23 funcionarios federales reciben 60 días de salario como aguinaldo; el director de una empresa, 30; un trabajador, 15

La Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores deben recibir por lo menos 15 días de su salario como aguinaldo, mientras que un decreto expedido por el presidente de la República cada año señala un mínimo de 40 días para los funcionarios federales.

Investigación por Alejandra Padilla
Visualización por Hugo Osorio

Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente y los tres vicepresidentes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Auditor Superior de la Federación, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los siete comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reciben 61 días de su salario mensual como aguinaldo.

Mientras tanto, el aguinaldo del director de una empresa en México es el equivalente a un mes de salario, de acuerdo con el Estudio de Remuneración 2017, elaborado por el Grupo Michael Page. La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe ser igual a por lo menos 15 días de salario, pero un decreto presidencial expedido año con año hace posible que los funcionarios públicos federales reciban un mínimo de 40 días.   

Esto sucede “en un contexto en donde los recursos públicos no son utilizados con efectividad, donde hay grandes escándalos de corrupción y las instituciones públicas no tienen un desempeño que justifique que sus altos funcionarios puedan tener estos bonos”, dice Javier Garduño Arredondo, investigador de Fundar Centro de Análisis e Investigación.

Garduño explica que tanto los salarios como el aguinaldo y las gratificaciones de fin de año de los funcionarios federales están justificados en el grado de responsabilidad que implican estos cargos, pero cuestiona que no exista una forma de calificar la labor de los servidores públicos: “todos reciben su aguinaldo aunque hagan un pésimo trabajo y aunque las instituciones pasen por crisis de legitimidad”.

Después de los 23 servidores públicos que reciben 61 días de salario como aguinaldo, están los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), quienes reciben 60 días, mientras que la Comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recibirá 58 días de su salario, el Comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 52, al igual que los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN);  los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, quienes reciben el equivalente a 51 días de salario.  

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reciben 45 días de salario como aguinaldo, mientras que Luis María Aguilar Morales y el ministro presidente de la SCJN recibe el equivalente a 44 días.

Los senadores reciben 41 días de salario y los diputados, 40; no obstante, este monto solo corresponde al aguinaldo, no incluye los bonos adicionales que ellos mismos se asignan año con año.

EL AGUINALDO: ¿OTRA FORMA DE DESIGUALDAD?

El aguinaldo es un derecho laboral. Desde 1970, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que esta gratificación debe ser igual a por lo menos 15 días de salario y debe ser pagada a más tardar el 20 de diciembre de cada año.  

El Estudio de Remuneración 2017 del Grupo Michael Page reporta que el aguinaldo que reciben los directores de empresas mexicanas es dos veces lo establecido en la ley. No obstante, en el caso de los funcionarios públicos, el monto mínimo debe ser igual a 40 días de salario.

El presidente de la República emite un decreto en noviembre de cada año para establecer las disposiciones bajo las que será otorgado el aguinaldo o gratificación de fin de año de los funcionarios federales; en este documento consta que el monto entregado debe ser igual a por lo menos 40 días de salario y ser entregado “sin deducción alguna”. Además, la mitad debe ser pagada antes del 15 de diciembre y el resto, a más tardar el 15 de enero.

Este documento establece que los servidores públicos tienen derecho a recibir una “gratificación de fin de año” además del aguinaldo. La diferencia entre ambos reside en que el aguinaldo es calculado a partir del salario base mensual y la gratificación, con base en la compensación garantizada (esta última es una parte de la percepción de los funcionarios que siempre es superior al sueldo base).

Los aguinaldos y gratificaciones de fin de año de los funcionarios federales que ocupan los puestos más altos -el presidente de la República, los consejeros presidentes y consejeros de organismos autónomos, los diputados y los senadores- están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada año fiscal.

De acuerdo con esta planeación presupuestal, el aguinaldo de Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la SCJN, es de 586 mil 356 pesos; los siete magistrados del TEPJF, reciben 586 mil 321 pesos cada uno, mientras que los 11 consejeros del INE, reciben 537 mil 762 pesos y el presidente Enrique Peña Nieto, 425 mil 441 pesos.

El aguinaldo de los secretarios de Estado no está incluido en el PEF, pero con base en el decreto presidencial es posible realizar un cálculo: cada uno de los titulares de las dependencias federales recibe, en promedio, 273 mil 495 pesos al concluir el año. Ese monto es el resultado de la suma de su aguinaldo (43 mil 773 pesos) y su gratificación de fin de año (229 mil 772 pesos).

“Todo ingreso causa impuesto”, dice Arturo Alcalde Justiniani, miembro del consejo de Oxfam México, pero “mientras más alto es el rango, más se sirven con la cuchara grande”.

De esta manera, el director de una empresa cuyo salario mensual sea de 250 mil pesos, recibirá un aguinaldo neto de 170 mil pesos, después de pagar los impuestos correspondientes. Por otro lado, los servidores públicos de la administración federal están exentos de pagar los impuestos porque el decreto presidencial así lo establece.

De acuerdo con Javier Garduño, estos ingresos adicionales y el hecho de que los funcionarios no deban pagar impuestos son situaciones que perpetúan la desigualdad porque “mucha gente no solo no puede acceder a gratificaciones de esa magnitud, sino que vive en la informalidad, por lo que ni siquiera recibe un aguinaldo”.

De esta manera, de acuerdo con el investigador, quienes perciben los mayores ingresos siguen acumulando dinero y quienes tienen las mayores carencias no reciben una percepción extra a fin de año.

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