En 2015, México reportó haber cumplido con los 26 compromisos de su segundo plan de acción en Gobierno Abierto. Pero organizaciones de la sociedad civil contaban otra historia.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa internacional que busca promover la transparencia y combatir la corrupción. Inició en 2011, integrada por ocho países: México, Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos. Hoy, está conformada por 75 naciones.

México presidió la AGA de octubre de 2014 a octubre de 2015. Durante estos años, puso en marcha y completó su segundo Plan de Acción (2013–2015), que contemplaba 26 compromisos.

La AGA en México inició durante el Gobierno de Felipe Calderón y continuó durante la administración de Enrique Peña Nieto. El informe independiente realizado por la Alianza, muestran que en el primer Plan de Acción (2011–2013) México sólo cumplió con 20 de 37 compromisos, dejó 14 en proceso y no inició tres.

No obstante, este documento destaca la creación del Secretariado Técnico Tripartita (STT) y alienta su fortalecimiento:

En México, un Secretariado Técnico Tripartita (STT) encabeza los esfuerzos de la AGA. A cargo del STT se encuentran la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Federal para Acceso a la Información y la Protección de Datos (IFAI) y una coalición de organizaciones de la sociedad civil (OSC) (…) Establecer el Secretariado Técnico Tripartita es el elemento más destacable del proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto en México. Para fortalecer este mecanismo, se requiere:

– Debería de ser un órgano para: (1) toma de decisiones sobre la es- trategia AGA en México, (2) validación de compromisos y (3) supervisión de avance de actividades. No debería asumir necesariamente las tareas de coordinación operativa con la administración pública federal para el cumplimiento de compromisos. Estas tareas debieran recaer en una Secretaría Técnica del STT adscrita a la dependencia designada como representante ante el STT de la administración pública federal.

– Formalizar desde la oficina de la Presidencia la figura del STT como instancia de toma de decisiones sobre la Alianza para el Gobierno Abierto de México.

– Definir qué instancia dentro de la administración pública federal deberá asumir la representación del STT. Esta instancia deberá tener autoridad para tomar decisiones y coordinar las distintas dependencias para la ejecución del Plan de Acción (la Secretaría de la Función Pública actualmente se encuentra en proceso de desa- parición y ha dejado de ser un interlocutor relevante al interior de la propia administración pública federal).”

Los matices de la AGA en México

Incluso cuando México estaba “a la vanguardia” en Gobierno Abierto, había que tomar con reserva los avances en esta materia. En 2015, durante la Cumbre Global de la Alianza Gobierno Abierto que tuvo su sede en la capital mexicana, fueron presentados los resultados del Plan de Acción 2013–2015.

Esta segunda fase de la AGA en México contó con un tablero de control en el que eran registrados los avances de cada uno de los 26 compromisos. La herramienta indicaba los resultados con colores: gris (sin avance), amarillo (en proceso) y verde (completado).

Para el 28 de octubre de 2015, el día en que se realizó la cumbre internacional en el Palacio de Bellas Artes, todos los compromisos aparecían en verde.

Aunque los avances debían ser validados por la sociedad civil, el resultado mostrado en el portal difería de la opinión de los integrantes de estas organizaciones, como fue documentado durante una reunión previa en la que los tres actores del STT presentaron los resultados del tablero ante medios de comunicación.

“Si estamos reportándolo es porque está”, dijo Guillermo Ruiz de Teresa, entonces director general de Innovación y Participación Ciudadana en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de Presidencia de la Repúblicaal ser cuestionado sobre el estado de los compromisos.

Ruiz de Teresa Aseguraba que “México es el único país que tiene un tablero de esa naturaleza. A partir de este, y por ser una buena práctica, Paraguay implementó uno similar y Colombia y Panamá se encuentran en proceso (de hacerlo). Ha sido un aprendizaje muy interesante sobre cómo llevar el proceso de co-creación”.

A pesar de esto, miembros de la sociedad civil difieren. Ana Cristina Ruelas, investigadora de artículo 19 (y quien actualmente preside la organización) colaboró en los compromisos cuatro (“Registro de detenidos”) y cinco (“Base de datos de personas desaparecidas”), los cuales dependen de la Procuraduría General de la República.

El primero consiste en un portal a través del cual es posible localizar a cualquier persona puesta a disposición de una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común por medio de sus datos: nombre completo, CURP, edad, sexo y lugar de residencia.

Por otro lado, la base de datos de personas desaparecidas incluye el nombre de todas aquellas personas que permanecen sin localizar en el país. “Inicialmente se había pensado en un registro de detenciones en tiempo real, sin embargo se recortaron los alcances”, explica Ana María Ruelas sobre el proceso de desarrollo de este compromiso.

No obstante, “hay temas en el tablero que aún están en amarillo para mí”, afirma Ruelas. “Nosotros, desde Artículo 19, dijimos que había unos que se mantenían en amarillo, que no podían mantenerse en verde y no se cambiaron. Yo creo que en general el tablero no es muy claro para los ciudadanos”.

“Había un cuadro que estaba todavía en disputa”, recuerda Diego de la Mora, coordinador de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, sobre el compromiso 22 (“Petróleo en beneficio de todos”). “El hecho de que el gobierno pueda colgar un compromiso sin preguntarle a la sociedad civil si está de acuerdo o no, me parece que no funciona”.

“El compromiso tiene cinco componentes, de los cuales sólo se ha cumplido uno”, afirma de la Mora. En su opinión, el único avance es la actualización de la información de la industria petrolera en los Portales de Obligaciones de Transparencia.

De acuerdo con de la Mora, todavía falta abrir las versiones públicas de los contratos que hace Pemex con terceros, así como difundir los mecanismos de captación de quejas y atención ciudadana, brindar datos socialmente útiles y transparentar los donativos que recibe Pemex.

Además, Francisco Cravioto Lagos, entonces investigador de Fundar, decía que “las dependencias no cuentan con presupuesto ni personal para llevar al día los registros”.

Por qué importa la clasificación

El hecho de que los compromisos estén señalados con uno u otro color incide en diferentes aspectos: desde el proceso de transparencia hasta la implementación de políticas públicas con la colaboración de la sociedad civil. Si no es posible reconocer qué falta, tampoco lo es trabajar para mejorarlo.

“En el registro de detenidos llevamos un 90 por ciento, el 10 por ciento sobrante es el tema de las estadísticas: nosotros pedimos estadísticas por tipo de detención y por autoridad, sólo están los números grosos. Desde la sociedad civil lo que creemos es que la mayoría de las detenciones en las que se cometen arbitrariedades son de cierto tipo de autoridades, sobre todo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, pero no hay manera de corroborarlo si no están las estadísticas”, explica Ana Cristina Ruelas.

“En el caso de desaparecidos”, continúa Ruelas, “tenemos el nombre y lo que falta es pulir un poco más la metodología para tener claridad sobre el registro porque hoy por hoy todavía es complicado poder identificar cómo se llevan a cabo los registros. La idea de que esté ahí el registro es que se está activando un protocolo de búsqueda dentro de la PGR y si no está en la base de datos, no está en el protocolo”.

Presupuesto

La participación de México en esta Alianza supone el trabajo de personas, pero “las dependencias no cuentan con presupuestos ni personal para hacer llevar al día los registros”, de acuerdo con Francisco Cravioto, investigador de Fundar, quien se refiere al caso concreto de la SHCP.

Asimismo, debería incluir inversión económica. Sin embargo, el gobierno mexicano, al ser cuestionado sobre los donativos, donaciones, financiamientos, otorgamiento de contratos, convenios o cualquier otro instrumento que haya recibido para desarrollar las actividades con las que participa en la AGA, ha declarado que, después de realizar una exhaustiva búsqueda en sus archivos, la información es inexistente.

El entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) informó que sus actividades dentro de la Alianza fueron realizadas con “recursos humanos y materiales de este Instituto, así como con los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015”.

Esto no es exclusivo del IFAI o de la SHCP. Lo mismo ocurrió en todas las dependencias. Una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que pidió permanecer en el anonimato, trabajó en el compromiso número seis (“Padrón abierto de beneficiarios”) de manera paralela a las actividades de su puesto.

El compromiso consistía en crear una base de datos abierta y actualizada sobre los beneficiarios de los programas sociales federales contenidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre para que los ciudadanos puedan conocer en dónde está localizada y quién es la población atendida por el Gobierno Federal; esto sin violar el derecho de protección de datos personales.

“La Secretaría no invirtió presupuesto extra en este proyecto, en ninguna de las secretarías existe un presupuesto para datos abiertos”, afirma la funcionaria, “nosotros quisimos inscribir el Padrón Único de Beneficiariosaunque implicaba más trabajo: a lo que antes teníamos ahora había que agregarle datos abiertos, pero esa es la intención: llevarlo a otro nivel. Toda mi área estuvo trabajando muchas horas por el compromiso hasta que posteriormente tuvimos apoyos externos porque la Dirección genera mucho trabajo”.