Gobierno
Promesa 55 de 100
“Habrá un auténtico estado de derecho. A nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes, y no habrá impunidad, fueros ni privilegios”.
Andrés Manuel López Obrador, 1 de diciembre de 2018
Avance
“(La promesa) no se está cumpliendo y no se va a cumplir en un mediano tiempo”, dice Bianca Bolaños, analista en la organización Impunidad Cero.
¿Por qué no se está cumpliendo? Porque eliminar la impunidad, fueros y privilegios son procesos que llevan mucho tiempo y a tres años ya se deberían ver algunos resultados, de acuerdo con Bolaños.
En este sexenio continúa la impunidad, la falta de una mayor inversión en procuración de justicia, los pendientes legislativos que son cruciales para combatir la corrupción e incluso ha habido estrategias anticorrupción fallidas, según los análisis de Impunidad Cero.
Un avance que Bolaños reconoce es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que permite que el Estado reciba todos los bienes que provengan de la comisión de un delito. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para detectar, investigar y sancionar la corrupción en México.
La impunidad
“La corrupción la hacen las personas, no las instituciones”, afirma Bianca Bolaños. Pero desde que Andrés Manuel López Obrador tomó el mandó del país “no hemos visto algún tipo de investigación que vaya a desmantelar redes de corrupción”, dice.
La analista de Impunidad Cero opina que hace falta una mayor procuración de justicia y sanciones. ¿Cómo? Aumentando el presupuesto de las procuradurías para que cuenten con los recursos materiales y humanos necesarios para las investigaciones, aumentando la presencia de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República e incrementando la coordinación entre distintos actores como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Además, Impunidad Cero encontró que en 2019 hubo una impunidad del 84.80 por ciento en faltas administrativas a servidores públicos en 2019, responsabilidad que recae en el Ejecutivo Federal. Es decir, los servidores públicos del poder Ejecutivo que actúan con irregularidades no están siendo sancionados.
Sin embargo, en los casos en que sí se sanciona a servidores públicos, las penas no corresponden a las conductas. “Por ejemplo, hay temas como el abuso de funciones, que son faltas graves, en los que solamente se están dando algún tipo de amonestación de dinero o suspensión por una semana, un mes, pero no estamos viendo realmente que se esté extendiendo algún tipo de pena mucho más grave”, explica Bianca Bolaños.
Se está ignorando a actores clave: los informantes
Bianca Bolaños revela que una forma efectiva de combatir la corrupción sin invertir en peritajes es a través de los mismos servidores públicos que atestiguan los actos de corrupción de sus pares.
Pero para que eso funcione los informantes tienen que poder denunciar sin verse involucrados, hostigados o sin enfrentar un alto costo político y laboral; es decir, estar protegidos. Sin embargo, “no hay ningún tipo de protección de informantes en México”, dice Bolaños.
Existen dos iniciativas de ley para establecer las medidas de protección a las que tendrían acceso los servidores públicos y particulares que denuncien actos o testifiquen sobre actos de corrupción. Una es de 2015 y la otra de 2018, pero a la fecha ninguna se ha vuelto ley.
De la omisión a la acción: la política anticorrupción que falló
“No solamente no se ha hecho, sino que lo que se ha hecho se ha hecho mal”, dice Bolaños al explicar que en este sexenio hay una estrategia anticorrupción fallida que ha resultado en desabasto de medicamentos y muertes de personas que los requerían, tal como lo documenta Impunidad Cero y Justicia Justa en “Operación Desabasto”.
En 2018, el gobierno federal en transición (la administración de López Obrador) puso en marcha una política pública para cortar las compras consolidadas porque existía corrupción en diversas instituciones. “Quisieron desmantelar un sistema que estaba corrupto, pero sin tener un plan alterno; entonces al final tuvieron una bola de nieve que fue acumulando distintos problemas”, explica Biaca Bolaños.
Desde 2013, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encargaba de adquirir todo lo necesario para el sector salud del país. Con la nueva política de gobierno, a partir de 2018, la responsabilidad de las compras de medicamentos e insumos médicos recayó en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Este cambio provocó retrasos y compras insuficientes de medicamentos, debido a la falta de experiencia de los nuevos funcionarios públicos encargados de realizarlas”, explican Impunidad Cero y Justicia Justa.
Además,el gobierno de México vetó a tres distribuidoras de medicamentos porque realizaban prácticas oligopólicas. El problema fue que eran las empresas que producían ciertos medicamentos y se encargaban de gran parte de la distribución de medicamentos que el gobierno federal no pudo compensar, dice Bianca Bolaños.
El gobierno está solucionando el problema del desabasto con la ayuda de la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés). De 2021 a 2024 la UNOPS hará las compras consolidadas de medicamentos para México con una comisión de al menos 1.25 por ciento del monto total invertido en la compra. En cuanto a la distribución, la empresa paraestatal Birmex será la encargada de llevar los medicamentos a todo el país.
Aunque todos estos cambios comenzaron para combatir la corrupción en el sistema de compras, al día de hoy no han habido empresas ni funcionarios sancionados por actos de corrupción, revela Bianca Bolaños.
Estatus: En proceso
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