Militares condenados por asesinar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo recibieron sentencia tras dos años de lucha por justicia. Un juez federal declaró culpables a cuatro elementos del Ejército Mexicano por homicidio calificado y tentativa de homicidio, luego de que dispararan sin justificación contra los jóvenes en febrero de 2023.

Militares condenados por asesinar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo han recibido finalmente sentencia tras dos años de lucha por justicia. Wilberto Mata, Gustavo Ángel Suárez, Jonathan Aguilar, Alejandro Trujillo y Gustavo Pérez fueron brutalmente ejecutados por elementos del Ejército Mexicano la madrugada del 26 de febrero de 2023 en Tamaulipas. La agresión ocurrió cuando celebraban que uno de ellos sería padre. Este lunes, un juez federal dictó sentencia contra cuatro uniformados del 16º Regimiento de Caballería Motorizada por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El caso, que conmocionó al país y expuso el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, tuvo lugar en las calles de Nuevo Laredo cuando los jóvenes regresaban a casa en una camioneta. En su trayecto, fueron emboscados por patrullas militares sin previo aviso. Al menos tres vehículos del Ejército participaron en la persecución y, tras un impacto intencional en la parte trasera de la camioneta, los soldados abrieron fuego contra ellos.

Uno de los sobrevivientes, Alejandro Pérez, describió el horror del ataque.

Pérez aseguró que los soldados dispararon nuevamente a uno de sus amigos cuando este, herido, pedía una ambulancia. “Luego me preguntaron si quería vivir o morir y me dijeron que me declarara culpable, mientras me grababan en video. Que dijera que íbamos huyendo, lo cual no es verdad”.

El juez Juan Gonzaga Sandoval, del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, determinó que no hubo justificación alguna para la agresión y condenó a Agustín “N”, Bernardo “N”, Jorge “N” y Juan Carlos “N”, todos con el grado de cabo de caballería. La resolución se basó en el testimonio del capitán de Caballería, Elio Conde Toledano, quien declaró que los acusados dispararon sin recibir una orden superior.

Un fallo histórico para las víctimas y sus familias

El 26 de febrero se cumplen dos años de la masacre, un caso que ha generado indignación y ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular el papel del Ejército en funciones de seguridad pública. Los familiares de las víctimas han convocado a una conferencia de prensa para este martes junto con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Posteriormente, llevarán a cabo ceremonias privadas en memoria de los cinco jóvenes asesinados.

Según el abogado Roberto Puente, quien representa a los familiares, este caso podría sentar un precedente en la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas. “Es un fallo histórico que demuestra que no hay impunidad absoluta para los abusos cometidos por elementos castrenses”, aseguró Puente.

La audiencia para la individualización de la pena se realizará los días 3, 4 y 5 de marzo, cuando se definirá cuántos años de prisión enfrentarán los militares. Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha mantenido silencio sobre el fallo, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos.

Un testimonio que desmonta la versión oficial

Desde un inicio, la Sedena trató de justificar la agresión al alegar que los militares “escucharon disparos de armas de fuego” y vieron a los jóvenes conducir a “exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas”. Pero estas afirmaciones fueron desmentidas por los testigos y por los videos del ataque. Las pruebas presentadas en el juicio confirmaron que los militares actuaron sin provocación y que ejecutaron a algunos de los jóvenes incluso cuando ya estaban sometidos.

Alejandro Pérez, el sobreviviente, reafirmó su testimonio. “Nomás llegaron y nos balacearon toda la troca. Yo iba atrás del chofer y me alcancé a bajar y arrodillar. No hicimos nada. Nos atacaron sin razón“.

Este caso se suma a una lista de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en la región. En Nuevo Laredo han sido documentadas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en los últimos años, muchas de ellas sin justicia para las víctimas. La condena de los cuatro militares es un paso en la dirección correcta, pero los familiares de los jóvenes asesinados exigen más: justicia plena y garantías de no repetición.