Seguridad
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“Se creará, si lo aprueban el pueblo y el Congreso, una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país”.
Andrés Manuel López Obrador, 1 de diciembre de 2018
Avance
El 28 de febrero de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Guardia Nacional con 463 votos a favor y uno en contra. El 6 de marzo siguiente, los congresos de 17 estados (Sinaloa, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala, Tamaulipas y Quintana Roo) aprobaron crear la corporación, con lo que el presidente López Obrador tuvo el visto bueno para promulgar la creación de la Guardia Nacional.
El 26 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”.
Entre las nuevas modificaciones a la constitución resalta las del artículo 21, donde se menciona que “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”. De acuerdo con el citado artículo, la Guardia Nacional, junto con el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno “deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Sin embargo, en conferencia de prensa del 8 agosto de 2022, el presidente Andres Manuel López Obrador anunció que emitiría un acuerdo para que “ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”.
Dicha iniciativa de carácter preferente fue recibida el 31 de agosto por la Cámara de Diputados. Así lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna.
¿Qué implica que la Guardia Nacional forme parte de la SEDENA?
De concretarse el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), menciona Tadeo Luna de la Mora responsable del área de Derechos humanos, Seguridad y justicia del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” en la Universidad Iberoamericana Puebla, existe un riesgo de autoritarismo y abuso en materia de derechos humanos, tanto en el uso excesivo de la violencia, como en la transparencia y acceso a la información y calidad de vida democrática.
La razón podría deberse a que, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional, la principal diferencia entre Seguridad Pública y Seguridad Nacional es que la primera tiene como objetivo preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, y la otra intenta salvaguardar la integridad y derechos de las personas.
Según información de Animal Político, de 2006 hasta el 2018, las fuerzas armadas detuvieron a 100 mil 447 civiles en supuesta flagrancia. Del mismo modo, la SEDENA ha estado involucrada en 4 mil 495 enfrentamientos y la Secretaría de Marina (SEMAR), en tres mil 983. En ese mismo periodo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 174 recomendaciones que involucran a la SEDENA y/o a la SEMAR en actos de torturas, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones.
En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, señala información de Animal Político, 47 personas han sido víctimas colaterales de casos de uso inadecuado de la fuerza, abuso de autoridad o negligencias por parte de miembros del Ejército.
Sin embargo, los argumentos del presidente para tomar esta medida radican, principalmente, en el tema de la corrupción.
“Lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, o la Policía Federal (…) No se consolida como institución, porque no hay profesionalismo, no hay disciplina y, sobre todo, empieza la corrupción (…) Entonces no quiero que pase un sexenio —toco madera— dos, tres años y ya volvió la Guardia Nacional ahora a Gobernación, así como estaba antes, o a la Secretaría de Seguridad Pública”, mencionó el mandatario.
Además del riesgo en cuanto a violaciones a los Derechos Humanos, Tadeo Luna menciona que lo preocupante es que el Gobierno federal estaría violando la misma constitución que ellos mismos reformaron para poder crear la Guardia Nacional. “Sería una especie de traición a todo el proceso que se llevó a cabo en 2019 donde se hizo un parlamento abierto y expertos fueron al Congreso de la Unión para defender el carácter civil de la Guardia Nacional. Sería un desoir estos procesos”.
Finalmente, el catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla menciona que en términos operativos, no habría gran diferencia en el hecho de que la Guardia Nacional pasara a la jurisdicción de la SEDENA, pues tanto los miembros de este cuerpo como las decisiones que se toman han sido de carácter militar; sin embargo, existe conocimiento histórico del posible riesgo en cuanto a las violaciones de los Derechos Humanos cuando se les dota de mayor poder a los militares.
Estatus: Cumplida
