Censura en Campeche: una jueza prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez mencionar a la gobernadora Layda Sansores y ordenó que interventores revisen los contenidos del diario Tribuna antes de su publicación.

La censura en Campeche alcanzó un nuevo nivel esta semana, cuando la jueza Ana Huitz May prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez referirse a la gobernadora Layda Sansores y ordenó que interventores judiciales revisen previamente los contenidos del diario Tribuna, medio en el que González fungió como director durante más de 40 años.

La decisión, inédita en la historia reciente de la libertad de prensa en México, se tomó durante una audiencia celebrada este martes. La jueza argumentó que las medidas buscan proteger la “dignidad” de la mandataria morenista, a quien calificó como “víctima” en el proceso legal.

“No se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la víctima”, afirmó Huitz May, según reportó el periodista Lorenzo Chim en La Jornada.

Un fallo sin precedentes

Entre las medidas cautelares dictadas por la jueza destacan:

• Prohibición absoluta a González Valdez de opinar, escribir o publicar imágenes relacionadas con Layda Sansores.
• Interventores judiciales que deberán revisar y autorizar cualquier contenido del diario Tribuna relacionado con la gobernadora antes de su publicación.
• Supervisión presencial de los interventores cada vez que el periodista participe en programas, conferencias o emita opiniones públicas.

El periodista calificó la decisión como un “ataque directo” a sus garantías individuales y a la libertad de expresión:

“Son medidas excesivas, aberrantes y violatorias de mis derechos como ciudadano y como periodista. Es la confirmación de la censura y del autoritarismo”, declaró González Valdez, de 71 años.

Retroceso tras una victoria legal

La resolución de la jueza llega apenas cuatro días después de que un Tribunal Colegiado federal revocara sanciones previas contra González Valdez. Dichas sanciones incluían:

• Suspensión de su actividad periodística por dos años.
• Pago de una multa de 2 millones de pesos.
• Eliminación del sitio web del diario Tribuna.

En ese momento, el tribunal consideró que las sanciones eran desproporcionadas y vulneraban el derecho a la libertad de expresión. No obstante, la nueva orden judicial reincide en limitar la cobertura crítica mediante mecanismos de control previo.

Censura en Campeche: Reacciones nacionales e internacionales

La decisión generó preocupación en organizaciones defensoras de la libertad de prensa. La Alianza de Medios Mx advirtió que las medidas “instauran una forma de censura previa incompatible con la democracia” y exigió respeto al debido proceso.

En un comunicado, la organización señaló:

“Es inaceptable que se utilicen los tribunales para silenciar voces críticas y condicionar el trabajo periodístico. Este caso evidencia la urgencia de reforzar garantías para que los periodistas mexicanos reporten sin presiones ni represalias”.

Un patrón preocupante

La censura en Campeche se suma a una serie de acciones recientes en México que organizaciones civiles han identificado como intentos de coartar la libertad de expresión:

• Las denuncias contra el periodista Héctor de Mauleón, acusado de violencia política de género por críticas a funcionarios.
• El uso indebido de figuras legales como la “violencia política de género” para inhibir la labor periodística y el debate público.

Analistas advierten que, de consolidarse estos precedentes, cualquier crítica a autoridades podría ser motivo de sanciones similares.

Un precedente peligroso

En este contexto, expertos en derechos humanos recuerdan que los estándares internacionales prohíben la censura previa y establecen que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor nivel de escrutinio.

“El fallo en Campeche es un retroceso para la libertad de prensa y podría abrir la puerta a nuevos abusos de poder”, alertó un integrante de Artículo 19.

Mientras tanto, González Valdez mantiene su postura de resistir legalmente:

“No dejaré de luchar. No por mí, sino por la libertad de todos mis colegas que mañana pueden ser víctimas de esta misma maquinaria judicial”.

Lo que está en juego con la censura en Campeche

La controversia en Campeche plantea preguntas urgentes sobre los límites entre la protección de la dignidad personal y el derecho de la sociedad a estar informada. Organizaciones y periodistas coinciden en que:

• La censura previa contraviene la Constitución mexicana.
• Las medidas judiciales deben ser proporcionales y no deben inhibir el debate público.
• Es necesario un diálogo nacional para proteger tanto los derechos de las víctimas como la libertad de prensa.

En un país donde el ejercicio periodístico ya enfrenta amenazas constantes, la censura en Campeche podría convertirse en un caso emblemático sobre el uso del poder judicial para limitar la crítica.