De transparencia, ciudadanía y combate a la corrupción

El derecho de acceso a la información abre la puerta para que, una vez que se eligió a alguien, se le exija transparencia en el ejercicio de sus funciones públicas y en la toma de decisiones.

50.6% de la población de 18 años y más “conoce o ha escuchado sobre la existencia de una ley encargada de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública. Imagen: ENAID, Inegi.

Hablar de transparencia y acceso a la información pública es hablar de un tema relativamente nuevo. Apenas hace 15 años tuvimos por primera vez una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con la cual se empezó a socializar a nivel nacional el derecho de acceso a la información. Hoy contamos con un marco normativo más solido y simétrico derivado de la Reforma Constitucional de 2013, pero el camino para su pleno ejercicio aún es largo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 50.6% de la población de 18 años y más “conoce o ha escuchado sobre la existencia de una ley encargada de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública”, sin embargo sólo el 5.6% realizó alguna vez una solicitud formal de información, es decir, utilizando los mecanismos planteados en las Leyes.

Pero, ¿por qué es necesario que la población conozca y sobre todo ejerza este derecho? Porque, como lo hemos concebido desde el Observatorio de Transparencia Con los Ojos Abiertos de la IBERO Puebla, este derecho es la parte complementaria para una ciudadanía activa.

Para ser ciudadano -o un ciudadano participativo- no basta con ir a las urnas para emitir un voto (o anular) y esperar a la siguiente jornada electoral; el derecho de acceso a la información abre la puerta para que, una vez que se eligió a alguien, se le exija transparencia en el ejercicio de sus funciones públicas y en la toma de decisiones, y mediante la información y los datos recabados se puedan realizar evaluaciones desde una mirada ciudadana, así como iniciar el camino hacia la rendición de cuentas.

La observancia ciudadana, mediante el ejercicio de este derecho, acota los espacios de discrecionalidad a través de los cuales se pueden cometer actos de corrupción. La apertura de información gubernamental en campos como la utilización de los recursos públicos o la obra pública, puede evitar el tráfico de influencias, el enriquecimiento oculto, la colusión o los sobornos, que tanto han estado en la agenda mediática en los últimos meses con ejemplos como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

De ahí la importancia del desarrollo de proyectos académicos, periodísticos y de la sociedad civil, que utilizan el derecho de acceso a la información como un mecanismo para la obtención de información de interés público. Trabajos periodísticos realizados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Animal Político; SinEmbargo; El Universal y otros medios más que cuentan con unidades de investigación; o informes y estudios como los encabezados por Artículo 19, Fundar o la Red en Defensa de los Derechos Digitales, son ejemplos de la utilidad que tiene el derecho de acceso a la información y sus repercusiones en la agenda pública.

Entre más difusión tenga este derecho y se promueva el desarrollo de espacios como el que ahora tenemos frente a nosotros con Serendipia, será que la ciudadanía podrá empoderarse más para la toma de decisiones basadas en información y hacer una vigilancia que combata a la corrupción. Ese problema que tanto ha lastimado el desarrollo político-económico de nuestro país y que en momentos de crisis, como los vividos en los últimos días a raíz de los sismos, salen a relucir en forma de desvío de víveres, edificios mal construidos o alarmas sísmicas sin utilizarse.

Bien dicen que la información es poder, ahora toca convertirlo en un poder ciudadano en pleno ejercicio de un derecho fundamental.

El camino no es sencillo, a los gobernantes y servidores públicos aún les cuesta asimilar que tienen la obligación de abrir la información. Trabas y prácticas dilatorias para la entrega de la información son el “pan de cada día” para quienes hacemos uso de este derecho, pero diría un joven jalisciense “los muros sí caen” y poco a poco hemos logrado una mayor apertura de datos e información.

Mi deseo es que algún día la encuesta del INEGI nos dé el 100% de ciudadanos con conocimiento de la legislación en materia de transparencia y por ende de su derecho a la información; y que el porcentaje de ciudadanos que hacemos solicitudes crezca cada día. Sé que es un sueño complicado, pero soñar no cuesta y ejercer nuestro derecho, tampoco.

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