La CoVAJ publicó 18 oficios que prueban el espionaje militar antes, durante y después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La revelación es apenas una quinta parte de todos los documentos del Ejército que los padres y madres han exigido que se entreguen.
La Secretaría de Gobernación (Segob) ha revelado en su totalidad 18 documentos que confirman el espionaje militar en el caso Ayotzinapa “en tiempo real”. Los oficios, publicados este martes por la Comisión para la Verdad del caso (CoVAJ), muestran intervenciones de comunicación y reportes de monitoreo castrense sobre los estudiantes normalistas y los grupos delincuenciales partícipes en su desaparición.
Por si fuera poco, la revelación apunta a que el Ejército cuenta con más archivos del caso Ayotzinapa de los que afirma tener. Esta información podría revelar el paradero de 17 de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Tanto los padres y madres como el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) han denunciado desde inicios de año que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a entregar más de 850 documentos.
Los señalamientos de la Segob contrastan con los recientes mensajes de apoyo y protección del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la Sedena y sus generales ante los señalamientos de espionaje y participación en el caso. “Es falso que el Ejército no haya entregado toda la información”, declaró en su conferencia matutina del 20 de septiembre. Esto pese a las evidencias del último informe del GIEI que prueban lo contrario.
Intervenciones en comunicaciones e infiltrados
Los 18 oficios —también conocidos como folios, CRFI o cerfis— fueron emitidos en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala. El CRFI es un organismo de seguridad a cargo de la Sedena.
Los documentos detallan intervenciones en comunicaciones, informes de actividades de grupos delictivos, así como acciones o instrucciones hacia los Órganos de Búsqueda de Información (OBI). Es decir, que personas infiltradas del Ejército debían corroborar, ampliar y/o descartar la información recopilada.
El soldado Julio César López Patolzin, por ejemplo, fungía como OBI en la normal Raúl Isidro Burgos durante 2014. Él es uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Seis de los 18 folios corresponden a fechas previas al 26 de septiembre de 2014; cuatro están fechados el día de la desaparición de los estudiantes y ocho registran sucesos posteriores.
Cinco conclusiones del espionaje militar en el caso Ayotzinapa
El análisis de la CoVAJ sobre los 18 documentos de espionaje militar en el caso Ayotzinapa refuerza cinco planteamientos. Todos señalados en su segundo informe, publicado el 27 de septiembre.
1. La Sedena tenía identificados y hacía seguimiento antes del 26 de septiembre de 2014, “a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos”
2. Se acredita la existencia de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI).
3. Se confirma que López Patolzin realizaba funciones de OBI desde 2009, año en que inicia su relación laboral con el Ejército.
4. Se reitera que “todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo los días 26 y 27 de septiembre de 2014”: Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
5. Se confirma que “El Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo. Además, acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, de las personas implicadas, y de la relación de estas con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron”.
Faltan 850 documentos del espionaje militar en el caso Ayotzinapa
“En éste [adendum] se da respuesta a la solicitud de información que hicieron los padres y madres de los normalistas al presidente de México” declaró en la plataforma X Alejandro Encinas, titular de la Covaj y subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.
El 20 de septiembre de este año, los familiares de los 43 exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se liberaran 868 documentos emitidos por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala. Dichos oficios corresponden al periodo entre abril y octubre de 2014.
“La principal exigencia versa sobre la necesidad de conocer de manera completa la conversación donde un miembro del grupo criminal “Guerreros Unidos” de nombre Gildardo López Astudillo, instruye al Subdirector de la Policía Municipal de Iguala le haga entrega de 17 estudiantes en un lugar determinado”, explicaron los padres y madres al mandatario.
Sin embargo, la CoVAJ declaró en su adendum que sólo identificó 18 folios de los más de 800 que pidieron, de tal forma que las revelaciones de la CoVAJ apenas representan una quinta parte de los documentos que pudieran contener pistas claves.
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