El cuarto muelle en Cozumel busca ampliar la llegada de cruceros, pero ambientalistas y habitantes alertan sobre daños irreversibles al arrecife Villa Blanca y la calidad de vida local.

El cuarto muelle en Cozumel, un proyecto impulsado por empresarios turísticos para ampliar la capacidad de llegada de cruceros en la isla, ha generado una ola de oposición por parte de habitantes, ambientalistas y autoridades locales.

El proyecto oficialmente denominado “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros” y que se sumaría a los tres muelles existentes, amenaza con dañar el arrecife Villa Blanca, un ecosistema marino de gran valor ecológico. 

Ante la presión social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha iniciado un proceso de revisión del permiso ambiental otorgado en 2021.

¿Qué implica el proyecto del cuarto muelle en Cozumel? 

El “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros” busca aumentar la capacidad de llegada de cruceros en una isla que ya cuenta con tres terminales operativas. La obra está impulsada por empresarios turísticos que argumentan que el nuevo muelle es necesario para sostener la competitividad del destino a nivel internacional. Según ellos, el turismo masivo de cruceros es clave para la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

No obstante, organizaciones sociales y ambientales sostienen que este argumento no justifica los riesgos ambientales. La obra fue aprobada por la Semarnat en diciembre de 2021. 

Sin embargo, tras la presión ciudadana y las denuncias por daño ecológico, el 13 de junio de 2025 la dependencia aceptó revisar dicho permiso ambiental. Para el 18 de junio, notificó oficialmente a las partes la apertura de un procedimiento administrativo, lo que representa un paso clave en la posible suspensión del proyecto. 

Un arrecife valioso en riesgo: Villa Blanca 

El arrecife Villa Blanca, situado frente a la costa oeste de Cozumel, es reconocido por su salud ecológica, su diversidad biológica y su función como zona de amortiguamiento de impactos marinos. Aunque no está dentro de un Área Natural Protegida, cumple un papel vital para conservar el equilibrio del ecosistema costero. 

Óscar Rebora, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quinta Roo y buzo profesional, realizó una inspección directa en el arrecife y asegura que se trata de un ecosistema saludable, con especies de coral vivas, peces y corrientes marinas importantes. “No son dos o tres coralitos. Es un arrecife sano, con valor ecosistémico” dijo en un video publicado en su perfil de Instagram. 

Rebora también advirtió que este arrecife actúa como una “zona de amortiguamiento” que absorbe parte de la carga ambiental generada por el turismo en el área natural protegida cercana. Su destrucción, por lo tanto, afectará no solo a la zona inmediata, sino a todo el sistema arrecifal de Cozumel. 

Organizaciones y ciudadanía se movilizan

Diversas agrupaciones han rechazado públicamente la construcción del muelle. Entre ellas destaca Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC), que ha  documentado los posibles daños al arrecife Villa Blanca y ha encabezado movilizaciones. El 20 de junio de 2025, más de 300 personas marcharon pacíficamente desde Playa Mantaraya hasta el Palacio Municipal para exigir la suspensión del proyecto y protección del ecosistema marino. 

A esta propuesta se sumó Greenpeace México, que advirtió que el muelle no solo pone en riesgo el arrecife, sino también la última playa ubicada de la zona. La organización denunció que el proyecto fue aprobado sin consulta real a la población y sin un análisis serio del impacto ambiental y social. También alertó que la operación de megacruceros podría agravar la escasez de agua potable y afectar la calidad de vida de la comunidad. 

“Cozumel no necesita otro muelle para cruceros. Lo que necesita es justicia ambiental y respeto para quienes viven, cuidan y aman ese territorio”, sostuvo Greenpeace, que llamó a la Semarnat a revocar la autorización y abrir un diálogo con la ciudadanía movilizada.

¿Quién impulsa la obra? 

El cuarto muelle en Cozumel ha sido impulsado por la empresa yucateca Muelles del Caribe, S.A. de C.V., propiedad de los hermanos Juan Francisco, Ignacio Octavio Pablo, Rogelio Tirzo, José Enrique y Mario Arturo Sebastián Molina Caseres. 

El 5 de enero de 2022, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) otorgó a esta empresa un título de concesión para la construcción, operación, aprovechamiento y explotación de una terminal marítima portuaria de cruceros, sobre una superficie de 58,729.803 m² en la isla.

La inversión proyectada es de más de 335 millones de pesos, y la obra fue firmada por el entonces titular de la SICT, Jorge Arganis Díaz Leal, y por José Enrique Molina Caseres, en representación de la empresa. El título fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La empresa ha defendido el proyecto argumentando que la isla necesita una infraestructura moderna para mantener su competitividad turística, especialmente ante el crecimiento de los megacruceros. Según Muelles del Caribe, la obra generará más de 200 empleos directos durante su construcción y 250 empleos permanentes una vez en operación, además de una derrama económica anual estimada en 80 millones de dólares .

Sin embargo, críticos del proyecto, entrevistados por distintos medios locales y nacionales, han señalado que este cuarto muelle sólo beneficiaría a este grupo empresarial, perpetuando un modelo de concentración del turismo y de uso privado del espacio costero. 

Las organizaciones sostienen que los beneficios económicos serían limitados para la población local, mientras que los impactos negativos sobre los arrecifes, la movilidad urbana y los servicios básicos serían considerables.

¿Qué se puede hacer para evitar el cuarto muelle en Cozumel? 

Actualmente, la revisión del resolutivo ambiental por parte de la Semarnat es el proceso más relevante. La dependencia debe analizar si la autorización fue concedida cumpliendo la normatividad ambiental vigente y si se consideraron todos los posibles impactos negativos del proyecto. 

Los habitantes han solicitado que se suspenda la ejecución de cualquier obra relacionada hasta que el proceso administrativo se resuelva de forma definitiva. De no lograrse eso, organizaciones como CIMAC podrían optar por recursos legales adicionales, como amparos ambientales o denuncias ante organismos internacionales.

Además, la presión social y mediática continua. Las protestas, manifestaciones, campañas informativas y la participación de expertos han logrado colocar el tema en la agenda nacional, lo que podría influir en una resolución favorable al medio ambiente.