El gobierno de Puebla hizo públicos sus gastos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, pero sin dar a conocer los documentos que respalden las erogaciones.
El sitio web “Transparencia covid-19” del gobierno estatal contiene información sobre los gastos que ha realizado la administración local para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.
En el sitio solo es posible consultar una lista de los productos o servicios adquiridos por el gobierno, mas no los contratos y/o facturas u otros comprobantes que respalden estos gastos. De esta manera, es imposible conocer detalles como quiénes son los proveedores del gobierno y en qué condiciones fueron hechas estas adquisiciones.
Por medio de esta información es posible saber que el gobierno de Puebla ha gastado mil 139 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria, mas no es posible conocer detalles como las empresas contratadas o el valor unitario de cada producto o servicio adquirido.
“Es de reserva obligatoria”: Barbosa
El gobernador del estado, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, dijo el 12 de junio en conferencia de prensa que los datos sobre las empresas contratadas y costos unitarios “son de reserva obligatoria” por el momento y que posteriormente se darán a conocer.
Sin embargo, la ley de transparencia estatal establece que “La información protegida por el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario, fiscal, bursátil y postal y cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos”.
Portal no garantiza transparencia: OSC y medios
En respuesta a la publicación de este portal y a la respuesta del gobernador, 16 medios y organizaciones de la sociedad civil publicaron un comunicado en el que aseguran que la información publicada no cumple con los criterios mínimos para garantizar la transparencia y el acceso a la información.
Con relación a los contratos, si bien el Gobierno del Estado ha señalado que estos tienen “reserva obligatoria”, cabe señalar que estos documentos deben ser públicos en atención a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. En caso de reserva, el Gobierno del Estado debe fundamentarla aplicando la prueba de daño, misma que deberá estar a disposición de los ciudadanos y, en su caso, publicar una versión pública de los contratos para garantizar la transparencia de los mismos.
