La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad una reforma a la Ley General de Transparencia que obliga a los poderes judiciales de todo el país a hacer públicas todas sus sentencias
La Cámara de diputados aprobó una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obliga a todos los poderes judiciales de México a publicar sus sentencias.
A continuación se reproduce el boletín publicado por la organización EQUIS Justicia para las mujeres. El original puede ser consultado aquí.
Ya es ley: todas las sentencias judiciales serán púbicas
Hoy se aprobó la modificación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública impulsada por el colectivo #LoJustoEsQueSepas (conformado por EQUIS Justicia para la Mujeres, México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar), que obligará a que todas las sentencias judiciales sean públicas.
Con anterioridad, el artículo 73 de esta Ley señalaba que los Poderes Judiciales debían dar a conocer únicamente las sentencias de “interés público”. La ambigüedad de este concepto ha permitido que los juzgados y tribunales publiquen pocas o ninguna de sus sentencias[3].
Esta opacidad judicial da pie a que se puedan dictar sentencias discriminatorias o sin perspectiva de género y derechos humanos, y limita la detección de posibles arbitrariedades. Con ello, el acceso a la justicia, el acceso a la información y otros derechos como la libertad de expresión se ven limitados.
Por eso la publicación de todas sentencias es muy importante, pues facilitará la realización de ejercicios de auditoría ciudadana, la evaluación del trabajo de las y los juzgadores y funcionarios judiciales y la identificación de patrones que puedan dar indicios de actos de corrupción. Así, esta reforma representa un gran paso hacia la transparencia judicial y contribuye a consolidar poderes judiciales más abiertos y confiables.
El colectivo #LoJustoEsQueSepas, que ha impulsado la causa de la transparencia judicial desde 2018, reconoce el avance en materia de transparencia y apertura de datos que implica esta reforma. Ahora, los poderes judiciales tendrán la responsabilidad de cumplir con esta nueva obligación, mientras a los órganos garantes de transparencia les corresponderá monitorear su implementación.
Finalmente, creemos que esta reforma debe servir como impulso a una política de transparencia proactiva por parte de los poderes judiciales. Es decir, deseamos que los siguientes pasos se encaminen hacia la generación de mecanismos que acerquen la justicia, en particular a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la difusión de información en formatos y soportes adecuados y pertinentes, de acuerdo con lo establecido por la propia Ley General de Transparencia.
