OSC y organismos gubernamentales proponen ley para ampliar licitaciones, digitalizar el proceso de contratación pública y nuevo instituto supervisor

El proyecto de Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público fue presentado ante el Congreso el 3 de julio de 2020 por sus creadores, es decir, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Transparencia Mexicana (TM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa.

La iniciativa busca minimizar la corrupción en los procesos de contrataciones públicas, ampliar las oportunidades de las pequeñas y medias empresas en las licitaciones y garantizar la eficacia del gasto público.

Para ayudar a la reactivación económica, la ley crea parámetros nacionales para las adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos donde se acotan las adjudicaciones directas.

El grupo multidisciplinario plantea una plataforma digital donde se realice cada paso del proceso de contratación pública, lo que permitirá la transparencia y la evaluación del ciclo.

Además, la propuesta incluye la creación del Instituto Nacional de Contrataciones Pública.

“Yo creo que por mucho va a ahorrar y va a generar una mejor compra pública en términos de precios, de calidad de productos que no vemos el día de hoy”, dijo Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuenta en México Evalúa.

¿Qué propone la iniciativa de Ley General de Contrataciones Públicas?

A continuación algunos elementos, mecanismo e instrumentos del proyecto de ley:

• Creación del Instituto Nacional de Contrataciones Pública como un organismo descentralizado y autónomo encargado de la planeación, desarrollo, implementación y evaluación de la Política Nacional de Contrataciones Públicas.
• Lanzamiento de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas como espacio digital donde se realizarán y publicarán todos los actos de los procedimientos de contratación en formato de datos abiertos, incluyendo la ejecución y evaluación del contrato.
• Establecimiento de la licitación pública nacional e internacional como regla general.
• Generación un registro nacional de oferentes, proveedores y contratistas con el objetivo de identificar y validad la existencia de empresas, evaluar su cumplimiento y registrar sus sanciones, así como conocer sus grupos de interés económico para cruzar variables y analizar posibles conflictos de interés.
• Potencializar la figura del testigo social.
• Sancionar a las empresas con inhabilitación para participar en contrataciones públicas.
• Monitoreo del ciclo de contratación pública con base en metodologías de riesgo.
• Implementar controles específicos para las contrataciones de gran magnitud.
• Realizar procesos de planes anuales de adquisiciones a la par de la asignación de presupuestos federales.
• Incetivación a gobiernos municipales para digitalizar el ciclo de contrataciones públicas.