Tres casos recientes de niñas desaparecidas en Puebla ponen en duda la versión de la Fiscalía: ¿se fueron por voluntad propia o fueron víctimas de un delito?

Recientemente tres casos de niñas desaparecidas en Puebla conmocionaron a la entidad. El 24 de febrero, la desaparición de Guadalupe Hernández Luna, una niña de 13 años, conmocionó a Puebla. La menor salió de su hogar en la colonia El Conde para dirigirse a su escuela secundaria, pero nunca llegó a su destino. Una semana después, el 3 de marzo, su familia bloqueó el crucero de San Felipe Hueyotlipan para exigir a las autoridades que aceleren la búsqueda.

Lo que parecía una desaparición de alto riesgo fue, según la Fiscalía General del Estado (FGE), una “fuga por voluntad propia”, una afirmación que ha desatado la indignación de los familiares y cuestionado el papel de las autoridades en este caso. Esta fue la misma explicación que dieron las autoridades en el caso de Miriam y Victoria, otras dos adolescentes reportadas como desaparecidas en la entidad.

Estos casos han puesto en evidencia las fallas en los protocolos de búsqueda y el trato hacia las víctimas. En este contexto, la versión de la Fiscalía, que sostiene que las menores de edad se fueron por su cuenta, no solo resulta polémica, sino también incompatible con las leyes mexicanas que protegen a las menores de 18 años contra cualquier tipo de abuso, incluidas las situaciones de manipulación o coerción.

La declaración de la Fiscalía y la controversia sobre la “voluntad propia”

Luego de varios días sin noticias, el 3 de marzo la FGE informó que Guadalupe había sido localizada en el Centro Histórico de Puebla, acompañada de un hombre de 22 años. A pesar de que la niña apareció en compañía de un adulto, las autoridades sostuvieron que se trataba de una huida voluntaria, algo que no solo sorprende a la familia de la menor, sino que también plantea serias dudas sobre el proceso de investigación.

Guadalupe, con apenas 13 años, es considerada una menor de edad, lo que significa que no tiene la capacidad legal para consentir situaciones que involucren a un adulto, tal como estipula el Código Penal de Puebla. La afirmación de que se fue por su voluntad entra en conflicto con esta realidad legal, ya que cualquier tipo de relación con una persona mayor de 18 años puede constituir un delito de abuso o violación.

Este caso se asemeja a otros ocurridos en el estado, donde la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades ante las desapariciones ha generado movilizaciones sociales, como ocurrió en los casos de las menores Miriam y Victoria, quienes también fueron localizadas después de días de búsqueda. Estas protestas han demostrado ser cruciales para forzar la actuación rápida de la Fiscalía.

El caso de Miriam y Victoria: Un patrón de desconfianza

El caso de Guadalupe no es aislado. En Puebla, las desapariciones de menores de edad han sido un tema recurrente, y las respuestas de las autoridades no siempre han sido satisfactorias. En particular, el caso de Miriam Valencia Gallardo, de 14 años, y Victoria Delgado Valencia, de 17, rescatadas en circunstancias similares, han mostrado el mismo patrón de incertidumbre y falta de acción inmediata por parte de las autoridades.

Miriam y Victoria fueron raptadas de una estética durante la noche del sábado 1 de marzo en el municipio de Santa Isabel Cholula. La cámara de videovigilancia de la zona captó el momento en que dos sujetos irrumpieron en el establecimiento, las tomaron por la fuerza y las subieron a un vehículo. Tras la denuncia de los familiares, la comunidad local organizó protestas y bloqueos en la autopista y carretera federal Puebla-Atlixco, exigiendo la localización inmediata de las menores.

La presión social, similar a la del caso de Guadalupe, fue lo que finalmente permitió que las autoridades actuaran con rapidez. Horas después de los bloqueos, la Fiscalía de Puebla informó que las menores habían sido localizadas sanas y salvas. No obstante, las autoridades también sostuvieron que ambas adolescentes se habían ausentado “por voluntad propia”.

El marco legal y las implicaciones para el hombre de 22 años

El hecho de que Guadalupe estuviera acompañada por un hombre adulto y que la FGE se haya limitado a catalogar la desaparición como una fuga voluntaria pone en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva del caso. Si se confirma que hubo una relación sexual entre ambos, el hombre de 22 años podría enfrentar cargos de violación porque el artículo 267 del Código Penal del Estado de Puebla, cualquier acto de cópula con una persona menor de 14 años es considerado violación.

Sin embargo, incluso si no se confirma una relación sexual, la posibilidad de que el adulto haya inducido o manipulado a Guadalupe para que abandonara su hogar también debe ser investigada. En caso de comprobarse que el hombre incurrió en manipulación, el cargo de abuso sexual sería igualmente grave y conllevaría penas severas. Este tipo de situaciones debe ser tratado con la mayor seriedad, no solo para garantizar la protección de la niña, sino también para prevenir futuros abusos.

¿Las niñas desaparecidas en Puebla podrían ser víctimas de grooming?

El caso de Guadalupe Hernández Luna plantea la posibilidad de que se trate de un caso de grooming, una práctica en la que un adulto establece una relación de confianza con un menor con el objetivo de explotarlo sexualmente. Aunque la Fiscalía de Puebla ha declarado que la niña se fue “por su voluntad”, es importante considerar que, dado su edad, no tiene la capacidad legal para consentir este tipo de decisiones.

El hecho de que Guadalupe estuviera acompañada de un hombre de 22 años, cuya relación con ella aún no está clara, genera sospechas de que pudo haber sido víctima de manipulación emocional y psicológica. El grooming no necesariamente implica que la víctima se dé cuenta del daño que está siendo causado; por lo tanto, aunque la niña haya manifestado haber tomado la decisión de irse, es crucial indagar si fue influenciada o incluso presionada para actuar de esta manera.

Además, los signos comunes de grooming incluyen un proceso gradual en el que el adulto busca ganarse la confianza del menor a través de regalos, cumplidos o atención excesiva, lo que puede llevar a la víctima a sentir que está tomando decisiones propias cuando en realidad está siendo manipulada.

La falta de detalles sobre el estado emocional de Guadalupe al ser localizada, sumada a la ausencia de información clara sobre el hombre que la acompañaba, refuerza la necesidad de profundizar en la investigación. Si se comprueba que hubo alguna forma de abuso o manipulación, este caso podría ser un claro ejemplo de grooming, lo cual implicaría consecuencias legales severas para el adulto involucrado. La protección de los derechos y el bienestar de los menores debe ser prioridad en cualquier investigación de este tipo.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontró que “cuatro de cada 10 niñas, niños y adolescentes en América Latina tienen conversaciones con desconocidos a través de internet, y tres de cada cuatro desconoce los riesgos a los que pueden estar expuestos en espacios digitales. Además, al 15 por ciento de los menores encuestados les solicitaron imágenes desnudos o semidesnudos, y al 26 por ciento se les ofreció tener un noviazgo de forma virtual”, esto de acuerdo con un estudio realizado por la organización Grooming Latam.

Protestas sociales como motor de acción en casos de desapariciones

El caso de Guadalupe Hernández Luna se enmarca dentro de un patrón preocupante de Niñas desaparecidas en Puebla, donde las desapariciones de menores a menudo no reciben la atención inmediata que requieren hasta que las familias recurren a protestas públicas. Tal fue el caso de Miriam y Victoria, quienes, al igual que Guadalupe, fueron localizadas solo después de que sus familias bloquearan avenidas principales y demandaran la intervención de las autoridades.

Este tipo de acciones, aunque generen afectaciones a la circulación, han demostrado ser fundamentales para que la Fiscalía tome cartas en el asunto y acelere las investigaciones. En el caso de Guadalupe, el bloqueo en San Felipe Hueyotlipan logró que la Fiscalía intensificara los esfuerzos para localizarla, aunque la versión oficial sigue siendo cuestionada.

Niñas desaparecidas en Puebla: ¿se fueron por su voluntad?

Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es la declaración de la Fiscalía sobre que Guadalupe se fue “por su voluntad”. Dada la edad de la niña, esta afirmación debería ser investigada con mucho más rigor. La ley mexicana establece claramente que las menores de 18 años están bajo una protección especial contra la violencia física, emocional y psicológica. Por lo tanto, cualquier declaración que se haya hecho bajo presión o influencia externa debe ser cuidadosamente evaluada.

La falta de detalles sobre el estado físico y emocional de Guadalupe tras su localización añade más incertidumbre al caso. La Fiscalía debería haber proporcionado una evaluación médica y psicológica de la menor antes de emitir una declaración tan categórica. La protección de la niña debe ser prioritaria, y la ley exige que cualquier forma de abuso o manipulación sea investigada a fondo.