Los estudiantes de cine en Jalisco asesinados en 2018 no han tenido justicia. Sus familias denuncian que la Fiscalía construyó una “verdad histórica” para no buscarlos. 

En 2018, tres estudiantes de cine en Jalisco fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos fueron presuntamente disueltos en ácido por el crimen organizado. Siete años después de este crimen atroz, sus familias denuncian que la “verdad histórica” creada por la Fiscalía estatal y el gobierno mexicano podría no ser cierta. 

Estas denuncias ocurren tras las negligencias descubiertas en la investigación de los hornos crematorios del rancho Izaguirre en Teuchitlán. Después de que el fiscal general Alejandro Gertz Manero reconociera las graves omisiones de la Fiscalía de Jalisco, las versiones de las autoridades se caen a pedazos: de acuerdo con el juez del caso de los estudiantes, los bidones en los que presuntamente disolvieron sus cuerpos no tienen rastros de ácido ni materia humana, solo diésel. 

Todo empezó el 19 de marzo de 2018. Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum eran estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV en Guadalajara. Esa tarde, viajaron a Tonalá para grabar una tarea. 

De acuerdo con la versión de las autoridades, fueron secuestrados y brutalmente golpeados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Como uno de ellos murió por la golpiza, asesinaron a sus dos compañeros y los llevaron a una finca de la calle Amapola, en la colonia Prados de Coyula en Tonalá, donde supuestamente quemaron sus cuerpos con ácido sulfúrico.

Cronología de la desaparición de los tres estudiantes de cine en Jalisco

El 25 de abril de 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) confirmó la versión del hallazgo de la Fiscalía estatal, misma que expresa que los tres estudiantes de cine en Jalisco fueron secuestrados y asesinados por el CJNG. 

Sin embargo, fue hasta 2024 cuando se impusieron condenas de 75 años de prisión a cinco individuos por el delito de secuestro agravado. Los sentenciados son:

• Luis Fernando Martínez González, conocido como “Cochi”
• Javier Antonio López Pérez “QBA”
• Samuel Alejandro Ramírez Torres “Kalimba”
• Diego Alberto Sánchez Morales “Tun Tun”
• Ricardo Josué Herrera López “Choco”. 

Pero la condenas y pesquisas han sido inconsistentes desde el primer momento de la desaparición de los estudiantes. Las llamadas al 911 no fueron atendidas, la Fiscalía le dio largas a las familias durante años y ahora, con el hallazgo en Teuchitlán, han revivido la investigación de esta extrema violación a los derechos humanos de tres jóvenes que solo querían cumplir sus sueños como artistas. 

Esta es la cronología del caso de los tres estudiantes de cine en Jalisco y lo que se sabe de la investigación hasta el momento: 

19 de marzo de 2018, alrededor de las 20:00 horas:

• Javier, Marco, Jesús y tres compañeras de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) terminaron sus filmaciones en una finca ubicada en Tonalá. De acuerdo con El Universal, se creía que la propiedad pertenecía a Edna “N”, tía de Javier Salomón. 
• Sin embargo, la finca era propiedad de Diego Gabriel Mejía Odilen, alias “El Diego”, un integrante del Cártel Nueva Plaza (CNP), rival del CJNG en Tonalá.
• Ese mismo día, Gerardo “N” y Omar “N”, miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), vigilaban la finca por presuntos rumores de que “El Diego” podría ser liberado del reclusorio en el que estaba prisionero. Al observar actividad en el lugar, informaron a un superior, quien ordenó seguir a los jóvenes y retenerlos.
• Los estudiantes fueron interceptados en el Nuevo Periférico y llevados a una casa ubicada en el número 89 de la calle Lechuza, en el fraccionamiento Pinar de las Palomas, en Tonalá. Ahí fueron interrogados y brutalmente golpeados. Según las investigaciones de la Fiscalía retomadas por El Universal, uno de ellos falleció por la golpiza. Los delincuentes decidieron asesinar a los otros dos.
• Esa noche, los cuerpos de los tres jóvenes fueron trasladados a una finca en la colonia Prados de Coyula, en Tonalá, donde presuntamente fueron disueltos en ácido sulfúrico.
• Edna “N” denunció el secuestro y desaparición ante la policía de Tonalá, pero las autoridades tardaron más de cuatro horas en responder una sola llamada del 911. 

20 de marzo de 2018:

• Los compañeros y amigos de los tres estudiantes de cine en Jalisco comenzaron a difundir el caso en redes sociales, solicitando ayuda para localizarlos. La noticia se viralizó rápidamente y fue retomada por los medios de comunicación. En ese momento, se confirmó que las tres compañeras que los habían acompañado regresaron a salvo. 
• Inmediatamente, estudiantes y profesores del CAAV, junto con familiares de los tres estudiantes de cine en Jalisco, organizaron una marcha por la avenida Chapultepec hasta la Glorieta de los Niños Héroes, exigiendo la aparición con vida de los jóvenes.

21 de marzo:

• Empezaron las asambleas de estudiantes de varias universidades en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG y convocaron una segunda manifestación para el día siguiente.
• Esa tarde, el cineasta Guillermo del Toro hizo una publicación sobre el caso en sus redes sociales, aspecto que aumentó la visibilidad del caso y llamó la atención de las autoridades.
• La Fiscalía citó a declarar a cinco policías de Tonalá asignados al cuadrante donde desaparecieron los estudiantes.

22 de marzo:

• Aproximadamente seis mil 500 personas participaron en una marcha para exigir la aparición con vida de los estudiantes y de todos los desaparecidos en Jalisco, la entidad con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional.
• La marcha partió de la Glorieta de los Niños Héroes, renombrada ese día como “Glorieta de las y los Desaparecidos”, y culminó frente a las instalaciones de la Fiscalía en la Calzada Independencia, donde se exigió la intervención del gobierno federal.

29 de marzo:

• La operadora del 911 fue suspendida por negligencia, ya que demoró horas en responder la llamada y transmitir la información sobre el secuestro de los estudiantes de cine en Jalisco a la policía municipal.
• Ante la falta de avances en el caso, se convocó a una movilización frente al recinto Expo Guadalajara, donde se realizaba el evento “Talent Land”. El entonces gobernador Aristóteles Sandoval afirmó que, de ser estudiante, haría lo mismo que los manifestantes y se comprometió a encontrarlos.
• Ese día, Juan Carlos Barragán González, alias “El Canzón” fue asesinado en las calles de Guadalajara. Posteriormente se identificó como el responsable de dirigir el operativo para privar de la libertad a los jóvenes.
  • Según las declaraciones de “El Cochi” para la Fiscalía, Barragán manejó uno de los dos vehículos en que los jóvenes fueron levantados y fue el encargado de torturar a uno de los estudiantes, llamándole más tarde para avisar que “se nos fue el muchacho y lo iban a pasar (a otra casa) para hacerlo agua”. 
• Durante un programa de radio, el gobernador otorgó un plazo de 15 días a su fiscal, Raúl Sánchez Jiménez, para localizar a los estudiantes desaparecidos.
• Por la noche, Edna “N”, tía de Javier Salomón, fue detenida por la Fiscalía de Jalisco tras declarar sobre el caso. Junto con otras dos mujeres, fue acusada de lenocinio (el hecho de asistir o “alcahuetear” un crimen). 

30 de marzo:

• La Fiscalía allanó cinco estéticas masculinas administradas por Edna “N” e intentó vincularla a proceso, pero la audiencia se pospuso 144 horas a petición de la defensa.
• Estudiantes del CAAV realizaron otra movilización en la Glorieta de los Niños Héroes.

31 de marzo:

• Un juez vinculó a proceso a Edna “N” y a las otras dos mujeres por el delito de lenocinio. Se iniciaron nuevos allanamientos en las estéticas y en varias fincas de Tonalá.
• Por la tarde, se llevó a cabo una segunda asamblea interuniversitaria, donde se decidió organizar una nueva movilización masiva para el 19 de abril, fecha límite establecida por el gobernador para resolver el caso.

1 de abril:

• Tras varios allanamientos en fincas de Tonalá, la Fiscalía localizó la casa en la colonia Prados de Coyula donde presuntamente se disolvieron en ácido los cuerpos de los estudiantes y otras personas. 
• Para entonces, ya se contaba con testigos protegidos y se había detenido a Omar “N” y Gerardo “N”, los miembros del CJNG que vigilaban la finca en la que grabaron los estudiantes el 19 de marzo. 

19 de abril de 2018:

• Se cumplió el plazo impuesto por el gobernador para dar con el paradero de los estudiantes. Los peritajes en la finca de Amapola 450 continuaron.
  Una manifestación de aproximadamente 500 personas marchó desde la Glorieta de los Niños Héroes hasta el palacio de gobierno, exigiendo respuestas y claridad en la investigación.

La Fiscalía informó en una rueda de prensa que los estudiantes fueron asesinados y disueltos en ácido por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por la noche, los manifestantes se reunieron frente a Casa Jalisco para encender veladoras en memoria de los estudiantes y exigir justicia. 

Las familias de los estudiantes dicen que “todo ha sido una mentira”

En 2018, el gobierno de Jalisco aseguró que los tres jóvenes habían sido asesinados y que sus cuerpos fueron disueltos en ácido, por lo que era imposible buscar sus cuerpos. Las familias se quedaron sin un cuerpo que enterrar y sus restos se desvanecieron en el olvido.  Sin embargo, en 2024, un juez desestimó esta versión al considerar que no existían pruebas contundentes que respaldaran que fueron “disueltos” en este químico. 

Los padres de Marco y Daniel han rechazado de manera categórica la llamada “verdad histórica” impuesta por las autoridades, afirmando que “todo ha sido una mentira”, dijeron para Proceso. Virginia García y Miguel Díaz, padres de Jesús Daniel, junto con Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco, han expresado que las investigaciones han sido deficientes.

A lo largo de siete años, las familias han mantenido una lucha constante para esclarecer el paradero de sus hijos. Han proporcionado información valiosa y han exigido justicia, pero se enfrentan a un sistema que, según ellos, ha fallado en todos los niveles. “Si ellos hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, quizás hoy tendríamos a nuestros hijos, pero eso no pasó”, declaró Virginia García para Proceso.

“En el juicio, una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses afirmó que en los bidones donde supuestamente habían disuelto a nuestros hijos no se encontraron restos humanos; únicamente diésel”, recalcó Virginia.

A siete años de la desaparición, las familias de Marco, Daniel y Javier continúan exigiendo que se busque a los jóvenes con vida y que se haga justicia. Su lucha no solo es por sus hijos, es por la lista de negligencias que acumula la Fiscalía estatal en las crisis de desapariciones que sufre Jalisco. 

Las preguntas sobre el paradero de los tres estudiantes de cine en Jalisco permanecen sin respuesta, y sus familias insisten en que no descansarán hasta encontrar la verdad. Su reclamo es claro: justicia, transparencia y un Estado que cumpla con su deber de proteger y garantizar los derechos más básicos de sus ciudadanos: no ser desaparecidos ni asesinados sistemáticamente.