La Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres ha publicado un estudio sobre el sistema de acceso a la información en México. En él revela un incremento en la cantidad de respuestas engañosas entregadas por los sujetos obligados del gobierno federal; problemática ya evidenciada por Serendipia a lo largo de los años. Pero, ¿realmente ha mejorado la transparencia en el país?

Big Data y acceso a la información en México es un estudio financiado por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE) desarrollado por cinco expertos en la materia (Daniel Berliner, Brian Palmer, Jésica E. Tapia, Benjamin Bagozzi y Aaron Erlich). Su objetivo es analizar el funcionamiento real del sistema de acceso a la información pública en el país para identificar sus fortalezas y debilidades.

Dicha investigación sólo utiliza datos concernientes a las solicitudes de acceso a la información disponibles de forma pública en el país. Esto tanto en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). El periodo de estudio abarca del año 2003 al año 2019 y se limita sólo a las solicitudes presentadas a dependencias del gobierno federal.

Para llevar a cabo esta investigación los expertos recurrieron a técnicas de Data Science y Machine Learning (modelos de inteligencia artificial) que les permitieron demostrar una creciente especialización de los usuarios al realizar las solicitudes de información. Pero también evidencian que las dependencias federales han desarrollado una serie de técnicas para evitar responder a los requerimientos de los ciudadanos. Es decir, se declaran incompetentes o señalan que la información solicitada no existe.

Esta es una práctica que ya ha sido evidenciada también por Serendipia a través de los años. Pero, ¿qué tan transparente es el sistema mexicano de acceso a la información de acuerdo con el estudio?

Respuestas engañosas de los sujetos obligados, una práctica en aumento

Un primer análisis de las respuestas obtenidas determinó que la proporción de solicitudes con respuesta por “inexistencia de información” aumentó del 3 al 9 por ciento entre 2003 y 2009. De acuerdo con el estudio, a partir de ese año el indicador mejoró de forma aparente. Esto porque el número de respuestas catalogadas por los sujetos obligados con “inexistencia de información” decreció en los años posteriores.

Sin embargo, los expertos optaron por analizar de nuevo los datos. Principalmente debido a que los sujetos obligados suelen catalogar de forma errónea las respuestas que brindan. Y es que a veces el personal de las dependencias tiende a reportar una respuesta como “entregada” cuando en realidad no otorgó la información (o sólo proporcionó una parte) al solicitante. Este es el caso, por ejemplo, de las respuestas “entregadas” que sólo contienen una carta que afirma la inexistencia de dicha información.

Con la intención de conocer el porcentaje real de este tipo de respuestas, los expertos analizaron el conjunto catalogado por los sujetos obligados como “respuestas entregadas”. Para ello dividió este grupo en cuatro categorías: 

1. Información útil entregada. Es decir, que la información se corresponde con lo requerido por el solicitante. Además de haber sido proporcionada de una forma oportuna y fácil de entender.
2. Información entregada pero inútil. Esto porque la dependencia otorgó menos de la mitad de la información solicitada.
3. Archivos de respuesta encontrados pero sin información proporcionada. Cuando en la respuesta se incluían documentos sin la información requerida (por ejemplo, las cartas que afirman la inexistencia de dicha información).
4. Archivos de respuesta no encontrados o ilegibles. La etiqueta se empleó para las situaciones en que el enlace proporcionado no servía, no se encontraron archivos en él o los documentos incluidos eran ilegibles.

Bajo esta precisión sólo la primera opción puede ser considerada como una verdadera respuesta “entregada”, pues cumple con lo requerido por el solicitante.

Pero, con base en este análisis, las otras tres categorías insatisfactorias constituyen alrededor de un tercio del total de respuestas catalogadas como información “entregada” por los sujetos obligados. El estudio revela también que desde 2016 la proporción real de respuestas con “inexistencia de información” ha ido en aumento. Tan sólo en 2019 alcanzaron más del 20 por ciento del conjunto total de respuestas brindadas por las dependencias federales.

Si se consideran dichas respuestas como un indicador de la capacidad y transparencia del gobierno federal, estas “inexistencias escondidas” invitan a cuestionar la legitimidad del sistema de acceso a la información en México. Como señalan los expertos, la categorización errónea por parte de los sujetos obligados podría ser una medida para no revelar cierta información, incluso cuando debería ser accesible a todos los mexicanos.

Ahora bien, la brecha entre las respuestas “entregadas” y las “inexistencias escondidas” es cada vez mayor en algunas dependencias. Por ejemplo, para 2019 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) reportó como respuestas “entregadas” el 91.6 por ciento del total. Sin embargo, los análisis realizados por este grupo de expertos revelan que en realidad sólo en el 16 por ciento de todas sus respuestas entregó la información requerida.

Así, la estrategia de “inexistencias escondidas” ha incrementado en los últimos años. Por ejemplo, en el periodo de 2015 a 2019 la Secretaría de Salud (SSa) reportó como respuestas por “inexistencia de información” menos del 5 por ciento del total. Pero este estudio evidencia que dicho porcentaje aumenta hasta 26 por ciento si se toman en cuenta también las respuestas insatisfactorias clasificadas como “entregadas”. En esta línea, Serendipia ha realizado múltiples solicitudes de información sobre la campaña de vacunación a esta y otras dependencias. En todos los casos no se ha recibido los datos requeridos.

De 2015 a 2019, las tres dependencias con más cantidad de “inexistencias escondidas” son la Secretaría de la Defensa Nacional (40.8 por ciento), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (40.1 por ciento) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (40.1 por ciento). Le siguen la Secretaría de Marina (33.4 por ciento) y la Presidencia de la República (31.2 por ciento). Todas presentan la misma tendencia: pocas respuestas por “inexistencia de información” reportadas por los sujetos obligados, pero proporciones cada vez mayores de respuestas insatisfactorias registradas como “entregadas”.

El uso creciente de estas “inexistencias escondidas” dificulta el acceso a la información en México porque en ocasiones para las personas es imposible probar que en efecto los datos requeridos existen. Además, dicha práctica también impide al INAI y a otros observadores externos evaluar si los sujetos obligados realmente entregan la información solicitada. Esto le sucedió a Serendipia hace unos meses con una solicitud sobre datos de vacunación COVID desagregados por sexo dirigida a la Secretaría de Bienestar.

Cada vez mayor especialización para realizar las solicitudes, de acuerdo con el estudio

Otro de los aspectos más importantes reportados es una mayor especialización de los usuarios al momento de hacer solicitudes. Esto, denominado como grado de expertise, se mide a través de varios elementos del texto de la solicitud. Por ejemplo, si se emplea un lenguaje legal o técnico. También si se hace referencia a documentos, instituciones, personas o lugares específicos al momento de requerir la información.

En el periodo de estudio (esto es, de 2003 a 2019) el nivel de expertise entre los usuarios ha incrementado. Por ejemplo, la solicitud promedio registrada durante 2019 mostró mayor especialización que el 76.9 por ciento de todas las solicitudes realizadas en 2003. 

Este fenómeno se debe principalmente a dos razones. La primera es que el porcentaje de usuarios profesionales (organizaciones de la sociedad civil, periodistas, entre otros) que realizan estas solicitudes ha ido en aumento. En segundo lugar, porque las personas han optado por simular una mayor especialización como estrategia para asegurar una respuesta completa. De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una de las dependencias que reporta mayor nivel de especialización en las solicitudes que recibe. Mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentra en los últimos sitios en términos de grado de expertise.

El estudio también revela que el tema más abordado en las solicitudes de información es el financiamiento público que incluye presupuestos, gastos e impuestos del gobierno federal. La categoría de ‘adquisiciones’ (relativa a los contratos y licitaciones públicas) ha ido en aumento, mientras que el de ‘necesidades individuales’ (relacionada con asuntos del solicitante como aplicar a programas del gobierno) ha disminuido. Por ejemplo, este último tema pasó de un 13 por ciento del total de solicitudes presentadas en 2003 a menos del 7 por ciento para 2019. Una de sus posibles causas es que los ciudadanos han encontrado otras fuentes en las que pueden consultar esta información sin recurrir a la PNT o al INAI. Serendipia es una prueba de ello.

Aún así, el estudio evidencia que la proporción de solicitudes ha incrementado: durante 2019 se realizaron 200 mil. De hecho, la Ciudad de México es la entidad con mayor cantidad de solicitudes anuales (9 mil 148 por cada cien mil habitantes). Le siguen Baja California Sur, Morelos y Tabasco. Por su parte, la dependencia gubernamental con más solicitudes es el IMSS, pues ha recibido un total de 132 mil 300 durante el periodo de estudio.

Propuestas de políticas públicas para mejorar el acceso a la información en México

De acuerdo con el estudio, las siguientes estrategias podrían implementarse para mejorar el sistema de acceso a la información en México: 

1. Capacitaciones para el personal de las Unidades de Transparencia de las dependencias federales. Esto no sólo tiene como objetivo mejorar los procesos y la entrega de información. También busca la estandarización de las respuestas que en la actualidad todavía presentan una enorme heterogeneidad.
2. Desarrollar sistemas estandarizados que permitan acceder a la información sin presentar solicitudes. La publicación de los datos en plataformas y portales del gobierno no sólo garantiza un acceso equitativo a la información. También reduce la carga de trabajo de las Unidades de Transparencia al no tener que responder una a una cada solicitud que reciben.
3. Fortalecer el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como consultores para acceder a la información. Con esta alternativa se busca que el INAI brinde financiamiento y capacitación a estas OSC para que orienten a los ciudadanos al momento de emitir sus solicitudes de información.

Según el estudio, el sistema de acceso a la información en México ha mejorado con el transcurso de los años. Sin embargo, todavía presenta áreas en las que es necesario invertir recursos para su mejora. Sólo así podrá garantizarse el derecho a la información de todos los ciudadanos del país.