A cinco años de su activación, el dinero para la Alerta de Género en Chiapas se ha destinado principalmente a medidas de prevención. Sin embargo, colectivos feministas denuncian su escasa efectividad, así como la poca atención que reciben mujeres indígenas y migrantes en el estado.

“Me decidí a denunciar porque temía que otras niñas vivieran lo que yo estaba pasando, pero siempre tuve esa sensación de incertidumbre, de incomodidad, de miedo por no saber qué me podría pasar”. Con apenas 13 años, Zyndi fue acosada continuamente por el padre de su entonces mejor amiga. Un día de agosto de 2016, se dirigió al Palacio de Justicia de San Cristóbal de las Casas con la intención de denunciar el acoso del que era víctima. Sin embargo, no obtuvo la justicia que estaba buscando. 

“Una se pregunta si es que acaso te escucharán, porque es algo que no sucede en la mayoría de los casos. A mí también me pasó: hice una denuncia, pero no hubo consecuencias. El señor sigue libre y lo veo correr en mi fraccionamiento por las mañanas”, declara Zyndi. “Si se dieran las cosas de una manera correcta aquí en México, si se hicieran las investigaciones necesarias, yo creo que él estaría preso. Pero no lo está”.

En 2016, 52.4 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en Chiapas enfrentaron algún tipo de violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016). Tan sólo en ese año, 26.4 mujeres por cada cien mil fue víctima de violación en el estado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) analizados por Serendipia. Un año antes, en 2015, la tasa de feminicidios en la entidad alcanzó 1.33 casos por cada cien mil mujeres.

Fue el 18 de noviembre de 2016 cuando se decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en siete municipios de todo Chiapas: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. También se declaró la implementación de acciones específicas para atender la creciente violencia contra mujeres indígenas de la región de Los Altos de Chiapas (un territorio caracterizado por su gran diversidad étnica, lingüística, cultural y religiosa).

Con la intención de conocer las acciones concretas que se llevan a cabo para hacer frente a esta violencia de género en Chiapas, Serendipia dirigió 33 solicitudes de información pública a dependencias de nivel estatal y municipal encargados de atender esta Alerta en las siete regiones en que actualmente está activa. En ellas, se requirió una relación de los gastos realizados en la materia desde que existiera registro, además de una copia en versión pública de los documentos (facturas, contratos, órdenes de compra) que comprueban dichas erogaciones. 

Sólo el 39.3 por ciento de las dependencias entregó la información solicitada y en 27.7 por ciento de los casos no se recibió una respuesta por su parte. El nueve por ciento señaló que no cuenta con recursos para atender la AVGM y nueve por ciento más manifestó no realizar erogaciones. Seis por ciento se proclamó incompetente y otro seis por ciento más se declaró sin información. Todo esto se encuentra disponible para su consulta y descarga en nuestro micrositio “México, date cuenta”.

26.6 por ciento del dinero para la Alerta de Género en Chiapas se destina a la capacitación de funcionarios públicos

A partir de los datos proporcionados, Serendipia categorizó la información con base en las medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta de Género, la cual contempla cuatro rubros principales: prevención, seguridad, justicia y visibilización de la violencia. En su análisis, Serendipia encontró que 33.3 por ciento de todos los gastos realizados se destinan al tema de prevención, 27.8 por ciento a seguridad y 24.4 por ciento no corresponde a ninguna de las categorías. En el caso de la visibilización, tan sólo el 0.6 por ciento de las erogaciones totales se dirigen a esta área.

“Las capacitaciones son necesarias y obligatorias en materia interna como servidores públicos”, declara Ana Lilia Cabrera Argüello, actual directora del área de Equidad de Género del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, en entrevista con Serendipia. “Esto para que el personal conozca qué es la Alerta, cuándo se implementó y cuál es nuestra responsabilidad en la lucha contra la violencia de género”.

De acuerdo con los datos reportados en las respuestas a las solicitudes de información, en Chiapas la capacitación de servidores públicos ha supuesto el mayor gasto, con 26.6 por ciento de todas las erogaciones realizadas para atender la AVGM. Esto con 16.8 millones de pesos destinados para ello en todas las categorías desde la activación de la Alerta.

“Se está gastando en capacitaciones para servidores públicos que cambian constantemente: es como empezar de cero cada vez”, declara al respecto Olivia Velázquez del Colectivo Feminista Mercedes Olivera (COFEMO), en entrevista con Serendipia. “No basta con capacitar a los funcionarios. Es insuficiente que únicamente dirijan su labor a lo gubernamental, porque nos encontramos con el escaso acceso real que tienen las mujeres a la justicia y a esos lugares de atención”.

¿Esta capacitación asegura una atención oportuna de la violencia de género en la entidad? Zyndi recuerda que en su caso presentó dificultades al momento de denunciar debido a que el hermano de su agresor fue presidente municipal en San Cristóbal. “Su familia tenía una influencia muy grande. Al platicar mi situación, una secretaria me dijo que no podían hacer nada por mí debido a que ese señor había ocupado un cargo político”, afirma Zyndi. “Recuerdo que me aconsejó dejarlo hasta ahí. Tras escucharla, mis papás y yo nos quedamos paralizados al no poder hacer nada”. 

En ese sentido, otro de los puntos a considerar es si realmente dichas capacitaciones llegan al personal encargado de atender directamente este tipo de violencia. “Por ejemplo, en 2021 compañeras del Colegio de la Frontera Sur interrogaron a la Secretaría de Salud del estado sobre si ya se había dado a conocer la NOM-046 que permite a las mujeres interrumpir el embarazo”, señala Olivia. “Tras su respuesta afirmativa, preguntaron sobre ella a personal de la salud pública en Chiapas y resulta que la desconocen. Una cosa es lo que informan, lo que dicen que se está haciendo, y otra muy diferente es lo que en realidad ocurre. Lo mismo sucede en el caso de la violencia de género”. 

En esta línea, apenas el 13 por ciento (9.6 millones) del dinero para la Alerta de Género en Chiapas se destinó a políticas públicas en materia de violencia de género. Un campo en el que hace falta prestar más atención, pues resulta necesario implementar programas que transformen las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. “Esto debe hacerse desde instituciones como la Secretaría de Educación Pública, de Salud o de Procuración de Justicia, en las que el género debe ser por regla un eje transversal”, advierte Olivia. 

De hecho, la categoría de seguridad es la segunda con mayores erogaciones (el 27.8 por ciento del total de gastos realizados) en Chiapas. “Entre las medidas específicas que implementamos en materia de seguridad pública durante 2016 fueron la patrulla rosa y las capacitaciones a personal de seguridad”, afirma Gabriela Duran Pérez, directora entre 2015 y 2018 del Instituto Municipal de Equidad de Género de Comitán de Domínguez.

Sin embargo, esto no siempre se traduce en mejores condiciones de seguridad para las mujeres en la entidad. Por ejemplo, durante 2018 (dos años después de la activación de la Alerta) la tasa de violencia familiar en el estado aumentó a 212.4 casos por cada cien mil, de acuerdo con los datos del SESNSP. 

Así también lo recuerda Zyndi. “Tras mi denuncia, lo único que ocurrió fue que en dos ocasiones durante esa semana aparecieron policías en mi casa”, detalla. “Sólo me preguntaron si todo estaba bien. Les decía que sí y eso era todo. Se iban”. 

Como puede observarse en la gráfica, apenas el 3.75 por ciento (esto es, 2.7 millones) de todo el dinero para la Alerta de Género en Chiapas se ha dirigido a la realización de estudios destinados a conocer el contexto en que se da este tipo de violencia. “Si se va a trabajar la violencia contra las mujeres en, por ejemplo, la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, tendríamos primero que investigar cómo es que se están dando las relaciones entre estas poblaciones”, recuerda Olivia. “No podemos tener una incidencia real si no sabemos cómo enfrentar el problema”. 

Este es un aspecto de vital importancia debido a las características particulares que presenta el estado (su enorme diversidad étnica, lingüística y cultural). Algo que, según revelan los datos, hoy en día sigue sin ser un tema prioritario. 

“No puedo darte una cantidad de dinero en específico con respecto a lo que se asume para atender la Alerta. Pero dentro del presupuesto se asignan porcentajes para la erradicación de la violencia en el municipio”, declara Cabrera. “Estos se ven reflejados en la instalación de luminarias, en combustible, bacheo, obras y servicios públicos; en la rehabilitación de calles y espacios en donde transitan las mujeres. También en actividades, conferencias y talleres de sensibilización para la población en general”.

No obstante, el dinero destinado en obras públicas apenas alcanza el 3.07 por ciento (2.1 millones) de todas las erogaciones realizadas. “Los gastos en bacheo y combustible tienen muchísima relación con la Alerta porque una calle con baches no permite un acceso fluido. Si a eso le sumamos poca luminaria, entonces es una zona de riesgo”, señala Cabrera. “Además, si los servicios públicos podan lotes baldíos para evitar incidentes, eso implica también un gasto en combustible para las podadoras”. En 2021, las erogaciones en materia de combustible ascendieron a 96 mil pesos tan sólo en este municipio.

Aunado a ello, la visibilización de la violencia es la categoría que menos erogaciones ha registrado, según los datos reportados en las respuestas a nuestras solicitudes de información (0.67 por ciento). “También se trabajó en que todos los oficios del municipio de Comitán tuvieran logotipos sobre la no violencia de género”, recuerda Duran. “Esto para que cualquier escrito procedente de la Presidencia Municipal que llegara a otras dependencias o personas, hiciera saber que este municipio está asumiendo su responsabilidad en la violencia contra las mujeres”.

En este punto, cabe recordar que en Chiapas se hablan doce lenguas indígenas además del español (mam, jakalteco, tsotsil, tojolabal, teko, qato’k, tseltsal, lacandón, zoque, ch’ol, chuj y q’anjob’al), de acuerdo con el Sistema de Información Cultural del Gobierno de México. “Realizamos acciones a través de trípticos, panorámicos y medios masivos de comunicación como la radio con la intención de sensibilizar a todo el municipio sobre el tema de la Alerta de Género”, declara Duran.

“No es suficiente con lanzar spots, pues hay regiones en las que no se habla español y otras en las que dichos mensajes no se transmiten”, declara Olivia. “Las acciones implementadas se dirigen hacia una población de ciudad y están dejando de lado toda esta diversidad cultural y lingüística que tenemos en el estado”.

Finalmente, 24.4 por ciento (18 millones) del dinero para la Alerta de Género en Chiapas no corresponde a ninguna de las categorías establecidas. Es el caso de gastos en vehículos, renta de mobiliario, equipos de cómputo, gasolina, papelería e impresiones no especificados para atender la violencia contra las mujeres en los municipios en que actualmente está activa. “No estoy segura de que estos altos índices de violencia de género se deban a falta de dinero para combatirla”, declara Olivia. “Creo que más bien se debe a la mala distribución de dichos recursos”. 

“Quizá la denuncia me sirvió porque mi agresor no se ha acercado de nuevo, si bien es cierto que ya no puedo convivir con señores mayores de treinta años sola sin que me ponga muy nerviosa. Pero pienso en una situación diferente a la mía, con un tanto más de gravedad”, reflexiona Zyndi. “Lo he pensado mucho: en ese caso, no hubiera servido para nada el proceso que yo hice”.  

Chiapas: sólo 5.6 por ciento de la entidad tiene Alerta de Género

“Durante el periodo en que se solicitó la activación de la AVGM para el estado de Chiapas, se suscitaron muchos asesinatos de mujeres, principalmente en la región de Los Altos”, afirma Olivia . “Bueno, no sólo de asesinatos, sino también de violencia de género como son las violaciones sexuales. La solicitud se hizo a través de organizaciones feministas con la intención de lograr una declaratoria en la entidad. Esto debido a todos esos casos conocidos que no estaban siendo investigados ni resueltos”.

A raíz de esta violencia sistemática, desde 2013 colectivos liderados por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) solicitaron la activación de la AVGM en el estado. Principalmente debido a la falta de implementación y efectividad de las medidas adoptadas para prevenir el delito de feminicidio en toda la entidad. 

En la solicitud de 2013 también se proporcionaba un contexto general del estado, en el que aproximadamente 25 por ciento de las mujeres eran indígenas. Además, se evidenciaba que el 45.5 por ciento de la población en el estado vivía en pobreza, y que al menos 32.5 por ciento lo hacía en pobreza extrema. Sobre todo en zonas rurales y periféricas de las ciudades como lo es la ya mencionada región de Los Altos. 

Para 2016, año de activación de la Alerta, Chiapas era el estado con mayor proporción de viviendas con hacinamiento (38.4 por ciento), según el Panorama Nacional sobre la Situación de la Violencia contra las Mujeres. Además, 73 de cada cien hogares en el estado contaba con al menos una persona residente mayor de 15 años sin estudios básicos, en su mayoría mujeres.

A pesar de la implementación de esta medida en 2016, los asesinatos de mujeres se han mantenido en la entidad. Para 2021, la tasa de feminicidios incrementó a 1.55 casos por cada cien mil mujeres según los datos del SESNSP. 

También lo hizo la tasa de violencia familiar en todo el estado, la cual pasó de 46.2 casos por cada cien mil en 2015 (un año antes de la activación de la Alerta) a 68.3 durante el año pasado. Por tanto, surge la duda de si realmente los gastos están encaminados a erradicar la violencia de género en Chiapas tomando en cuenta el contexto particular de al menos cada uno de los municipios en que actualmente está activa.

La AVGM es un mecanismo de protección de los derechos de las mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales encaminadas a erradicar la violencia en su contra y a garantizar la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres de un territorio determinado. De acuerdo con esta Ley, su activación corresponde al gobierno federal a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM). Esto al darse las siguientes condiciones:

1. Que los delitos contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres perturben la paz social en una región determinada.
2. Que exista tal agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
3. Que organismos de derechos humanos y de la sociedad civil a nivel estatal, nacional e internacional la soliciten a raíz de los altos niveles de violencia en un territorio.

“Hice la demanda en agosto, justo tres semanas después de que empezara todo. Fui al Palacio de Justicia de San Cristóbal y al llegar dije que quería hacer una denuncia. Después de tomar mi declaración, me hicieron ver a una psicóloga”, recuerda Zyndi. “Ella me preguntó qué hacía cuando me ponía nerviosa y le respondí que me sudaban las manos. Entonces me pidió que se las mostrara y tras hacerlo me dijo que yo les estaba mintiendo. Finalmente me indicó que hiciera un dibujo de mi familia y de mi casa. Eso fue todo, la única ayuda que recibí pues no me ofrecieron más apoyo”.

El caso de Zyndi ocurrió en la capital del estado de Chiapas, en la que apenas tres meses después se decretaría la Alerta de Violencia de Género. Sin embargo, hoy en día todavía existen comunidades y municipios de la entidad que no cuentan con los espacios para denunciar esta violencia y a los que no se les han brindado los recursos para atenderla.

“A finales de 2020, COFEMO trabajó en comunidades de la región de Los Altos para informar sobre violencia de género, principalmente contra niñas y adolescentes. Lo que nos dicen las mujeres es que a veces sí tienen la información, pero no acceso a lugares para denunciar”, revela Olivia. “Por ejemplo, para hacer una denuncia en el municipio de Chalchihuitán (a tres horas de San Cristóbal), las mujeres deben dirigirse hasta la ciudad. Por ende, además de todos los obstáculos que tienen para decidirse, cuando quieren denunciar no hay forma de hacerlo”.

De esta forma, las habitantes de municipios que no cuentan con la Alerta de Género se ven obligadas a trasladarse hasta las ciudades en busca de justicia. Este hecho también obstaculiza el brindar un apoyo óptimo dentro de los Centros de Atención existentes en el estado, pues su personal no se da abasto. “Sólo hay uno en San Cristóbal de las Casas que atiende a toda la población de Los Altos, que son por lo menos veinte municipios. Por supuesto que esto es insuficiente”, declara Olivia. 

Chiapas es un estado muy variado en el que existe una alta densidad poblacional de etnias: catorce pueblos indígenas según el Sistema de Información del Gobierno de México. También se encuentra la cuestión de su frontera con Guatemala, la cual se caracteriza por aspectos sociales y geopolíticos específicos como es la presencia de población migrante.

En este punto, colectivos feministas como COFEMO han denunciado que estos contextos particulares no se consideran a la hora de realizar acciones para atender la violencia de género en la entidad, como es posible corroborar en los gastos reportados para atender esta Alerta. Un aspecto que debería llevarse a cabo pues, según está marcado en la propia Declaratoria, la activación de la AVGM permite a los estados (de acuerdo con sus condiciones particulares) adoptar las medidas necesarias para garantizar a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia. 

“Lo que vemos es que no están tomando en cuenta los contextos específicos. La violencia de género se manifiesta de distintas formas en cada uno de los lugares”, apunta Olivia. “En Chiapas se implementa una sola acción como si las condiciones de todas las mujeres en el estado fueran las mismas”. 

Incluso en el caso de las mujeres de comunidades chiapanecas que en los últimos años han tenido que hacerse cargo del hogar debido a la alta migración de los hombres hacia los Estados Unidos. “No hay programas suficientes para todas esas mujeres que se quedaron a cargo de pueblos y comunidades. Se tiene la idea de que sus maridos les mandan dinero para que se mantengan, pero ellas también sufren violencia”, aclara Olivia. “¿Qué se está haciendo por ellas? ¿Cómo lograr que puedan enfrentar estas violencias si no se toma en cuenta el contexto en que se dan?”

¿La AVGM es una medida efectiva para atender la violencia de género?

“Los colectivos que solicitamos la Alerta hemos dado seguimiento puntual a las medidas derivadas de la declaratoria en Chiapas y exigimos el cese de su engañosa aplicación”, declararon en conferencia organizaciones civiles lideradas por el CDMCH bajo el marco del Paro Internacional de Mujeres el 7 de marzo de 2019. “Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Las autoridades han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores”.

En opinión de COFEMO, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es una medida que, en teoría, sería efectiva si los gastos realizados se enfocaran realmente en atender desde raíz este tipo de violencia. “No hay que dejarla de lado porque puede ser eficaz si se implementa como debe de ser”, afirma Olivia. “La AVGM fue pensada como una alerta para llevar a cabo acciones inmediatas desde todas las instituciones. Si se toma en cuenta eso, ¿cómo es posible que duren años y años sin reportar cambios?”. 

Aparte de la desarticulación entre lo expuesto en la Alerta y las acciones que se aplican, existen otras dos problemáticas que presenta la AVGM. La primera es la falta de vinculación entre las instituciones encargadas de atender la violencia de género en Chiapas. Por ejemplo, COFEMO se encuentra actualmente como consultor en la Comisión de Violencia contra las Mujeres del gobierno municipal de San Cristóbal. Sin embargo, es una dependencia pequeña que por el momento tiene la mínima incidencia. 

“Desde diciembre somos consultoras, pero no nos han consultado hasta la fecha”, afirma Olivia. “Por si fuera poco, esta Comisión tendría que estar vinculada a las acciones de la Alerta (porque el municipio de San Cristóbal la tiene activa) pero no lo está”.

En segundo lugar se encuentra la falta de continuidad de las acciones pensadas a largo plazo. Como señala Olivia, los programas se proponen con fecha de caducidad para cada cambio de gobierno. “No olvidemos que todo lo relacionado con la violencia de género no se va a resolver en un sexenio o en dos. Y hemos notado que empieza un gobierno y propone algo, pero luego termina y al siguiente cambió”, detalla. “La impresión que nos da es que suelen dirigir los recursos hacia aquello que se puede ver y tiene una visibilidad hacia la opinión pública. Todo lo demás, como no se ve y es a largo plazo, lo olvidan”. 

Como otras víctimas, Zyndi espera que en algún futuro esta situación cambie. “En una ocasión mi ex amiga me confesó que su padre abusaba de ella sexualmente. Obviamente me comentó que tenía miedo de decirlo. Pero sigue viviendo con él”, recuerda. “Yo entiendo que mi mamá me prohibió tener una amistad con ella tras lo ocurrido, pero sé que también necesita ayuda. No ha alzado la voz, pero espero que algún día se den las condiciones para que lo haga”.