Leonardo Escobar, profesor de la Ibero, denunció que fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional durante una detención irregular en el Aeropuerto de Monterrey, agresión que le provocó fracturas en las costillas y lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad tras permanecer desaparecido por casi dos semanas en Nuevo León.

Leonardo Escobar, profesor de la Ibero, académico colombiano de la Universidad Iberoamericana Puebla, denunció públicamente que fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional (GN) durante una detención irregular en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, hechos que, según su testimonio, le provocaron fracturas en tres costillas y lo dejaron en una situación de extrema vulnerabilidad que puso en riesgo su vida.

El caso, que mantuvo en vilo a la comunidad universitaria y a organizaciones de derechos humanos durante casi dos semanas, fue expuesto este lunes 19 de enero de 2026 en una conferencia de prensa convocada por la Ibero Puebla, donde se transmitió un video con el primer testimonio del docente tras haber sido localizado con vida.

“Fui golpeado por la Guardia Nacional”: Leonardo Escobar

En el mensaje grabado, Leonardo Escobar relató que su detención, ocurrida el 31 de diciembre de 2025, nunca fue registrada oficialmente, como lo marca la ley. De acuerdo con su versión, fue asegurado por elementos de la GN tras un altercado en el aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. “Fui golpeado por la Guardia Nacional, lo que me generó una fractura de costillas”, afirmó.

Durante ese periodo, explicó, no recibió atención médica, alimentos ni agua. La falta de asistencia fue tal que se vio obligado a beber agua de un grifo oxidado, lo que le provocó alteraciones de conciencia y desorientación.

Una detención sin registro y tres días en prisión

Según el propio testimonio del docente, tras su arresto fue trasladado a una cárcel municipal en Apodaca, donde permaneció aproximadamente tres días, del 31 de diciembre al 2 de enero. Sin embargo, su nombre nunca fue ingresado al Registro Nacional de Detenciones, una omisión que encendió las alertas por posibles violaciones graves a derechos humanos.

Esta falta de registros oficiales fue confirmada posteriormente por la Universidad Iberoamericana Puebla, que desde los primeros días de enero denunció inconsistencias en la información proporcionada por las autoridades municipales y federales.

Leonardo Escobar fue liberado, despojado y quedó sin acceso al aeropuerto

Tras su liberación, Leonardo Escobar profesor de la Ibero aseguró que fue despojado de sus pertenencias y que la misma autoridad le impidió el acceso al aeropuerto de Monterrey, pese a que necesitaba continuar su trayecto hacia la Ciudad de México.

Desorientado, sin documentos ni dinero, pasó una noche dentro del aeropuerto por razones que dijo desconocer. Posteriormente, fue obligado a alejarse del lugar por elementos policiales.

“Sin documentos, sin dinero y sin nada, me vi llevado a una situación totalmente vulnerable”, narró.

Vivió en situación de calle durante varios días

Del 2 al 6 de enero, el académico permaneció en los alrededores del aeropuerto, sin comer ni beber agua, sin recibir apoyo de la población civil. Para evitar la deshidratación y el sol, se refugió entre la maleza. “Prácticamente viví una situación de calle”, relató.

Esta etapa es clave para entender la gravedad del caso de Leonardo Escobar, pues evidencia una cadena de omisiones institucionales que lo dejaron sin protección alguna.

Rescate fortuito y pérdida de conciencia

Después de varios días, Escobar fue localizado por una patrulla de una clínica de rehabilitación, cuyos integrantes lo confundieron con una persona en situación de calle. Se encontraba inconsciente, por lo que fue trasladado a sus instalaciones en el municipio de Juárez, Nuevo León, hecho que (según sus propias palabras) le salvó la vida.

Escobar permaneció en ese centro durante aproximadamente 10 días. No recuerda ese periodo: quienes lo atendieron señalaron que se mantuvo en mutismo y únicamente bebía agua. Fue hasta el 15 de enero cuando recobró la conciencia y recordó su identidad.

La presión universitaria y la movilización social

La desaparición de Leonardo Escobar fue reportada formalmente el 6 de enero, cuando su pareja alertó a la universidad sobre su ausencia al inicio del semestre. A partir de ese momento, la Ibero Puebla activó protocolos internos, contactó al Instituto Nacional de Migración (INM) y comenzó una intensa campaña de difusión.

Videos de cámaras migratorias confirmaron que el académico pasó sin problemas los filtros del INM, lo que descartó fallas en esa instancia y apuntó directamente a la actuación de la Guardia Nacional y la policía municipal de Apodaca.

Estudiantes, docentes, egresados y familiares (incluida su hermana desde Colombia) impulsaron la búsqueda en redes sociales. Organizaciones civiles se sumaron, mientras que el 16 de enero se realizaron manifestaciones en Puebla para exigir su localización y transparencia.

Localización con vida, pero sin justicia

El 16 de enero, la Fiscalía de Nuevo León confirmó la localización con vida de Leonardo Escobar profesor de la Ibero en el municipio de Juárez. No obstante, los comunicados oficiales no aclararon cómo llegó al lugar ni bajo qué circunstancias permaneció desaparecido.

Durante la conferencia de prensa, el rector de la Ibero Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, fue enfático: la localización con vida no equivale a justicia.

La universidad exigió el esclarecimiento de los hechos con base en evidencia acreditable y el testimonio de la víctima, además de un alto a la criminalización y estigmatización del docente. También advirtió sobre la filtración de información oficial que revictimiza y vulnera sus derechos.

Un caso que no puede quedar aislado

Finalmente, Leonardo Escobar afirmó que su experiencia no debe tratarse como un hecho aislado, sino como un ejemplo de los riesgos que enfrentan las personas ante detenciones irregulares y abusos de autoridad en México.

En un país con más de 130 mil personas desaparecidas, su caso reabre el debate sobre la rendición de cuentas, el uso de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad y la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos, incluso cuando se trata de detenciones administrativas.