Paro de policías en Puebla revela corrupción e inseguridad desde los altos mandos: les pedían extorsionar a los ciudadanos y pagar una cuota por usar patrullas.
Un paro de policías en Puebla se extendió por más de 12 horas tras el asesinato de dos de sus compañeros en una balacera. Más de dos mil 500 policías municipales de la capital de Puebla llevaron a cabo un paro de labores por la inseguridad que enfrentan y la corrupción que existe entre los directivos de la dependencia.
El paro culminó con la renuncia de Gustavo Alonso Zapata, subsecretario de Operatividad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien había sido señalado por presuntos vínculos con grupos delictivos.
La protesta inició la noche del sábado 1 de marzo, cuando decenas de policías se concentraron en el zócalo de la ciudad de Puebla y en las instalaciones del Complejo de Seguridad, ubicado en la colonia Rancho Colorado. El paro de policías en Puebla fue una respuesta a la falta de apoyo tras el asesinato de los agentes Alejandro Osorio y Edgar Jesús Popoca, quienes fueron ejecutados por presuntos miembros de la “Operativa Barredora”, organización delictiva que se atribuyó el homicidio doble.
Los asesinatos desataron decenas de denuncias por corrupción y extorsión desde los altos mandos hacia el cuerpo policiaco que tiene contacto con la ciudadanía diariamente. Durante el paro, los uniformados denunciaron que, cada quincena, les son descontados hasta mil pesos de salario para las “comisiones” de sus jefes.
En las primeras horas del paro de policías en Puebla, el gobierno se dedicó a emitir mensajes en los que “condena enérgicamente el cobarde ataque en el que dos valientes policías” fueron brutalmente asesinados. Pero los empleados no detuvieron la protesta hasta que el subsecretario de Seguridad, Alonso Zapata, renunció y firmaron un acuerdo de aumento salarial y prestaciones laborales más justas.
Los altos mandos extorsionaban a los policías con “cuotas” y recortes salariales
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el asesinato de Alejandro Osorio y Edgar Popoca se registró durante las primeras horas del 1 de marzo. Los policías estaban dentro de una unidad estacionada en la colonia Del Valle, del municipio de Puebla cuando fueron atacados.
El gobierno estatal y las autoridades de seguridad no descartaron que se tratara de un acto relacionado con la delincuencia organizada. Después del ataque, empezaron a circular imágenes en redes sociales, en las que el grupo autodenominado “Operativa Barredora” se atribuye el ataque, advirtiendo que “a los policías corruptos y delincuentes les pasará lo mismo”. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, dijo que existen diversas líneas de investigación para el asesinato, entre las que está la autoría de ese grupo delictivo.
Tras 12 horas de protesta, en la madrugada del domingo 2 de marzo, el alcalde José Chedraui Budib se reunió con los policías y llegaron a acuerdos clave entre los que están los siguientes:
- Un aumento salarial del 6 por ciento de forma paulatina
- La reestructuración del “régimen disciplinario”
- La implementación de un horario laboral de 24 por 48 horas.
El subsecretario de seguridad ordenó no ayudar a los policías asesinados
El paro de policías en Puebla dejó al descubierto las tensiones internas dentro de la corporación de seguridad del estado de Puebla. De acuerdo con Proceso, los agentes señalaron que en el momento del ataque contra sus compañeros asesinados, recibieron instrucciones de no acudir a apoyarlos, presuntamente emitidas por Gustavo Alonso Zapata. Este hecho, sumado a las acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado, llevó a la renuncia del subsecretario.
Aunque también exigían la destitución del titular de la SSC municipal, Fernando Rosales Solís, esta petición quedó en suspenso. El presidente municipalm José Chedraui, argumentó que la titularidad de la Secretaría no podía quedar en el limbo y que discutirán esta petición en una mesa de diálogo el jueves 6 de marzo de 2025.
Además de las demandas laborales, los policías denunciaron que el seguro de vida que tenían contratado venció en octubre de 2024 sin que el Ayuntamiento lo renovara y que son obligados a trabajar horas extras sin compensación. También afirmaron que se les exige extorsionar a ciudadanos y pagar por el uso de patrullas, prácticas que atribuyen a la corrupción de sus superiores.
Tras más de dos horas de diálogo, el alcalde anunció que el paro de policías en Puebla había concluido y que los agentes regresarían a sus labores a partir del lunes 3 de marzo. No obstante, los manifestantes expresaron su descontento por no haber logrado la destitución inmediata de Rosales Solís, quien quedó en calidad de “suspendido” provisionalmente.
En paralelo, el secretario de Gobernación del estado, Samuel Palma, sugirió que el cambio de mando en la seguridad municipal podría abrir la puerta a la llegada de un militar o un marino a la cabeza de la corporación policiaca, aunque todavía no se han brindado perfiles oficiales para sustituir el cargo del secretario.
¿Qué dice el gobierno? Sheinbaum pidió que los policías tuvieran salarios dignos
Mientras el paro de policías en Puebla tomaba las calles de la capital del estado, el gobernador Alejandro Armenta hizo una publicación en su perfil de X:
“Desde el Gobierno del Estado de Puebla, condenamos enérgicamente el cobarde ataque en el que dos valientes policías municipales perdieron la vida mientras cumplían con su deber. Expreso mi más profunda solidaridad con sus familias, amigos y compañeros de corporación, no están solos y cuentan con todo nuestro respaldo en estos momentos tan difíciles”, dice el comunicado del gobernador.
Sin embargo, los policías municipales frenaron sus actividades durante más de 12 horas para exigir prestaciones básicas y seguridad.
El 16 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había pedido a las autoridades que “consoliden a las policías estatales con mejores salarios y condiciones de trabajo, así como capacitación, para que no haya este vínculo que todavía quedan en unos lugares de delincuencia en las policías estatales”, dijo durante su conferencia mañanera.
Si ni siquiera los cuerpos encargados de proteger a la población se sienten seguros, la reestructuración de las autoridades de la Secretaría de Puebla era urgente. Pero, ¿qué certeza existe de que este fenómeno no se replica en todas las entidades del país?
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