Las 19 promesas rotas de López Obrador durante su sexenio: desde los espionajes y gasolinazos opacos del gobierno hasta los diez años de impunidad de Ayotzinapa.

¿Cuáles son las promesas rotas de López Obrador? El 1 de diciembre de 2018, el mandatario hizo 100 promesas de gobierno para las y los mexicanos. El presidente prometió austeridad, justicia y combate a la pobreza. En un principio, las 100 promesas parecían ser el génesis de su cuarta transformación. Ahora, seis años después, 19 de ellas están rotas y 30 tuvieron irregularidades o no cuentan con información pública suficiente para ser verificadas. 

¿Qué se transformó realmente en el país durante su sexenio? Para empezar, los objetivos del mismo Andrés Manuel López Obrador. En 2010, el mandatario aseguró que “no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es así, no es con medidas coercitivas”, y pidió “sacar al ejército de las calles y que regresen los soldados a los cuarteles”. 

Y por este motivo, prometió que terminaría el espionaje de Sedena, desaparecería el CISEN, crearía una Guardia Nacional con mando civil y toda labor de inteligencia militar tendría el objetivo de garantizar la paz y preservar la seguridad nacional. 

Además, prometió un sistema de salud “como en Dinamarca”, erradicar los gasolinazos y primordialmente, hacer justicia por la desaparición y el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. 

Pero el 6 de septiembre de 2022, López Obrador cambió de opinión sobre el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, “ya viendo el problema que me heredaron”, dijo en su habitual conferencia matutina.

Y en 2024, las promesas rotas de López Obrador dejaron de ser palabras y se convirtieron en una realidad para México. Organizaciones civiles han revelado los espionajes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra civiles y funcionarios públicos, los gasolinazos encubiertos y, principalmente, la impunidad del caso Ayotzinapa. 

A pocos días de terminar con su mandato, López Obrador firmó una carta en la que justifica el incumplimiento de su promesa con las familias de Ayotzinapa, diciendo que fue culpa de “falsarios, pequeñoburgueses, como se decía antes, aspiracionistas y aduladores del dinero y defensores de la oligarquía”.

Asimismo, creó la Guardia Nacional, misma que será adscrita a la Sedena con su reforma militar. Y en su último informe de gobierno, aseguró que cumplió 98 de sus cien promesas y que México no tiene un sistema de salud como en Dinamarca, sino mejor. 

Pero de acuerdo con el seguimiento realizado por Serendipia, el mandatario solo cumplió 51 de sus promesas de gobierno, rompió 19 y de 30 no hay suficiente información pública para determinar su estatus. 

Este medio digital ha dado seguimiento a las 100 promesas del presidente desde 2019 por medio del AMLÓmetro, una herramienta en donde también es posible consultar la metodología para clasificar cada uno de los compromisos. 

Estos son los resultados.

La promesa rota de López Obrador: los gasolinazos opacos del sexenio

El precio de la gasolina en México sí subió durante este sexenio, pero la opacidad del gobierno ha intentado disfrazar esta realidad. 

Para empezar, ¿qué es un gasolinazo? El 1 de enero de 2017, durante el quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el precio de los combustibles comenzó a fijarse por regiones y en función del mercado internacional, explica el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO). 

Esto tuvo como consecuencia un aumento de hasta el 20 por ciento en el precio de los combustibles, un fenómeno de inflación que se conoció como el “gasolinazo”.

Hablar de la gasolina en México es un tema complejo, explica Jorge Cano, coordinador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa. Para empezar, la inflación es el aumento o la disminución de los precios de los bienes y servicios que consumimos en un periodo de tiempo, dependiendo del comportamiento de la economía nacional e internacional. 

Y desde su proceso de campaña en 2017, López Obrador criticó el aumento en el precio del combustible y el comportamiento de Peña Nieto ante la inflación. Al tomar protesta como presidente de México, prometió que durante su gobierno no aumentaría “el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz, solo se le aplicará el componente de inflación; es decir, no habrá gasolinazos”. 

Durante sus seis años como presidente, López Obrador aseguró que había cumplido con una de sus principales promesas de gobierno. Incluso en enero de 2024, el procurador Federal del Consumidor, David Aguilar Romero, constató que no ha habido gasolinazos en México y que “los datos duros demuestran con contundencia la realidad”, ya que el precio de la gasolina se ha mantenido estable en el bolsillo de los mexicanos. 

Pero el mandatario aplicó la misma definición del “gasolinazo” que criticó de sus antecesores, solo que esta vez ocurrió desde la opacidad. 

¿Cuál fue el mecanismo de los “gasolinazos” del sexenio?

Antes de asegurar que el precio de la gasolina no ha incrementado como en sexenios pasados, vale la pena recordar que todo lo que pagamos y los servicios que adquirimos, como el combustible, tienen impuestos. 

Durante este sexenio, el gasolinazo no estuvo en el impacto directo del bolsillo. Año con año, el precio del tablero en la gasolinera fue incrementando, pero no de manera tan repentina como en enero de 2017. De acuerdo con el COMECSO, esto fue lo que pasó: 

• Por un lado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece una cuota fiscal para todos los combustibles automotrices. Se trata del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es un impuesto adicional que se aplica a productos que generan un “impacto negativo en la sociedad”, como la gasolina, cigarros o bienes con alto contenido calórico. 
• Respecto al IEPS, la Ley de Ingresos a la Federación (LIF) establece que es posible otorgar “estímulos fiscales” para condonar una parte del impuesto a los combustibles.

Ahora, esto es lo que dice la ley. Pero en 2022, el gobierno de México determinó que los “perdones” no eran suficientes para seguir conteniendo el precio de la gasolina. Con el alza en el precio internacional de los combustibles, la administración de López Obrador decidió establecer un estímulo complementario para mantener el precio de la gasolina bajo en los tableros. 

“El gobierno creó una nueva figura, a la que llamó ‘estímulos complementarios‘. Así, si un expendedor vendía gasolina al precio de mayoreo al que la compró, le permitían recibir esa diferencia a través de un menor pago de otros impuestos, como IVA o ISR”, explica Jorge Cano en entrevista con Serendipia. 

Y efectivamente, el precio de las gasolinas de 2022 no incrementó con la rapidez de 2017, pero tuvo un impacto “ya que estos vendedores de gasolina tuvieron un saldo a favor muy importante y esto redujo de forma significativa toda la recaudación tributaria”, dice Cano. 

En resumen, los estímulos complementarios de la Secretaría de Hacienda determinan una cuota anual para cobrar y después la perdona a los contribuyentes. Suena sencillo, pero no lo es. 

Este perdón no es mágico, se sigue pagando con los mismos impuestos que deberían pagarse en los impuestos especiales del combustible, por tratarse de un producto principalmente importado y que a nivel nacional, genera más deudas que ganancias. 

“México importa gasolina desde Estados Unidos, la cual tiene un precio mucho más bajo, además de una valoración positiva en el tipo de cambio. Por lo menos hasta principios de este año (2024), esto permitía una importación más barata de los combustibles. Y no hay que olvidar que Pemex vende las gasolinas que produce por debajo de su precio de producción, es decir, lo hace con pérdidas”, dice Cano. 

Los datos de los gasolinazos: pérdidas fiscales de hasta 395 mil millones de pesos

¿Y qué dicen los datos? De acuerdo con los reportes anuales “Números de Erario” de México Evalúa, los gasolinazos del sexenio de López Obrador se han visto reflejados en la inestabilidad fiscal del país. 

Desde abril de 2021, los precios de las gasolinas se mantuvieron “estables”, con variaciones mensuales menores a un punto porcentual. Pero a finales de ese año, el Gobierno federal implementó el mayor aumento en el precio del combustible desde el gasolinazo de 2017, elevando en un 7.4 por ciento las tarifas del IEPS, según México Evalúa.

Para la organización, este incremento estuvo motivado por un nivel de inflación que “no se había visto en dos décadas” y la urgencia de incrementar la recaudación tributaria para 2022. 

“Esto nos hace pensar que el gasolinazo está latente, aunque esté siendo disimulado con estímulos en las cuotas del IEPS”, dice el reporte de Números de Erario. 

¿Y qué pasó después de ese primer gasolinazo? El 4 de marzo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ya mencionado “Decreto por el que se establecen estímulos fiscales complementarios a los combustibles automotrices”. 

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este tiene como objetivo “proteger el poder adquisitivo de los hogares mexicanos” al evitar el aumento en términos reales de la gasolina. 

Pero solo una parte de ese objetivo se cumplió. El combustible no aumentó de golpe en el tablero de la gasolinera; sin embargo, el “poder adquisitivo de los hogares mexicanos” continuó siendo drenado desde los 373 mil millones de pesos ejercidos en el estímulo complementario de 2022. 

Hasta agosto de 2023, el estímulo anual alcanzó los 104.5 mil millones de pesos. Y diciembre de dicho año cerró sin un estímulo fiscal para condonar el IEPS por “pérdidas fiscales”. 

Esto es parte de la evidencia de que los estímulos fiscales para los combustibles han tenido consecuencias graves que también se ven reflejadas en el bolsillo de los mexicanos. Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se trata de implicaciones “negativas” para el Gobierno Federal, ya que al perdonar los impuestos con opacidad, la bolsa de recursos para financiar programas y proyectos en áreas prioritarias como salud, seguridad y educación se ha reducido. 

Y en 2022 la propia SHCP estimó que la pérdida recaudatoria que ocasionaría la política de estímulos al combustible fue de entre 395.4 y 438 mil millones de pesos. 

“No se ha cumplido esta métrica; se ha desaprovechado la recaudación potencial que tiene este impuesto. Existe una oportunidad para aumentar el cobro del IEPS, pero siempre asegurando que estos ingresos se destinen a prioridades. La gente siempre lo ve por el tema del costo a su bolsillo, pero los impuestos a las gasolinas son una fuente muy importante de recursos que no se puede despreciar y que se aplica en la mayor parte de los países del mundo”, concluyó el especialista de México Evalúa para Serendipia. 

A grandes rasgos, es imposible sostener un estímulo que se nutre de los impuestos si no hay suficientes ingresos tributarios. Por este motivo, los gasolinazos opacos del sexenio representan una de las promesas rotas de López Obrador. 

AMLO espió a periodistas, funcionarios y familiares de Ayotzinapa con el mismo malware que lo espió a él 

La opacidad y el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública fueron protagonistas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Detrás de las promesas para mejorar la transparencia del ejército en acciones de vigilancia, el mandatario replicó una de las acciones más graves de violación al derecho a la privacidad y los datos personales de civiles, periodistas y activistas: el espionaje. 

López Obrador fue una de las persona espiadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con el malware Pegasus, un programa de vigilancia de dispositivos móviles. De acuerdo con el Proyecto Pegasus, una colaboración entre las organizaciones Amnistía Internacional y Forbidden Stories, el gobierno ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Peña Nieto, intentó espiar hasta 15 mil teléfonos entre 2016 y 2017. 

Este espionaje incluyó periodistas, defensores de derechos humanos, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa e incluso al ahora ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

Pero eso no fue todo. Además de López Obrador, el Proyecto Pegasus reveló la presencia del malware en el teléfono de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, así como sus hijos, miembros de su equipo político e incluso a su cardiólogo, quien lo atendió tras un infarto en 2013. También fueron blanco de este seguimiento la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el expresidente Felipe Calderón y al menos 45 gobernadores y exgobernadores del país, determinó Forbidden Stories.

A raíz de esto, y con el propio testimonio de López Obrador como víctima de espionaje, el mandatario hizo la promesa de que el Estado Mayor presidencial pasara a formar parte de la Sedena, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) desapareciera. 

Además, el presidente se comprometió a erradicar el espionaje a opositores y a ciudadanos, y que “la oficina sucesora tendrá como única encomienda hacer labores de inteligencia para garantizar la paz y preservar la seguridad nacional”. 

Pero una vez más, su opinión cambió en cuanto tomó posesión. El espionaje es otra de las promesas rotas de López Obrador. 

“Es mentira; claramente, en este gobierno se incumplió esa promesa presidencial”, explicó Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en entrevista con Serendipia. 

Para empezar, el CISEN no desapareció. De acuerdo con García, el mandatario solo dio la orden de que cambiara de nombre. Desde 2019, el CISEN pasó a ser el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), institución que cumple exactamente las mismas funciones. 

Y más gravemente, López Obrador perpetuó el pacto de silencio de sus expresidentes y adversarios. El trabajo conjunto de R3D y medios de comunicación llevaron al descubrimiento de un Centro Militar de Inteligencia, mismo que se mantuvo oculto desde su creación en el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y se mantuvo en operaciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En la administración actual, “no solamente se siguió adquiriendo tecnología para vigilar, sino que se demostró que continuó utilizándose la misma tecnología que había sido empleada en otros gobiernos para espiar a periodistas”, dice el director de R3D. 

López Obrador perpetuó el Centro Militar de Inteligencia creado por el PRI y el PAN, y usó los mismos sistemas de espionaje que sus opositores utilizaron para acosarlo. 

Y por si fuera poco, el reportaje “Ejército Espía” de R3D también documenta la negativa a proporcionar los contratos de la SEDENA con diferentes proveedores de Pegasus, así como el incumplimiento de las resoluciones inapelables del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) y la obstrucción de las investigaciones de la Fiscalía General de la República. 

“Ha habido toda una operación de encubrimiento en la que incluso el presidente López Obrador es cómplice. Los casos de espionaje tienen diversas etapas de preocupación: una es la adquisición irregular, que muchas veces involucra a empresas fachada y empresas fantasmas, con sobreprecios e indicios de corrupción. Otra es el uso abusivo e ilegal de esas tecnologías en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición e incluso del propio gobierno. Y, finalmente, está el encubrimiento, que incluye el ocultamiento de información, la desinformación y la estigmatización de quienes hemos denunciado con evidencia estas prácticas de espionaje ilegal”, dice García. 

Las promesas rotas de López Obrador priorizaron el pacto de silencio con el mismo ejército que lo espió cuando pertenecía a la oposición gubernamental. El aparato de inteligencia continúa existiendo y, de acuerdo con los datos, el espionaje no ha terminado. De hecho, nunca se detuvo. 

La promesa quebrantada de López Obrador: 10 años de impunidad para Ayotzinapa 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que prometió esclarecer una de las violaciones a los derechos humanos más brutales en la historia de México, perpetró la misma impunidad del sexenio anterior. Sin justicia, acceso a la información y la investigación del estado sobre las irregularidades del ejército, el 26 de septiembre de 2024 Ayotzinapa cumplió una década entre pactos, opacidad y revictimización para los 43 estudiantes asesinados. 

El 1 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador prometió que durante su gobierno sería investigada a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, que se conocería la verdad y se castigaría a los responsables. 

Serendipia dirigió una solicitud de información a las dependencias responsables de la investigación del caso Ayotzinapa. En ella, se solicitó la versión pública de todos los informes, reportes o documentos que pudieran comprobar las acciones de búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos desde diciembre de 2018 hasta junio de 2024.  

Como respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Guardía Nacional reservó la información solicitada por este medio digital por un periodo de cinco años. 

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no contestó la solicitud y tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Gobierno (Segob) respondieron con un enlace público y desactualizado del segundo informe de gobierno de López Obrador en 2021.

A diferencia de las otras promesas rotas de López Obrador, el mandatario ha reconocido que no cumplió con la justicia del caso Ayotzinapa. Durante su último informe de gobierno, dijo que “esa es una asignatura pendiente” y que “todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguir buscando a los jóvenes”.

Pero su mandato terminó y la promesa está rota. Ayotzinapa llega a su décimo aniversario en la impunidad, sin verdad ni castigo.

Las promesas ambiguas y sin datos del sexenio de López Obrador

A lo largo del sexenio, los datos han mostrado la ambigüedad de las promesas de Andrés Manuel López Obrador para México. De acuerdo con el análisis de Serendipia, 30 de las promesas del mandatario no cuentan con información pública ni evidencias suficientes que puedan constatar que fueron cumplidas. 

Aunque López Obrador las integró en la lista de su sexto informe de gobierno, estas son algunas de las promesas imprecisas que carecen de datos públicos con las que se puedan verificar tal como las dijo el ahora ex presidente: 

1. Pavimentar caminos en municipios olvidados de Oaxaca, Guerrero y “otros estados”.
2. El incremento del presupuesto para financiar los programas del bienestar se obtendría de los ahorros obtenidos por “no permitir la corrupción y gobernar con austeridad republicana”. 
3. Los funcionarios no podrán convivir “en fiestas, comidas o juegos deportivos” con contratistas, proveedores o inversionistas ligados con la función pública.
4. Se tratará con “amabilidad” a los ciudadanos en las oficinas públicas, “aceptando con humildad que ellos son los mandantes de nosotros, los servidores públicos”.

Todas las promesas rotas y cumplidas de López Obrador en un solo lugar: esto es el AMLÓmetro

Los compromisos del presidente López Obrador abarcaron áreas como la educación, economía, austeridad y seguridad. Además, el mandatario se comprometió a brindar apoyo al sector agrícola, impulsar los programas sociales y desarrollar programas de inversión para el país.

Serendipia realizó el seguimiento y la verificación de los 100 compromisos del mandatario durante su sexenio. Existen 19 promesas rotas y 30 con información pública insuficiente para ser verificadas.

Esto significa que existen datos e información pública que demuestran que 51 de las afirmaciones exactas del mandatario se cumplieron. Pero, ¿quieres saber qué consecuencias tuvieron para México realmente?

Para consultar con detalle cada uno de los datos de las promesas cumplidas y rotas de AMLO, visita el AMLÓmetro de Serendipia.