Aunque 19 entidades en México tienen leyes para reconocer la identidad de género, las personas trans en el país todavía son blanco de diferentes tipos de violencia. El tío de Ana Sofía le dijo que le daba vergüenza ser asociado con “una persona como ella”. A la diputada Salma Luévano -una de las primeras mujeres trans en el cargo- otros legisladores le han dirigido discursos de odio. Kenia empezó su carrera como activista después de presenciar el transfeminicidio de su mejor amiga. ¿Por qué prevalece la violencia contra esta comunidad? ¿Cómo protegen las leyes a las personas trans en el país?

Investigación por Flor Guillén
Edición por Alejandra Padilla
Análisis y visualización de datos por Marco Antonio Trujano

“Yo tenía una doble vida. En la prepa era una persona y en mi casa era otra”. Ana Sofía es una mujer trans, y su proceso de transición no ha sido sencillo (su propia familia la discriminó al inicio) pero, al mismo tiempo, ha alcanzado hitos a los que la mayoría de las personas trans en México no llegan: estudió una licenciatura y pudo cambiar su nombre y género en su acta de nacimiento, credencial de elector e incluso en su título universitario. Dos factores hicieron esto posible: vive en la Ciudad de México y tuvo acceso a la educación superior. Ella es una excepción dentro de la comunidad trans mexicana. 

Ana Sofía dice que siempre supo que el sexo que le había sido asignado al nacer no era el mismo con el que se identifica. Desde los cuatro o cinco años se sentía diferente a sus compañeros, y durante la preparatoria supo que no estaba sola: aprendió que hay personas que no se identifican con su sexo biológico y que es posible reallizar una transición (social, hormonal o médica) para vivir de acuerdo con su género auto-percibido.

Como ella, el 78.98 por ciento de las personas trans en México identifican su identidad de género entre los cero y los 17 años, según la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La modificación de la apariencia física por medio de tratamientos médicos, quirúrgicos u hormonales no es un requisito para todas las personas trans, de acuerdo con los Principios de Yogyakarta (una serie de estándares legales para aplicar la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género). No obstante, Ana Sofía decidió iniciar su transición social a los 15 años; es decir, cambiar su apariencia física sin someterse a una terapia de reemplazo hormonal ni a tratamientos quirúrgicos. 

La mayoría de las personas trans en México (37.24 por ciento) inician su transición entre los 18 y los 29 años; mientras tanto, un 31.38 por ciento reporta no haber iniciado este proceso. Las personas que la inician antes de la mayoría de edad están en tercer lugar, representando a 21.38 por ciento del total de las entrevistadas por el CONAPRED y la CNDH. Las personas que transicionan a partir de los 30 años son 10 por ciento del total, según la ENDOSIG 2018.

Pero Ana Sofía tuvo que detener su transición después de casi dos años de iniciarla. “Empecé a escuchar historias sobre compañeras trans que sus padres las corrían de sus casas y a los 15 años dije ‘¿qué voy a hacer si mi papá se entera? Me puede pasar lo que a mis compañeras’”, dice en entrevista con Serendipia. 

Después de cinco años, Ana Sofía les contó a sus papás que es una mujer trans y, contrario a lo que pensaba que ocurriría, ambos la apoyaron. Entonces Ana Sofía retomó el proceso de transición y decidió que quería cambiar su nombre y género en su acta de nacimiento. 

En 2014 la Ciudad de México -en donde vive Ana Sofía- fue la primera en aprobar reformas al Código Civil que permiten el reconocimiento de la identidad de género en el acta de nacimiento. Este trámite les permite a las personas trans modificar su nombre y género de manera gratuita en ese documento legal.

Pero esta entidad, como Sofía, es una excepción. 

Después de la Ciudad de México, en 2017 Michoacán se convirtió en la segunda entidad en aprobar reformas al código familiar para el reconocimiento de la identidad de género. En 2018 otro paquete de reformas fue aprobado en Coahuila; en 2019 Colima, Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala y San Luis Potosí aprobaron reformas similares. Para 2020 tres entidades más aprobaron se unieron a la lista: Sonora, Jalisco y Quintana Roo. Los congresos locales de Puebla, el Estado de México, Baja California Sur, Nayarit y Morelos aprobaron la ley de identidad de género en el año 2021. Recientemente, entre enero y marzo de 2022 Baja California y Sinaloa aprobaron también estas modificaciones a sus códigos civiles o familiares.

Personas trans en México solo pueden modificar acta de nacimiento en 19 entidades

Entre 2015 y 2020 se ha reconocido la identidad de género de cuatro mil 703 personas en México, de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA). La mayoría (87.94 por ciento) en la capital del país. Es decir, casi cinco mil personas han iniciado un procedimiento administrativo como el cambio de nombre y género en el acta de nacimiento o en la credencial de elector para que estos documentos coincidan con su identidad de género. 

Pero estos datos no corresponden a todo el país. Actualmente, solo 19 de las 32 entidades han aprobado reformas a sus códigos civiles para reconocer la identidad de género auto-percibida de las personas trans. Además, a nivel federal no ha sido aprobado ningún paquete de reformas que garantice el reconocimiento de la identidad de género. 

Salma Luévano, una de las primeras diputadas trans mexicanas, dice que aunque estas reformas les permiten a las personas trans cambiar legalmente su identidad de género en algunas entidades del país, el trámite para cambiar estos datos en el acta de nacimiento también es motivo de discriminación en algunos lugares. 

Este trámite “puede llegar a tener precios muy elevados”, dice Luévano, quien señala que esto muestra la falta de empatía de las autoridades hacia la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+). 

Y es que solo nueve entidades en el país realizan este trámite de manera gratuita: Ciudad de México, Michoacán, Hidalgo, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, Estado de México, Morelos y Jalisco. 

En las otras 10, modificar un acta de nacimiento para que concuerde con la identidad de género de una persona puede llegar a costar hasta mil 999 pesos. Este es el costo en Nayarit, la entidad en donde este trámite es más caro, de acuerdo con la investigación realizada por Serendipia. 

En Baja California y Colima el costo es de mil 800 pesos y mil 491 pesos, respectivamente. Además el tiempo de espera es muy largo, según declaró un funcionario de la Dirección de Registro Civil de Nayarit vía telefónica, quien solicitó no ser identificado.

En el siguiente mapa es posible consultar el precio del trámite de rectificación de acta de nacimiento por identidad de género en cada entidad. 

Además de los costos, en el país falta mucho por trabajar para garantizar este trámite a las infancias y adolescencias trans, de acuerdo con la diputada Luévano. 

Además, considera que garantizar este trámite a las infancias y adolescencias trans permite que exista inclusión para los menores lo que repercute en que puedan tener una adolescencia o infancia trans de manera feliz. Sin embargo, solo seis entidades permiten a menores de edad (desde los 12 años) hacer la rectificación de acta de nacimiento: Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Baja California, Morelos y Sinaloa.

El acceso a la salud para personas trans tampoco es garantizado

Ana Sofía optó por realizar su transición médica en instituciones privadas porque otras personas le dijeron que hacerlo en el sector público es un proceso muy tardado. 

No obstante, actualmente Ana Sofía está iniciando el trámite para realizar el tratamiento de reemplazo hormonal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Brindar este trámite a sus derechohabientes es uno de los compromisos que el IMSS puso en marcha en 2019 bajo una política de atención adecuada a la población LGBTTTIQ+. 

Aunque este es un compromiso público de esta institución de salud, Ana Sofía dice que “este tipo de información no es visible, está muy “escondida” por eso creo que debería de existir una mejor difusión”, dice Ana Sofía.

Luévano dice que el acceso a la salud es uno de los derechos que se les niega a las personas trans en México, por lo que ya ha presentado al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la “Ley General de Salud” que busca garantizar el acceso a la salud de todas las personas que formen parte de la comunidad LGBTTIQ+, enfatizando que se revisen los protocolos existentes para una buena capacitación de los involucrados en el sistema nacional de salud, para que la atención que se brinde sea de calidad y acorde a las necesidades de cada persona. 

“No se trata únicamente de que no nos discriminen al momento de negarnos la atención, sino que además se nos garanticen los servicios de salud”.

Diputada Salma Luévano

La diputada ha sido activista para garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ durante más de 30 años. Esta reforma es resultado de ese trabajo, pero recientemente ha tenido que frenar este esfuerzo para atender por la vía legal el discurso de odio que sufrió por parte del legislador Gabriel Quadri, del Partido Acción Nacional (PAN). Luévano lamenta que este discurso replique y frene su trabajo legislativo, porque su objetivo es seguir impulsando iniciativas para que justamente no sigan existiendo este tipo de acciones hacia la comunidad LGBTTTIQ+.

Espacios seguros y educación para personas trans

Ante la falta de espacios seguros de acceso a la salud para las personas trans, el 1 de octubre de 2021 se inauguró la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USITP)* en la Ciudad de México. La USITP es una iniciativa que busca crear espacios de salud dignos, libres de estigma y discriminación. Por este motivo, en septiembre de 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la “Ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTTTIQ+” con el objetivo de garantizar el derecho a la salud para esta comunidad. 

Dentro de esta unidad se ofrecen gratuitamente servicios como la terapia de reemplazo hormonal, salud mental, endocrinología, nutrición, psiquiatría y cuentan con un médico general, además, dentro del trabajo comunitario ofrecen tratamientos profilácticos para prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y atención a víctimas de violencia. 

Desde su apertura, la USITP ha atendido a más de cuatro mil 500 personas, de acuerdo con Oyuki Martínez Colin, la coordinadora comunitaria de esta Unidad. No obstante, Martínez detalla que esta unidad de salud es de primer nivel, lo que significa que si alguna persona requiere alguna intervención quirúrgica, tendrá que buscar algún otro medio para poder seguir con su proceso. 

Además, la USITP únicamente atiende a personas que residen en la Ciudad de México, por lo cuál si personas de otros estados acuden a esta unidad no podrán tener acceso a los servicios que se brindan. “A las personas de otras entidades que acuden a nosotras, las apoyamos a través de mecanismos para que puedan vincularse con instituciones de apoyo en sus estados”, dice Martínez.

El 90.86 por ciento de las personas trans en México ha elegido tener acompañamiento durante su proceso de transición. Mientras tanto un 6.60 por ciento decidió no tenerlo. Para Ana Sofía siempre fue importante tener acompañamiento pues considera que el inicio es la parte más complicada del proceso de transición: “cuando decides dar el paso e iniciar con tu proceso de transición vas a tener muchas miradas tras de ti, no necesariamente buenas. Puedes ver cómo tus compañeros, amigos, amigas e incluso tu familia, te excluyen de reuniones o cualquier evento porque les da vergüenza el como te empiezas a ver”, dice. 

Por eso, desde el inicio de este proceso ha contado también con acompañamiento psicológico. Y es que, aunque dice que no ha sido víctima de actos de discriminación por parte de personas ajenas a su familia, cuenta que dos de sus tíos se burlaban de su nombre e incluso, “en una ocasión un tío me dijo que si lo veía en la calle no lo saludara para que no asociaran a alguien como yo con él, (que) le daba pena”. Son situaciones como esta las que Sofía ha tenido que trabajar en terapia para sentirse segura de sí misma y poder continuar con su proceso de transición. 

Pero esta tampoco es la historia de todas las personas trans en México. La falta de espacios seguros para esta población en el país provoca que su esperanza de vida sea en promedio de 35 años, como explica Kenya Cuevas, defensora de los derechos humanos, activista y fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias, Asociación Civil (AC). 

Kenya inició este proyecto en abril de 2018, dos años después de presenciar el transfeminicidio de su mejor amiga. Por tal motivo, el objetivo de esta AC es la creación de espacios seguros para que personas trans puedan acercarse a ellas y prevenir que sucedan acciones que pongan en peligro su vida.

Además, “muchas personas abandonan su proceso de transición justamente porque no existe un acercamiento correcto con instituciones de apoyo”, dice Kenya Cuevas. Por eso, la Casa de las Muñecas cuenta con diferentes convenios. Por ejemplo, un convenio de esta AC con la Secretaría de Educación Pública (SEP) permite que mujeres trans que acudan a la asociación puedan terminar sus estudios académicos y obtener su certificado con el nombre y género con el que se autoperciben.“Esto abre las puertas a que haya una integración social, que las personas trans puedan tener oportunidades laborales y se hagan válidos sus derechos”, dice Cuevas.

La falta de oportunidades laborales que existen para las personas trans en México tiene conexión con las limitaciones que existen en ciertos estados de la República donde las personas trans no tienen acceso al proceso de cambiar su nombre y género en sus documentos legales. Pues esto, no les permite crear una búsqueda de oportunidades de trabajo justo por no contar con documentos oficiales que demuestren y acrediten su identidad. Bajo este contexto, para la mayoría de las personas trans el trabajo sexual es visto como un medio para poder tener un apoyo económico para cubrir sus gastos generales e incluso cubrir el tratamiento de su transición, menciona la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual.

El poder realizar el trámite para obtener sus documentos oficiales con el género con el que se autopercibe, permite que Ana Sofía tenga oportunidades laborales a futuro. Anteriormente cuando elaboraba solicitudes de empleo sucedía un problema cuando entregaba sus documentos porque no coincidía el género con el que se presentaba en su solicitud. “Ahora puedo solicitar un empleo con mi nombre y mostrar mis documentos sin que exista algún problema”. Además, el cambio de identidad que realizó en su historial académico de la Universidad Autónoma de México (UNAM) le permitió obtener su título con el nombre y género con el que se identifica. 

Sofía dice que haber realizado su proceso de transición fue la mejor decisión que pudo haber tomado porque “está en el lugar donde siempre debía haber estado”. Ella contó con acompañamiento médico y psicológico desde el inicio de su transición, y pudo modificar sus documentos oficiales de acuerdo con su identidad de género. Además estudió una licenciatura y contó con el apoyo de -casi- toda su familia.

La historia de Sofía es excepcional, pero no debería serlo. Todas las personas trans en México merecen poder decir algún día que están en donde siempre habían soñado.