Una auditoría de la ASF al INAI revela un presunto daño al erario por 1.5 millones de pesos. Además, hay indicios de extorsión y nepotismo.

Auditorías al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) hechas por la Auditoría Superior de la Federación revelan un posible daño al erario por 1.5 millones de pesos. Además, habría redes de nepotismo y extorsión al interior del instituto.

El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que asegura que “cada recurso ejercido se encuentra apegado al marco normativo vigente” y que las irregularidades serán investigadas y sancionadas. El informe de la ASF corresponde al año 2022, cuando la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena estaba al frente del instituto.

Además, el instituto publicó un comunicado en el que asegura que “el monto pendiente de solventar equivale alrededor del 0.15 por ciento” del gasto erogado en 2022. También destaca que “la auditoría efectuada arrojó 40 resultados: en 29 no se detectaron observaciones; en 4, el INAI proporcionó la información necesaria y fueron solventados antes de la emisión del Informe”.

La ASF publicó, como parte de sus informes de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022, dos auditorías hechas al INAI. Como resultado de la auditoría de gestión financiera, la ASF concluye que diversos gastos y facturas no acreditadas por funcionarios del instituto representarían un presunto daño al erario público por un millón 501 mil 317 pesos.

Además, la auditoría de desempeño concluye que en 2022 el INAI “presentó limitantes para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales“.

1.5 millones de pesos sin comprobar en el INAI

La auditoría de gestión financiera al INAI hecha por la ASF del año 2022 concluye que en ese año el instituto debe aclarar el destino de un millón 501 mil 317 pesos con 88 centavos. Este monto corresponde a los siguientes gastos:

Además de estos gastos no comprobados, la ASF menciona en esta auditoría que aplicó 44 cuestionarios a funcionarios y exfuncionarios del instituto y encontró indicios de redes de extorsión y nepotismo al interior del instituto. De acuerdo con el reporte, fueron identificadas las siguientes conductas:

1. Servidores públicos solicitaron a otros miembros del personal descuentos de entre el 10 por ciento y el 60 por ciento de sus salarios y prestaciones cada quincena para mantener sus puestos. Esta práctica afectó a un número considerable de empleados, llegando a afectar a entre 36 y 50 personas entre 2018 y 2023.
2. Aquellos que se opusieron a estas solicitudes o las denunciaron, se enfrentaron al riesgo de ser despedidos. Varios casos documentados muestran cómo el personal que se negó a continuar con los pagos exigidos fue despedido de sus puestos.
3. Personal que no trabaja directamente en las oficinas del INAI y cuyo trabajo hacen otros servidores del instituto. Esto involucra a al menos cinco personas, según las referencias proporcionadas.
4. Flexibilización de los requisitos de contratación en el INAI, lo que permitió la incorporación de personal que no cumplía con los perfiles de puesto establecidos. Esta situación pone en riesgo la continuidad de servicios profesionales de calidad y la evaluación adecuada del desempeño del personal.
5. Existencia de múltiples casos de servidores públicos que tienen lazos familiares entre sí dentro del INAI, incluyendo padres, hijos, hermanos, primos, tíos y esposos. Sin embargo, no se implementó un mecanismo efectivo para identificar estos vínculos antes de su contratación, lo que podría conducir a conflictos de interés y prácticas de nepotismo.

Auditorías de la ASF al INAI también revelarían obstáculos para el cumplimiento de sus funciones

La auditoría de desempeño al INAI revela deficiencias como la falta de registros completos que garanticen la correcta sustanciación de recursos de revisión e inconformidad, así como de verificaciones y denuncias, lo que indica un incumplimiento del debido proceso. Además, el INAI no demostró haber impuesto medidas adecuadas en los procedimientos de verificación en los que se determinó el incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) por parte de los sujetos regulados.

Otro punto destacado es el exceso injustificado de plazas de mando medio en comparación con el personal operativo, lo que plantea dudas sobre la optimización de su estructura organizativa. Se observaron serias deficiencias en la aplicación de normas específicas en materia de control interno y evaluación de desempeño, lo que podría afectar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

La falta de capacitación adecuada para los servidores públicos del instituto también ha sido resaltada en el informe. Se señala que no se implementaron programas de aprendizaje y desarrollo institucional, no se operó el Servicio Profesional, y hubo incongruencias en la planificación y ejecución del Programa Anual de Capacitación dirigido al personal.

Ante este panorama, se han emitido recomendaciones para mejorar el desempeño del INAI en la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos. Entre estas recomendaciones se encuentra la necesidad de analizar su estructura orgánica, reestructurar su sistema de evaluación de desempeño, fortalecer los mecanismos de control interno y proporcionar la capacitación requerida al personal.