El acoso judicial contra periodistas en México sigue en aumento, utilizando la ley como herramienta para silenciar la crítica y limitar la libertad de expresión, advierte el reporte de Article 19.

El acoso judicial contra periodistas en México ha mostrado un aumento preocupante en los últimos años, evidenciando cómo las estructuras legales pueden ser utilizadas para silenciar la crítica y limitar la libertad de expresión. Según el reporte “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México” de Article 19, tanto las autoridades estatales como federales han implementado mecanismos legales que, en la práctica, funcionan más como herramientas de intimidación que de justicia.

Este fenómeno no solo afecta a los periodistas en su labor cotidiana de informar sobre asuntos de interés público, sino que también genera un efecto inhibidor sobre la sociedad, limitando el acceso a información veraz y relevante. El reporte destaca que las acciones judiciales dirigidas contra comunicadores suelen involucrar litigios prolongados, multas desproporcionadas y solicitudes de eliminación de contenido, muchas veces sin un fundamento sólido que justifique la medida.

El acoso judicial contra periodistas en México es sistemático

El documento de Article 19 identifica varias estrategias que el poder público ha adoptado para ejercer presión sobre la prensa:

• Uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género ( (VPEG): Se ha detectado que tanto autoridades estatales como federales recurren a esta figura legal para presentar demandas contra periodistas y medios, con el objetivo de silenciar críticas incómodas o investigaciones que expongan irregularidades.
• Recursos públicos en litigios: En ocasiones, se han destinado recursos del erario para sostener juicios que persiguen a periodistas, generando un gasto público innecesario y un efecto intimidatorio sobre la labor periodística.
• Medidas cautelares desproporcionadas: Entre estas se incluyen bloqueos de contenido en línea y restricciones que limitan la circulación de información de interés público.

Estos mecanismos, señala el reporte, vulneran directamente los estándares internacionales de libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Article 19 enfatiza que la solución no es simplemente denunciar los casos individuales, sino modificar las estructuras legales que permiten este tipo de acoso.

Según los registros de ARTICLE 19, en apenas siete meses de 2025 ya se superó el número de casos reportados en el año con más incidencias, 2021.

Cada uno de estos incidentes afecta a un periodista o medio de comunicación, obligándolos a invertir no solo recursos legales, sino también esfuerzos en la defensa de su labor frente a la opinión pública.

Ciudadanos y periodistas censurados en 2025

os registros de ARTICLE 19 muestran que en apenas siete meses de 2025 ya se superó el número de casos reportados en 2021, el año con más incidencias históricas. Cada incidente afecta a un periodista o medio de comunicación, obligándolos a invertir no solo recursos legales, sino también esfuerzos en la defensa de su labor frente a la opinión pública. Algunos casos recientes incluyen:

• Karla Estrella en Sonora: La ciudadana fue sancionada por el INE y el TEPJF después de publicar un tuit que cuestionaba un posible nepotismo vinculado a la diputada Diana Karina Barreras. Como consecuencia, interpuso una denuncia por VPEG, pero recibió varias sanciones: multa económica, obligación de disculparse en redes sociales durante 30 días, curso obligatorio sobre violencia de género y registro como infractora en el sistema electoral.
• Jorge Luis González en Campeche: Además de enfrentar denuncias por VPEG, el periodista enfrenta procesos penales por supuesto delito de odio y demandas civiles por daño moral, promovidos por la gobernadora Layda Sansores y la dirección de Comunicación Social. Este caso preocupa particularmente por las medidas cautelares impuestas, incluida la designación de un interventor que revisa sus publicaciones antes de ser publicadas. Cuando los agresores tienen recursos económicos o poder público, pueden iniciar múltiples procesos, convirtiendo cada uno en un mecanismo de desgaste y temor para los periodistas.

El costo de silenciar la prensa

El acoso judicial contra periodistas no solo afecta a los comunicadores, sino que tiene consecuencias más amplias para la sociedad mexicana, dice Article 19. Cuando la prensa es amenazada, disminuye la transparencia, aumentan los riesgos de corrupción y se debilita la rendición de cuentas. Los periodistas, en este contexto, enfrentan decisiones difíciles: autocensurarse, reducir la cobertura de ciertos temas o incluso abandonar la profesión.

Algunas cifras del reporte de Article 19 muestran que la estrategia de acoso judicial ha tenido un efecto significativo en la autocensura:

• Más del 60 por ciento de los periodistas encuestados reportó haber recibido amenazas legales en los últimos cinco años.
• Entre estos, un alto porcentaje declaró haber modificado o eliminado contenidos para evitar litigios.

Estos datos evidencian que la amenaza no siempre se materializa en sentencias; basta con que exista un riesgo percibido para que la libertad de prensa se vea comprometida.

Article 19 concluye que garantizar la libertad de expresión no es solo una obligación del Estado, sino un componente esencial para la salud democrática del país. Cada vez que un periodista es silenciado, la sociedad pierde la oportunidad de informarse, cuestionar y participar en decisiones públicas.

Recomendaciones a distintos poderes y organismos

El reporte ofrece un conjunto de recomendaciones dirigidas a diferentes actores del Estado mexicano para frenar el acoso judicial contra periodistas:

A los poderes ejecutivos estatal y federal:

1. Abstenerse de utilizar la VPEG, así como los aparatos electoral y judicial, para acallar críticas. La tolerancia al escrutinio público debe ser un principio rector.
2. Emitir directrices que prevengan el uso indebido de recursos públicos en litigios contra periodistas.

Al Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales:

• Aplicar con rigor los estándares de libertad de expresión al valorar casos que involucren información sobre temas de interés público.
• Evaluar la proporcionalidad de medidas cautelares según el llamado “test tripartito”, evitando la eliminación de contenido que resulte relevante para la sociedad.
• Mantener y aplicar la jurisprudencia interamericana y nacional construida en los últimos 15 años, que protege la libertad de expresión.

Al Congreso de la Unión y congresos estatales:

• Reformar la legislación sobre VPEG, incorporando excepciones que protejan explícitamente el periodismo y la crítica ciudadana hacia funcionarios públicos o personas con proyección pública.
• Derogar figuras penales contrarias a la libertad de expresión, como los delitos contra el honor, la difamación o los ultrajes, en concordancia con estándares internacionales.
• Introducir mecanismos que limiten el uso abusivo de la ley contra la prensa, como audiencias preliminares o restricciones para funcionarios públicos que presenten demandas injustificadas.

Al INE y al TEPJF:

• Revisar criterios interpretativos para evitar sancionar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión bajo la VPEG.
• Priorizar el análisis contextual y proteger el debate público en sus resoluciones.
• Evaluar la proporcionalidad de medidas cautelares, evitando la eliminación de contenidos de interés público.