El Ejército no espía, investiga, aseguró AMLO hoy en su conferencia matutina. El mandatario también dijo confiar plenamente en “los mandos” del Ejército frente a las evidencias de que la SEDENA intervino con Pegasus a un defensor de Derechos Humanos entre 2019 y 2021. Además, criticó a los medios responsables de la investigación diciendo que “es un periodismo que representa al conservadurismo”.

El Ejército no espía, sino que hace operaciones de “investigación”, aseguró el presidente Andres Manuel López Obrador al ser cuestionado en su conferencia matutina sobre el reportaje Ejército Espía, donde a través de las filtraciones de Guacamaya Leaks se demuestra que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), intervino los teléfonos de al menos dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos entre 2019 y 2021. 

“Se tiene que hacer investigación, que no espionaje”. AMLO también dijo que “el gobierno hace investigación” para “no usar la fuerza” y que eso no incurre en ninguna ilegalidad, pese que con dicha investigación se demuestra lo contrario. Según el mandatario su gobierno no espía a nadie, pero sí reconoce que se “investiga” para conocer las “operaciones de la delincuencia organizada”, y que el defensor de derechos humanos del que se investigó, tiene presuntos nexos con grupos delictivos. 

“No es espionaje, es inteligencia” afirmó @lopezobrador_ luego de ser cuestionado que en este sexenio, el Ejército espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con el sistema Pegasus. El presidente dijo que “es mejor usar la inteligencia que la fuerza”. pic.twitter.com/bzByQSrPvs

— Animal Político (@Pajaropolitico) March 10, 2023

Ese defensor es Raymundo Ramos, un activista que ha documentado por más de 20 años violaciones graves a los derechos humanos en el estado de Tamaulipas, e incluso es Presidente del Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Las pruebas de documentos internos de la Sedena revelan que las comunicaciones del activista fueron intervenidas para interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, todo ello, con pleno conocimiento y participación del Alto Mando.

La primera parte de esa investigación, publicada en octubre de 2022, mostró documentos que comprueban que el Ejército adquirió en 2019 un “sistema de monitoreo remoto de información” a Comercializadora Antsua, empresa con derechos exclusivos para vender licencias de Pegasus y realizó pagos por cerca de 140 millones de pesos.

Los medios detrás de este reportaje: Animal Político, Carmen Aristegui y Proceso, mencionan en la publicación que a cinco meses de esa primera revelación, el Ejército ha mentido y ocultado sistemáticamente los contratos con la proveedora de Pegasus, además de negar su participación en los hechos.

Después de esta segunda parte, y con todas las evidencias, las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC publicaron un comunicado en el que condenen el espionaje militar ilegal en contra de Raymundo Ramos y el encubrimiento que la SEDENA ha emprendido, y exigen, entre otras cosas, el cese de inmediato el espionaje militar ilegal que se lleva a cabo desde el Centro Militar de Inteligencia, y que como fue prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de octubre de 2022, “se haga pública toda la información relacionada con las contrataciones entre la SEDENA y Comercializadora Antsua S.A. de C.V. así como respecto de cualquier contratación relacionada a cualquier sistema de intervención de comunicaciones privadas utilizado por la SEDENA”

Hoy queda constatado que AMLO sabe del espionaje que realiza el Ejército pero insiste en llamarlo “investigación” o tareas de “inteligencia”. Esto contrasta con la promesa que hizo cuando asumió el cargo de la presidencia de la República, en diciembre de 2018, cuando dijo que no habría “espionaje a opositores ni a ciudadanos”.

Y estos casos de espionaje no son excepcionales. Serendipia documentó recientemente cómo el Ejército mexicano espía a feministas en el proyecto Lo que no callaron las olas, de COCE. También a través de los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, pudo comprobarse que las fuerzas armadas realizan labores de inteligencia para vigilar (entre otras personas) a mujeres feministas en la Ciudad de México, algunas de ellas, menores de edad (de 16 años) y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Si bien este espionaje no fue a través de Pegasus, da cuenta de la persecución contra civiles por parte de las fuerzas armadas, y de cómo el discurso oficial busca catalogar a estas personas, sin pruebas, como presuntos criminales.  Así como AMLO mencionó que el activista Ramos tiene supuestos vínculos del crimen organizado, a las feministas el Ejército las catalogó como un grupo de riesgo “medio alto”, a la par de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).