El refugio Franciscano quedó en el centro de una disputa que enfrenta al Gobierno de la Ciudad de México con el propio albergue y activistas: mientras las autoridades hablan de un rescate por maltrato animal, el refugio y defensores denuncian un desalojo violento ligado a la pugna por un predio de alto valor inmobiliario.

El refugio Franciscano, uno de los albergues de animales más antiguos de la Ciudad de México, cerró sus puertas tras más de 40 años de operación en medio de un conflicto que hoy enfrenta dos narrativas opuestas: la versión del Gobierno capitalino, que habla de un rescate por maltrato animal, y la del propio refugio junto con activistas, que denuncian un desalojo violento vinculado a intereses inmobiliarios.

El caso ha detonado protestas, denuncias penales, señalamientos cruzados y una pregunta central: ¿qué ocurrió realmente con los más de 900 perros y gatos que vivían en el refugio Franciscano?

La versión oficial: rescate por maltrato y riesgo sanitario

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), desde 2022 existían investigaciones abiertas contra el refugio Franciscano por presunto maltrato animal, relacionadas con lesiones que ponían en riesgo la vida de los animales, deficiencias en alimentación, hacinamiento y falta de atención veterinaria.

Inspecciones realizadas por la PAOT, la Brigada de Vigilancia Animal y el Instituto de Verificación Administrativa concluyeron que:

• Había hacinamiento severo y ocupación excesiva del predio.
• Se detectaron condiciones de insalubridad, presencia de roedores y ectoparásitos.
• Algunos animales presentaban desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento y omisiones reiteradas en la atención médica.

Según la Fiscalía, previo al operativo se contabilizaron 936 animales. De ellos, 21 fallecieron por causas asociadas a su estado de salud y 57 fueron hospitalizados (20 perros y 37 gatos).

El 7 de enero de 2026, autoridades capitalinas desplegaron un operativo con más de 200 elementos para rescatar y reubicar a 858 perros en tres espacios temporales:

• Refugio del Ajusco: 304 caninos
• Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco: 371 caninos
• Utopía Gustavo A. Madero: 183 caninos

La FGJ aseguró que el predio no fue asegurado, que no existe interés del gobierno en el terreno y que la posesión del inmueble se dirime exclusivamente en el ámbito civil.

La versión del refugio Franciscano: despojo, violencia y animales desaparecidos

El refugio Franciscano, fundado en 1977 y conocido por su política de no sacrificio y esterilización masiva, rechaza las acusaciones de maltrato y sostiene que el operativo fue un desalojo violento disfrazado de rescate.

En un posicionamiento público, el refugio denunció que la madrugada del 11 de diciembre de 2025 se ejecutó un desalojo con uso excesivo de la fuerza pública, lo que derivó en sufrimiento animal y en la posible desaparición de más de 300 perros y gatos.

Además, cuestionaron el conteo oficial de animales. Mientras las autoridades reportaron 936, el refugio asegura que tenía documentados al menos 1,095 animales, por lo que exige saber el paradero de los faltantes.

También acusaron que, durante 28 días, el inmueble permaneció cerrado y bajo control de la Fundación Antonio Haghenbeck, sin acceso a su personal ni a especialistas, lo que agravó el estado de los animales.

El activista ambiental Arturo Islas Allende ha sido una de las voces más visibles en la denuncia pública del caso. Según Islas, el operativo del 7 de enero no fue un rescate planificado, sino un traslado improvisado que puso en riesgo la salud de los animales.

Islas ha declarado y documentado en videos difundidos en redes sociales que algunos perros permanecieron durante varios días en cajas de aproximadamente 30 por 30 centímetros, sin acceso suficiente a agua y en condiciones de hacinamiento extremo. También denunció que, en el Ajusco, varios animales durmieron a la intemperie sin cobijas ni camas, pese a las bajas temperaturas.

El activista ha sostenido que los perros fueron trasladados “de un lugar donde estaban mal, a otro donde estaban peor”, y que el Gobierno capitalino no garantizó condiciones mínimas previas al traslado, especialmente para animales enfermos o de edad avanzada.

¿Hay corrupción inmobiliaria detrás del desalojo del refugio Franciscano?

En su columna publicada en Milenio, el periodista Ricardo Raphael plantea una narrativa distinta a la versión oficial. Según su investigación, el conflicto del refugio Franciscano no puede entenderse sin revisar la historia del predio y el testamento de Antonio Haghenbeck.

Raphael sostiene que en 1991 Haghenbeck entregó el terreno en comodato indefinido al refugio y que en su testamento dejó explícito que el inmueble debía destinarse permanentemente al cuidado animal. Para garantizarlo, creó la Fundación Haghenbeck y nombró responsables para vigilar el cumplimiento de esa voluntad.

De acuerdo con el periodista, tras la muerte del filántropo, Carmela Rivero ascendió al control de la fundación y, años después, el patronato habría transferido el predio a un fideicomiso bancario, pese a que, según Raphael, no tenía facultades para hacerlo.

El periodista señala que el terreno, de más de 16 hectáreas, tendría potencial para desarrollar más de 300 viviendas de alta gama, y que incluso habría sido ofrecido a intereses inmobiliarios privados.

En este contexto, Raphael plantea que las acusaciones de maltrato animal aparecieron de forma recurrente cada vez que el refugio intentó defender legalmente la posesión del predio. Según su columna, inspecciones realizadas en 2022 no acreditaron maltrato, pero nuevas denuncias resurgieron cuando el litigio civil volvió a activarse.

Para el periodista, el operativo que culminó con la salida de más de mil animales del refugio Franciscano tuvo como objetivo final “limpiar el predio” y entregarlo libre de obstáculos, utilizando el bienestar animal como justificación pública.

Traslado de los animales: dos lecturas opuestas

Para el Gobierno de la CDMX, los perros trasladados al Ajusco muestran una evolución favorable y cuentan con atención médica las 24 horas. Veterinarios oficiales reconocen problemas dermatológicos y enfermedades crónicas, pero aseguran que están siendo tratados.

Desde el lado del refugio Franciscano y organizaciones aliadas, los traslados fueron improvisados. Denuncian que asociaciones receptoras fueron obligadas a recibir animales sin contar con infraestructura suficiente y que los espacios aún están “en proceso de adecuación”, como reconoció la propia Sedema.

El caso detonó movilizaciones con consignas como “¡Fue despojo, no fue rescate!”, así como denuncias penales tanto contra responsables del refugio como contra autoridades y particulares. Para activistas, el conflicto ejemplifica un patrón recurrente en la ciudad: la tensión entre protección animal y corrupción inmobiliaria.

Hoy, el refugio Franciscano permanece resguardado por la SSC, mientras los animales siguen dispersos en distintos puntos de la ciudad y el litigio por el predio continúa. Entre dictámenes oficiales, denuncias cruzadas y protestas, el caso deja una certeza: más allá de la disputa legal, los animales quedaron atrapados en un conflicto donde ninguna versión ha logrado disipar por completo las dudas.