A través de un decreto, AMLO expropia 119.7 hectáreas de terrenos para el Tren Maya a cambio de 130 mdp.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decretó la expropiación de terrenos de 119 hectáreas para la construcción del Tramo 7 del Tren Maya.

Este lunes 12 de junio se emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por AMLO por el que se expropian 119.7 hectáreas de tierras ejidales al Gobierno Federal a cambio de 130 millones 509 mil 870 pesos. 

Los terrenos están ubicados en el ejido “Juan Sarabia”, en el municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo y serán utilizados para la construcción del Tramo 7 del Tren Maya que tendrá una extensión de 254 mil 500 kilómetros de Chetumal a Escárcega. 

Los integrantes del comisariado, ejidatarios y posesionarios de estos terrenos fueron notificados en noviembre de 2022 y en marzo de este año se les informó que contaban con 10 días hábiles para manifestar alguna inconformidad, sin embargo el gobierno aseguró que no se realizaron manifestaciones.

Además, de acuerdo con el artículo 97 de la Ley Agraria, el fideicomiso Fondo Nacional del Fomento Ejidal podrá reclamar la reversión parcial o total en el caso de que los bienes expropiados se destinen a un fin distinto al declarado o de que en 5 años no se haya cumplido con el uso público. 

El documento declara que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Tren Maya S.A. de C.V será el encargado de realizar el pago a los ejidatarios. Y una vez realizado el pago, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano podrá ejecutar el decreto antes señalado en el DOF. 

¿Qué se espera del Tren Maya?

En el DOF se describe al proyecto del Tren Maya como el más importante de “infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán”. 

Con este se busca incrementar la economía a través del turismo en la península de Yucatán, así como “crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región”.