Feminicidio de Cindy en Cuautitlán. Cindy Tavera Medrano, de 25 años, y su madre, Teresita de Jesús, fueron asesinadas en su domicilio en San Francisco Cascantitla; el crimen dejó a dos menores en orfandad.

El feminicidio de Cindy en Cuautitlán expuso, una vez más, las fallas en la prevención de la violencia de género en el Estado de México. Cindy Tavera Medrano, de 25 años, y su madre, Teresita de Jesús Tavera Guadarrama, de 53, fueron asesinadas al interior de su domicilio en la colonia San Francisco Cascantitla. El principal sospechoso es Erick Antonio “N”, expareja de Cindy, quien permanece prófugo.

El crimen ocurrió la tarde del 12 de enero de 2026 y ha generado indignación social no solo por la brutalidad del ataque, sino porque existían antecedentes de violencia que no fueron contenidos a tiempo. Dos menores de edad, hijos de Cindy, sobrevivieron: uno fue testigo del ataque y la otra fue abandonada horas después en una guardería.

¿Qué pasó en el domicilio de San Francisco Cascantitla?

De acuerdo con autoridades locales, alrededor de las 16:00 horas se recibió un reporte por la presencia de dos mujeres inconscientes al interior de un departamento ubicado cerca del Tren Suburbano. Al ingresar, los cuerpos de Cindy y Teresita fueron hallados con golpes contusos en la cabeza: Cindy en la sala y su madre en una habitación.

Un niño de seis años, hijo de Cindy, logró resguardarse en un cuarto y posteriormente declaró que el agresor fue su padre. La menor de tres años no se encontraba en el domicilio y en un primer momento se activó un protocolo de búsqueda; más tarde se confirmó que había sido dejada en una guardería del municipio de Tultepec y quedó bajo resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

¿Quiénes eran Cindy y Teresita?

Cindy Tavera Medrano tenía 25 años y era madre de dos niños. Familiares y vecinos relataron que había decidido terminar una relación violenta apenas 15 días antes. Su intención era rehacer su vida lejos de las agresiones.

Teresita de Jesús, su madre, tenía 53 años y vivía con una discapacidad: se desplazaba en silla de ruedas tras la amputación de ambas piernas a causa de la diabetes. Era conocida en la colonia por su carácter solidario, su cercanía con la comunidad y por pasar la mayor parte del tiempo en casa haciendo manualidades.

Ambas fueron asesinadas presuntamente cuando Teresita intentó defender a su hija. También murió la mascota de la familia, un perro chihuahua.

El presunto feminicida y los antecedentes de violencia

El principal sospechoso del feminicidio de Cindy en Cuautitlán es Erick Antonio “N”, expareja de la joven y padre de la menor de tres años. De acuerdo con familiares, el hombre ya había sido denunciado previamente por violencia familiar, luego de que el niño mayor resultara con una fractura de fémur.

Esa denuncia fue presentada ante autoridades del Estado de México, pero posteriormente fue retirada, lo que permitió que el agresor quedara en libertad. Este antecedente es clave para entender cómo la falta de seguimiento institucional puede derivar en consecuencias fatales.

Tras el crimen, Erick Antonio “N” huyó. Autoridades estatales mantienen operativos de búsqueda en municipios como Tultitlán, Tultepec, Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla. Hasta el momento, no ha sido detenido.

52 feminicidios en el Estado de México

Entre enero y noviembre de 2025, el Estado de México registró 52 feminicidios, según el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De acuerdo con estos datos, es la segunda entidad con más víctimas a nivel nacional, solo detrás de Sinaloa, que registró 63 feminicidios en el mismo periodo.

Los menores: víctimas indirectas del feminicidio

El niño de seis años es testigo clave del caso y recibe acompañamiento institucional. La menor de tres años fue localizada con vida y permanece bajo custodia familiar y del DIF, conforme a los protocolos de protección a la infancia.

Ambos son considerados víctimas indirectas del feminicidio de Cindy en Cuautitlán, lo que obliga al Estado a garantizar atención psicológica, jurídica y social a largo plazo, además de condiciones de seguridad y estabilidad.