro relevante es el de Servicios Generales, que incluye servicios básicos, arrendamiento, servicios profesionales, financieros, comunicación social, servicios funerarios, entre otros. Este rubro ha mostrado variaciones importantes: en 2018 se ejercieron más de 815 millones de pesos y en 2024 esta cifra alcanzó casi 843 millones, uno de los niveles más altos de la última década. Hasta junio de 2025 habían sido ejercidos 332 millones de pesos en ese rubro. 

Mientras tanto, las transferencias, subsidios y ayudas se han mantenido estables en montos relativamente bajos, entre 35 y 70 millones de pesos anuales.

Los rubros de inversión han mostrado los cambios más drásticos. El gasto en bienes muebles, inmuebles e intangibles superó los 358 millones de pesos en 2018, pero para 2024 se redujo a apenas 61 millones. La inversión pública, por su parte, ha sido marginal: la mayor parte de los años no ha rebasado los 30 millones de pesos, con excepciones como 2018 (202 millones de pesos) y 2016 (182 millones de pesos).

Con menos dinero para la Corte, ¿habrá más claridad en el gasto?

El 12 de agosto el pleno de la SCJN aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2026 con cinco mil 869 millones de pesos. Esto es un incremento real de 8.1 por ciento con respecto al de este año, según dio a conocer la ministra electa Batres. Un día después, el ministro presidente electo, Hugo Aguilar, aseguró que los nuevos ministros adecuarán el presupuesto e irán a la baja, por ejemplo, en salarios. 

Jorge Cano señaló que cualquier propuesta para reducir el presupuesto del Poder Judicial “debe ir acompañada de una evaluación seria de sus finanzas”. Explicó que sería importante que instancias como la Secretaría de Hacienda o el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados realicen un análisis técnico, ya que “si no se aseguran los recursos suficientes, quienes van a salir perdiendo son los ciudadanos”.

Además de esta reducción en los salarios y el presupuesto general de la SCJN, en 2026 se esperaría una mayor transparencia presupuestal por parte de las y los nuevos ministros. “El Poder Judicial nunca se ha caracterizado por ser muy transparente”, dice Cano. Los datos tienen “muy poco desglose en cuanto a las líneas programáticas, es decir, para entender en qué programas o en qué objetivos se utiliza el presupuesto y esto limita mucho el análisis y también el entendimiento por parte, en primer lugar de los investigadores, pero en segundo lugar de cómo se lo explicamos a la ciudadanía”, concluye el analista. 

El rumbo del presupuesto de la Suprema Corte en 2026 dependerá de cómo se implementen las reducciones anunciadas y del nivel de detalle con que se informe sobre su uso. Un análisis técnico de los recursos y un desglose claro de los gastos permitirán conocer con precisión en qué se invierte el presupuesto y facilitarán el seguimiento por parte de la ciudadanía e investigadores.

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