En su informe sobre el Rancho Izaguirre, la Fiscalía General de la República descartó que el lugar fuera un crematorio del CJNG y aseguró que funcionaba como centro de adiestramiento criminal, pese a que autoridades locales sabían de su operación desde 2021.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó el informe sobre Rancho Izaguirre. El funcionario asegura que no existen pruebas que acrediten que el sitio ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fuera utilizado como centro de cremación por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como habían denunciado madres buscadoras. En cambio, señaló que el inmueble fue empleado como un centro de adiestramiento y reclutamiento por parte del grupo criminal, y criticó que las autoridades locales supieran del caso desde 2021 sin haber actuado.

En una conferencia de prensa celebrada este martes, Gertz Manero explicó que peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo un análisis técnico exhaustivo del Rancho Izaguirre. El resultado: ni los materiales ni el entorno mostraron rastros de haber alcanzado las temperaturas necesarias —superiores a los 800 grados Celsius— para la incineración de cuerpos humanos.

“Se revisaron piedras, tierra, materiales de construcción, se tomaron muestras. Se hizo un análisis con laboratorios de la UNAM. El dictamen es claro: no hay evidencia de temperaturas por encima de los 200 grados. Eso descarta cualquier posibilidad de cremación humana en el sitio”, explicó el fiscal. Esta aseveración contradice versiones anteriores basadas en testimonios de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que señalaron el lugar como una posible fosa clandestina.

Sin embargo, el informe sobre Rancho Izaguirre no fue solo técnico. Gertz también lanzó duras críticas contra las autoridades locales de Jalisco, particularmente del municipio de Teuchitlán. Según dijo, desde 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos había alertado sobre actividades irregulares en el rancho, pero las autoridades no intervinieron. “Estaban enterados. No hicieron nada durante años”, recalcó.

El inmueble fue intervenido hasta 2024, cuando fuerzas federales, junto con autoridades estatales, realizaron un operativo que terminó con la detención de diez personas, el rescate de dos víctimas de secuestro y el hallazgo de un cuerpo sin vida que había sido envuelto en plástico.

Más que un rancho: centro de adiestramiento criminal

Gertz Manero aseguró que hay evidencia suficiente para afirmar que el rancho no era un sitio de eliminación de cuerpos, sino un centro operativo del CJNG. “Ese lugar se usaba para reclutar, adiestrar y operar. Está acreditado con confesionales, testimoniales y pruebas documentales”, puntualizó.

Entre los hallazgos del operativo destacan zanjas y agujeros en los que se realizaron fogatas, además de una vasija que contenía fragmentos de hueso. El fiscal explicó que estos restos están siendo analizados para determinar su origen y antigüedad. Aunque reconoció la presencia de estos elementos, reiteró que no implican que el rancho haya sido utilizado para cremaciones masivas.

Además, adelantó que hasta ahora se han iniciado 14 procesos judiciales relacionados con delincuencia organizada, desaparición forzada y homicidio. “Ya se cumplieron las órdenes de aprehensión en estos casos, y seguiremos actuando, incluso contra autoridades locales que hayan sido omisas o coludidas”, declaró.

Omisiones, encubrimiento y preguntas sin responder

Uno de los puntos más delicados del informe sobre Rancho Izaguirre es la posible responsabilidad de funcionarios locales y estatales que, con conocimiento de causa, habrían permitido que el sitio operara sin consecuencias durante al menos tres años. Aunque Gertz no mencionó directamente al exgobernador Enrique Alfaro, al ser cuestionado por reporteros sobre si su administración sabía lo que sucedía en Teuchitlán, respondió: “Si desde 2021 ya existía una notificación formal de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, las autoridades estaban informadas”.

La omisión de las autoridades locales adquiere mayor gravedad cuando se considera la violencia sistemática que enfrenta Jalisco, uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas en México. La falta de acción en el caso del Rancho Izaguirre revela no solo una negligencia institucional, sino también posibles redes de protección o colusión con grupos criminales.

El silencio institucional permitió que durante años el inmueble fuera utilizado como centro operativo del cártel, incluso mientras madres buscadoras y colectivos ciudadanos alertaban sobre lo que ocurría en la zona. La falta de respuesta alimentó el clima de impunidad que ha caracterizado la crisis de desapariciones en el país.

La otra cara del hallazgo: las madres buscadoras

El caso del Rancho Izaguirre tomó notoriedad nacional luego de que madres buscadoras localizaran el sitio y lo señalaran como un posible crematorio clandestino. Aunque el informe oficial descarta esta versión, el valor de estas mujeres sigue siendo central en la narrativa. Fueron ellas quienes abrieron el camino hacia una investigación más profunda, y también quienes enfrentan las consecuencias más violentas de esta crisis.

Tan solo días antes de la conferencia de prensa, una madre buscadora y su hijo fueron asesinados en Tlajomulco, también en Jalisco. Ambos habían recibido amenazas. Este crimen se suma a una larga lista de agresiones contra activistas que buscan a sus seres queridos y que, muchas veces, logran más avances que las instituciones oficiales.

Informe sobre Rancho Izaguirre: cierre provisional, pero no definitivo

Aunque la Fiscalía ha emitido un dictamen claro sobre el uso del Rancho Izaguirre, quedan muchas preguntas abiertas. ¿Quiénes protegieron al CJNG en esa región durante tantos años? ¿Por qué no se actuó pese a las advertencias? ¿Qué papel jugaron las autoridades estatales y municipales en este encubrimiento?

El informe sobre Rancho Izaguirre es apenas el inicio de una investigación que, de acuerdo con Gertz Manero, continuará hasta llegar a todas las personas implicadas, sin importar su cargo. Lo cierto es que este caso ha puesto nuevamente en el centro del debate nacional la debilidad institucional frente al crimen organizado, así como la urgencia de garantizar justicia para las víctimas de desaparición forzada y sus familias.

En un país donde las cifras oficiales superan las 100 mil personas desaparecidas, lo ocurrido en Teuchitlán no es una excepción, sino un reflejo más de una crisis que exige verdad, justicia y rendición de cuentas.